Bankia y el elefante de la comisión

En julio de 2011, Bankia, un banco que estaba quebrado, salió a Bolsa. O, mejor dicho: una fusión de cajas politizadas controladas por dirigentes del PP como Rodrigo Rato o José Luis Olivas salió a Bolsa. El conjunto de estas cajas estaba quebrado y los datos contables del folleto de emisión no lo reflejaban. Según dos sentencias del Pleno de la Sala I del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, ambas por unanimidad, el folleto de emisión contenía "graves inexactitudes". Esto es un resumen del núcleo del asunto de Bankia en el voto particular de Ciudadanos.

A partir de aquí, usted se preguntará si toda la responsabilidad es de los directivos que el PP colocó en Caja Madrid y Bancaja, encabezados por Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno con el PP; y José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat Valenciana con el mismo partido. Y, en segundo lugar, usted se preguntará cómo es posible que un banco derivado de la fusión de varias cajas quebradas pudiese salir a Bolsa.

La respuesta a ambas preguntas la dio el actual vicepresidente del Banco Central Europeo y entonces ministro de Economía en el Congreso de los Diputados, el 10 de diciembre de 2014, respondiendo al entonces portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura:

"Usted sabe que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado. Por mucho que la dirección de Bankia se hubiera empeñado en salir a Bolsa, esta operación nunca se hubiera producido -reitero, nunca se hubiera producido- sin el visto bueno del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así pues, señoría, si usted quiere trasparencia e investigación empiece por preguntar al Gobierno anterior y a los entonces responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; todos ellos nombrados por el Gobierno socialista".

Los hechos son que fundamentalmente pequeños inversores pagaron 3.085 millones de euros por el 47,6% de las acciones de Bankia, valorando este banco en unos 6.000 millones de euros. Unos meses después hubo que inyectar en BFA-Bankia 22.424 millones de euros para evitar la quiebra desordenada del banco. Finalmente, en el grupo BFA-Bankia-BMN se han inyectado 24.069 millones de euros, mientras que la participación del Estado se le estima un valor de 9.857 millones de euros (últimos datos del Banco de España).

Obviamente, si Caja Madrid y Bancaja hubiesen estado saneadas en la fusión que dio lugar al grupo BFA-Bankia en 2011, Bankia no hubiese estado quebrada. Esto quiere decir que la gestión politizada del PP en ambas entidades fue desastrosa, o si lo prefieren, por ser suave, tuvo resultados desastrosos. Por otra parte, si la contabilidad hubiese reflejado la imagen fiel de la situación patrimonial, financiera y los resultados de Bankia, nadie hubiese acudido a la compra de acciones. Y la contabilidad no reflejaba una situación patrimonial crítica como para tener que aportar más de 22.000 millones de euros unos meses después. Es posible que una cantidad inferior hubiese bastado, pero esa cantidad hubiera ascendido a muchos miles de millones de euros.

En cualquier caso, era dinero que España no tenía, dadas las gravísimas dificultades que atravesaba el Estado para financiarse en los mercados. Precisamente, el rescate de Bankia fue el detonante del rescate financiero de España, materializado en el famoso Memorándum de Entendimiento o MOU (BOE de 10/12/2012). Este rescate fue denominado por Mariano Rajoy como "préstamo en condiciones favorables", pero ha condicionado la política económica española durante toda la crisis.

Y la prueba de que el dinero inyectado en Bankia era imprescindible es que no lo hemos recuperado. Si los activos de Bankia hubiesen valido lo que los balances decían que valían, entonces se hubiese recuperado todo el dinero del rescate porque al cobrarse los créditos y venderse los activos inmobiliarios, Bankia hubiese tenido unos beneficios extraordinarios. La alternativa es que la gestión de José Ignacio Goirigolzarri y su equipo haya sido un desastre.

Pero esto no es real y, de hecho, el caso de Goirigolzarri es casi el único caso de un presidente de una empresa controlada por el Estado que el ex consejero general de Caja Madrid, y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha destituido. Y mantener el equipo directivo de Bankia, por excepción, sí ha sido una buena decisión del Gobierno socialista.

En la comisión de investigación del Congreso no ha habido un relato alternativo a la sucesión de hechos y conclusiones de Ciudadanos que he resumido en este artículo. De hecho, todas las conclusiones relativas a Bankia fueron planteadas por Ciudadanos y la mayoría fueron rechazadas. De hecho, las que fueron aprobadas, lo fueron porque todos los demás grupos no se atrevieron a votar en contra y se limitaron a abstenerse.

Ciudadanos votó en contra del dictamen de la comisión porque los dirigentes del PP, PSOE y en cierta medida, y sorprendentemente, de Podemos, no quisieron admitir ninguna responsabilidad de los políticos que dirigieron las cajas de ahorro que quebraron. No fue ninguna sorpresa, pues para Ciudadanos no era más que otro pacto de silencio y encubrimiento, como lo fue el fallido pacto Casado-Sánchez-Iglesias de reparto del CGPJ.

En el caso Bankia, además, ni el PSOE, ni Podemos ni el PP, estuvieron dispuestos a admitir las conclusiones de Guindos: que la salida a Bolsa fue una operación de Estado del Gobierno del PSOE, en la que desde el Gobierno socialista se "forzaron voluntades" y en la que ese Gobierno hizo que los supervisores miraran hacia otro lado: al final pagaron los inversores engañados, aunque muchos fueron indemnizados por la justicia, lo que significó que al final pagamos todos.

Como esta operación de Estado llevó al rescate de España, y como no se puede admitir que se saque a Bolsa un banco quebrado, o cuyos activos no valen lo que dicen los libros, ésta es una discrepancia fundamental con el informe. Y si no existe ninguna confianza en la contabilidad de las grandes empresas cotizadas y supervisadas, los riesgos de que cualquier futura crisis se agrave serán mucho mayores. Por esa razón, el grupo de Ciudadanos votó en contra de un dictamen que en un tema esencial no sólo debía haber sido más duro, es que simplemente debió haber dado alguna respuesta, como da nuestro voto particular. Creemos que los españoles lo merecían.

Francisco de la Torre es diputado y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de investigación de la crisis financiera.

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