Desde las elecciones del 23 de julio, el juego del PSOE ha consistido en ganar tiempo y, mientras tanto, no perder ningún espacio para la manipulación y la mentira. Por eso «estaban abiertas todas las posibilidades», menos la única opción verdadera que era dejar gobernar al ganador de las elecciones, Núñez Feijóo, con el apoyo de los partidos confluentes en su mayoría natural: 137+33+1+1=172 escaños (a 4 de la mayoría absoluta). Sin embargo, después de cuestionar la soberanía nacional, la monarquía y las reglas del juego democrático, a la hora del acatamiento de la Constitución para constituir las Cortes, y después de alterar la correlación de fuerzas políticas representadas, al constituir los grupos parlamentarios, ahora, el PSOE apela a esa misma correlación de fuerzas por ellos mismos pisoteada, para impugnar en amparo ante el TC, sin ningún motivo legal, el recuento del voto en el exterior, tan sólo porque necesitan otro escaño más para profundizar en el desgobierno «sanchista»: la opacidad, la corrupción, la ingeniería social, la desigualdad y la deconstrucción de España.
Ese escaño recurrido sin motivo ante el TC se manifiesta ahora como crucial. Porque, si el TC se lo concede al PSOE arbitrariamente, Sánchez podría ser investido, en segunda vuelta, con 172 escaños, incluidos los 5 diputados del PNV. Pues el PSOE (con 122, en ese caso) seguiría aún lejos del PP (que pasaría a 136), pero cuenta con Sumar (31), el Bloque gallego (1), los Bildu etarras (6) y Esquerra RC (7), es decir, con los comunistas y los separatistas republicanos. Entonces, la derecha dejaría de tener 172 escaños y pasaría a tener uno mensos, 171, con lo cual, esa correlación de fuerzas se invertiría por completo, si el TC le quita ese escaño al PP. Y esta sería una deriva peligrosa, por golpista y tramposa. Pero atractiva para el PSOE, que se vería libre de las críticas que suscita su pretendido pacto con Junts, sobre todo, en lo relativo a la inconstitucional amnistía que pretenden los catalanes.
Al parecer, al prófugo del flequillo empiezan a crecerle los enanos y el PSOE ahora parece que no está tan dispuesto a la amnistía, o eso ha dicho recientemente, tal vez, con la boca pequeña, a expensas de otras cosas... Junts no va a apoyar una investidura sin nada a cambio tan sustancial, como esa pretendida amnistía, y sus 7 diputados tendrían que tener algo que decir, frente a esa especie de plan Ibarretxe II que no les sabe nada bien, como tampoco a los de ERC, pues dicen querer la independencia sin ambages… Con independencia del suicidio político del PNV frente a sus electores, si apoya abiertamente la investidura de Sánchez, su nuevo plan de convención constitucional ha sido alabado por el Gobierno en funciones, porque es su argumento principal para contar con esos 5 votos que le permiten superar por 1 a la derecha, TC mediante. Aunque esto sería en el peor de los casos, porque esa intervención del TC sería algo evidentemente contraproducente y nada recomendable para el buen nombre de España en la Unión Europea y en el resto del mundo. O si no, esos 5 votos del PNV, sin la ayuda del TC, no servirían para superar a la derecha que seguiría teniendo 1 voto más.
Ante una investidura tan ajustada, parece necesario asegurar la abstención de Junts, pues, de lo contrario, si votan al PSOE se encaminan a su desaparición política, porque sus bases no se lo perdonarán nunca. Y entonces, habría que preguntar si ¿es o no necesario hablar con Junts? Aparte de que las bases del PNV también podrían pedirles todavía a sus diputados que no voten a Sánchez y se abstengan, en cuyo caso, Feijóo sería investido presidente del Gobierno directamente, con algo más de holgura. La derecha debe aspirar a todo con realismo, menos rendirse. Cuando el adversario no es de fiar, no cabe contar con él. Las únicas líneas rojas deben seguir siendo no hacer trampas, ni tampoco vender nuestra España constitucional que es de todos, o de una gran mayoría, al menos. El objetivo debe ser servir a España, en beneficio de todos.
Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid.