La reciente visita de funcionarios estadounidenses a Caracas ha generado importantes debates sobre lo que significa este evento en el marco de la respuesta internacional a la crisis de Venezuela. Actores internacionales interesados en Venezuela, incluidos los Gobiernos de Estados Unidos, Europa y América Latina, pueden aprovechar esta oportunidad para romper con una estrategia fallida de “máxima presión” y promover una transición democrática negociada.
El 5 de marzo, por lo menos tres diplomáticos estadounidenses viajaron a Caracas para reunirse con el Gobierno de facto de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. También se reunieron con miembros de la oposición venezolana, entre ellos el jefe de la delegación opositora a las negociaciones que comenzaron el año pasado en la Ciudad de México, Gerardo Blyde.
De lo que se habló en esas conversaciones no está del todo claro, pero en los días siguientes, algunos logros importantes fueron anunciados. El primero y más público es que el Gobierno venezolano liberó a dos ciudadanos estadounidenses que llevaban años detenidos: Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández. En segundo lugar, el Gobierno de Maduro también ha anunciado que está dispuesto a volver a las negociaciones. Por primera vez desde que abandonó la mesa de negociación en octubre de 2021, Maduro parece no seguir insistiendo en la liberación del presunto lavador de dinero colombiano, Alex Saab, como condición para renovar el diálogo.
Estos primeros acuerdos no son menores, y la propia visita a Venezuela demuestra un cambio notable en la estrategia de la Casa Blanca. Sin embargo, las primeras versiones que afirmaban que esto sencillamente se trataba de un intento de obtener acceso inmediato al petróleo venezolano fueron incompletas. Si bien la Administración del presidente Joe Biden ha dejado claro que se discutió con Maduro la posible modificación de algunas sanciones, también ha insistido en que no habrá cambios significativos en su política de sanciones a menos que haya avances importantes en el contexto de las negociaciones con la oposición. La Administración Biden afirma que, en su reunión con Maduro, los diplomáticos estadounidenses “resaltaron lo que sería posible en términos de alivio de la presión internacional en caso de que las negociaciones produzcan resultados ambiciosos, concretos e irreversibles”.
Esto no debe ser interpretado como que Estados Unidos está abandonando sus esfuerzos para promover negociaciones que puedan revertir el deterioro democrático de Venezuela. La administración Biden está tratando de canalizar la presión sobre Maduro hacia acuerdos que puedan incentivar reformas. Después de años de una estrategia bajo el Gobierno del presidente Donald Trump que intentó utilizar sanciones financieras y petroleras y fracasó, así como amenazas de una supuesta “opción militar”, para promover el colapso del Gobierno de Maduro, la Casa Blanca ahora está persiguiendo objetivos más realistas que puedan facilitar una apertura democrática gradual.
Este contacto diplomático, sin duda, tendrá repercusiones dentro de la oposición venezolana. Según algunas fuentes, el Gobierno interino de Juan Guaidó no sabía del viaje hasta el último minuto. Sin embargo, el hecho de que los diplomáticos estadounidenses se hayan reunido con el principal negociador de la oposición, Gerardo Blyde, sugiere que siguen interesados en apoyar sus demandas en una mesa de negociación.
Es comprensible que algunos en el Gobierno interino se sientan amenazados por la comunicación entre Washington y Caracas. Para un conjunto de actores políticos que se identifica como el Gobierno legítimo de Venezuela, esta visita representa un reconocimiento tácito de que no tienen el control del territorio. Pero esta realidad no es nueva para los millones de venezolanos que hoy viven y sufren dentro de un país que no tiene una oposición coordinada ante su realidad autoritaria. Por eso, en vez de ver la posible reactivación de las negociaciones como una amenaza, la oposición debería ver esto como una oportunidad de poder recuperar relevancia con una población que ha perdido la fe en su clase política.
Esta reorientación es audaz y arriesgada. Para que tenga éxito, también requiere coordinación multilateral con otros Gobiernos de Europa y América Latina. En espacios internacionales relevantes como Naciones Unidas, o el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, estos Gobiernos deben tener claro dos objetivos: lograr la reactivación de las conversaciones iniciadas y la aplicación de lo ya acordado entre Maduro y la oposición en la Ciudad de México en 2021, y que estas negociaciones produzcan reformas sustanciales que puedan conducir al respeto de los derechos humanos de la población venezolana, incluyendo sus derechos democráticos.
Sin embargo, sobre la naturaleza de las negociaciones futuras, todavía hay incertidumbre. Si bien el Gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana han tratado de reanudar las conversaciones en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en agosto de 2021 en la Ciudad de México, hasta ahora Maduro ha evitado dar detalles sobre los términos en que está dispuesto a regresar a la mesa de diálogo. En un discurso del 7 de marzo, el mandatario anunció que volvería a un “proceso de diálogo nacional”, pero también habló sobre un “reformateo”, diciendo: “Vamos hacia un proceso más inclusivo, más amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos que quieren echar adelante nuestro país”. Esto parece ser un intento de tratar de incorporar a otros actores de la oposición percibidos como menos férreos en contra del Gobierno de Maduro.
Al apoyar futuras negociaciones, los países preocupados por la democracia en Venezuela deben enviar un mensaje coherente y coordinado. Cualquier “reformateo” de estas negociaciones debe buscar dar mayor voz a la sociedad civil y las víctimas, y no servir como excusa para permitir que el Gobierno evite cuestiones fundamentales de justicia y derechos humanos.
Toda negociación futura debe tener en cuenta las recomendaciones de reforma judicial de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, así como sus recomendaciones de que el Gobierno lleve a cabo investigaciones y juicios contra funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad. Otro conjunto de recomendaciones importantes la hizo la reciente Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Hasta la fecha, el Gobierno de Maduro no ha mostrado interés en implementar estas reformas, ni en investigar la cadena de mando de las fuerzas de seguridad involucradas en casos paradigmáticos.
En otras palabras, la comunidad internacional no debe apoyar el diálogo simplemente por hablar. El objetivo fundamental no debe ser normalizar las relaciones con un Gobierno autoritario, sino crear oportunidades dinámicas para la restauración de la democracia. Esta es una oportunidad, pero solo si va acompañada de una clara coordinación multilateral que priorice los derechos democráticos.
Geoff Ramsey es director para Venezuela del Washington Office on Latin America (WOLA). David Smilde es asesor principal de WOLA con especialización en Venezuela.