En 2009, con el impulso del G20 y la adopción de las normas desarrolladas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el conjunto de los centros financieros mundiales se comprometieron a acabar con el secreto bancario a efectos fiscales. En el contexto excepcional de la profunda crisis financiera, presupuestaria, política y social que estamos atravesando, ya no tienen cabida ni la tolerancia al fraude fiscal, ilegal ni la planificación fiscal agresiva que, si bien se encuentra dentro de la legalidad, es inaceptable.
Aunque todavía quede mucho por hacer, las exigencias mediáticas de la actualidad no deben ocultar los notables progresos realizados hasta la fecha. No hemos esperado las últimas revelaciones de Offshore Leaks para llevar a cabo un trabajo de fondo en este ámbito.
Todos los centros financieros del mundo que, bajo presión, se habían comprometido a terminar con el secreto bancario, han cumplido efectivamente su palabra. Más allá de las famosas “listas de la OCDE” publicadas en 2009, las leyes de todos los países implicados han pasado por el sistema de criba y escrutinio de la OCDE.Los 120 miembros de nuestro Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información son evaluados basándose en criterios precisos y exigentes. Los progresos son notables: en la actualidad, todos los países, cuando reciben una solicitud de otro país, aceptan intercambiar información bancaria; desde 2009 se han firmado casi mil acuerdos bilaterales para intercambiar este tipo de información; y numerosos regímenes opacos han sido desmantelados.
Pero aún deben producirse importantes progresos, y centenares de recomendaciones ya han sido formuladas por el Foro Global. Algunos países como Liechtenstein, cuya legislación fue considerada insuficiente, han cambiado sus leyes para responder a estas exigencias. Otros han sido invitados a acelerar sus reformas como requisito previo para un examen más exhaustivo. Porque, en definitiva, el Foro Global examina la práctica efectiva del intercambio de información y cada país recibirá una calificación global evaluando su comportamiento. Una primera serie de 50 calificaciones estará disponible este otoño para permitir identificar claramente quién respeta las reglas y quién no.
Sin embargo, un número creciente de Estados, como en el caso de Singapur y Luxemburgo, consideran que conviene ir todavía más lejos en el salto cualitativo de transparencia que ha constituido el intercambio de información bancaria a solicitud. Ahora se trata de pasar al intercambio automático de información. El G20 ha decidido ser ejemplar en este ámbito con un llamamiento a todas las jurisdicciones para que adopten el intercambio automático, que se convertiría en el nuevo estándar global. Por su parte, el G8 nos ha pedido que implementemos una plataforma en la que los Estados puedan intercambiar información automáticamente de forma segura y eficaz. Con el fin de aplicar las nuevas exigencias de Estados Unidos en el marco de la denominada ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), varios países, entre ellos Suiza, han firmado acuerdos en los que se prevé un intercambio más profundo. Además, 17 países de la Unión Europea acaban de comprometerse a elaborar un proyecto piloto para establecer entre ellos un intercambio similar al propuesto por la FATCA. Nos corresponde garantizar la eficacia de estos acuerdos y su acceso, que haremos en estrecha coordinación con la Unión Europea. En junio presentaré al G8 los elementos clave para establecer un estándar único y global sobre el intercambio automático de información bancaria.
Numerosos países como Arabia Saudí, Austria, Belice, Luxemburgo o Singapur firmarán el Convenio Multilateral de la OCDE sobre Asistencia Administrativa en Materia Tributaria pasado mañana, 29 de mayo, durante nuestra reunión Ministerial anual. En este Convenio se establecen todas las formas de intercambio de información e incluso la asistencia en el cobro de deudas fiscales. Dentro de poco, más de 60 países habrán suscrito lo que está en vías de convertirse en el instrumento de referencia para un mundo más transparente en el que ya no será posible ocultar fortunas o ingresos para evadir el pago de impuestos.
Además del escándalo que constituye el fraude fiscal, no podemos seguir tolerando la planificación fiscal agresiva, que es objeto de una condena masiva por parte de la opinión pública y la clase política en todo el mundo. Dado que esta lacra mundial no la puede frenar solo un país, se requiere una acción colectiva y coordinada a nivel internacional.
Es más, el G20 nos ha instado a revisar y reforzar las normas de fiscalidad internacional para poner en pie de igualdad a las PYMEs y las multinacionales. El combate contra la erosión de las bases fiscales y la deslocalización de beneficios a través de la planificación agresiva se ha convertido en una prioridad global. La confianza de los contribuyentes en la eficacia y la justicia de sus sistemas fiscales nos va en ello. Si bien hay que mantener la lucha contra la doble imposición de las inversiones internacionales para asegurar el crecimiento y el empleo, es igualmente imprescindible luchar contra otro escándalo: la “doble no imposición” y las localizaciones de beneficios en jurisdicciones sin impuestos en las que no se realiza ninguna actividad real. En julio presentaré en el G20 un Plan de Acción para acabar con estas prácticas.
La imposición fiscal es una de las piedras angulares del contrato social entre la ciudadanía y el Estado, en quien recae la responsabilidad de velar para que esta recaudación sea adecuada y justa. Una cooperación insuficiente entre los Estados y el retraso en la adaptación de nuestras normas de fiscalidad internacional a la globalización de la economía y de las empresas es lo que nos hace encontrarnos en estra encrucijada. Si queremos restaurar la confianza de nuestros ciudadanos y de nuestros contribuyentes, no tenemos otra alternativa que ganar la lucha por la transparencia y el establecimiento de normas mundiales justas.
Angel Gurría es secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.