Un conocido director madrileño decía ayer en su vídeo que una gran potencia industrial ha sido humillada por la torpeza de su Gobierno. Es una tesis errónea. ¿Qué lectura debe hacerse del Alakrana?
La principal es la del editorial de ayer de este diario: «Bien está lo que bien acaba». Y el Alakrana ha finalizado sin ninguna víctima mortal (ayer mismo murió el capitán de un barco con bandera de Singapur) y todos los marineros están libres.
La segunda es que el final es correcto. Ha habido cesiones, claro. Las mismas de otros países que ayudan (España no es una excepción) al pago del rescate. Porque, secuestrado un barco, los países europeos prefieren ceder al chantaje que arriesgar la vida de los tripulantes. Cuando las potencias dejan el Índico a los corsarios (en lo que España, como Francia o Estados Unidos, tiene su cuota parte de culpa), ningún Gobierno acepta que la vida de sus ciudadanos evite un rescate que, en último término, pagan las aseguradoras.
Pero parece que el Gobierno incluso admitía una condena rápida que llevara a soltar a los dos piratas, ya fuera por expulsión (si la pena era inferior a seis años) o por indulto (si era superior). Supongo que en una negociación compleja con gente nada fiable se creyó que podía ser una condición sine qua non. El Gobierno aseguró que los piratas solo querían dinero y el final parece demostrarlo. ¿Pero era aceptable negociar la libertad de dos piratas, como puede acreditar la prisa que la Fiscalía y el juez Pedraz se han dado en cerrar la instrucción?
El primer deber del Estado de derecho es proteger la vida de sus ciudadanos. Y si hay que elegir entre 36 vidas o alimentar y dar vivienda gratis durante 20 años a dos piratas, la opción parece clara. La quiebra del orden jurídico se produce cuando, en pleno siglo XXI, los estados democráticos dejan sin protección un océano. El derecho reconoce que en estado de necesidad proteger un bien jurídico puede vulnerar otro menos principal. Y, para las democracias modernas, la vida humana es el bien fundamental.
La tercera conclusión es que el Estado democrático español ha avanzado mucho, pero que, como algunos adolescentes, está descompensado. Se ha estirado mucho pero mantiene cierto infantilismo. Tenemos carencias.
Una es del Gobierno, que en crisis tiene la última palabra. La Armada hizo bien en apresar a los dos piratas. ¿Pero no era mejor retrasar el traslado a España para que ayudara a solucionar el caso en vez de complicarlo? Si la respuesta es no, la consecuencia –absurda– sería que la Armada no debe detener nunca a ningún pirata.
El Gobierno no ha estado fino en la interpretación puntillista de la ley. Pero la sociedad tampoco hubiera permitido otra. La prueba es la estúpida peregrinación del pirata menor por varios centros (pagados con nuestros impuestos) para saber si era un menor auténtico. Una cosa es respetar la ley, que también se hace a favor de los intereses de los ciudadanos, y otra, enviar el problema a la Audiencia Nacional (AN), un tribunal muy especial. ¿Es lógico que, mientras Obama discute con Hu Jintao de armas nucleares, cambio climático y salida de la crisis, un juez de la AN de Madrid (capital del mundo) quiera procesar al presidente chino? ¿En esas manos pone el Gobierno las vidas de los marineros gallegos y vascos? ¿Es admisible que, ante una crisis de esta magnitud, Gobierno, poder judicial y oposición no logren una inteligencia discreta? ¿Los pagamos para que saquen pecho y defiendan solo intereses electorales o competencias jurídicas?
Tampoco es normal que el primer partido de la oposición (el único que puede sustituir al Gobierno) no colabore. ¿Debe restregar todas las desgracias para hundir al Gobierno? En las democracias, la oposición tiene que controlar y denunciar. ¿También hacer de termita del Estado? ¿Con el GAL, la negociación con ETA (cuando no la hace Aznar), el Alakrana? No, pero la pretensión de la vicepresidenta de que no critique su extraño viaje a Argentina tampoco es racional.
¿Y los medios de comunicación? Están para informar y no para pensar (excepto en el editorial) si la noticia conviene. Pero trasladar la presión de los piratas a la opinión pública, a través de la voz de los secuestrados, cuando los piratas quieren, ¿es informar?
Son preguntas complejas de respuesta no fácil. Pero ni el Gobierno ni el poder judicial ni el PP ni los medios parecen comprender lo que es el sentido de Estado. La ausencia, casi eterna, de Estado democrático nos lleva a la falta de un instinto de supervivencia que otros países, con más tradición democrática, se toman muy en serio. Ahora, el primer diario, el primer partido de la oposición y el Gobierno dicen que es el momento de explicarlo todo. ¿Están seguros? Preferiría que explicaran poco, reflexionaran mucho, aprendieran algo y dijeran menos tópicos.
Ejemplo: el Gobierno repite que no pueden embarcar militares porque lo prohíbe la ley. No lo sé, y desde luego los pesqueros (al revés que el Alakrana) no deben salir de la zona protegida. Pero las leyes cambian. ¿Por qué no discutirlo?
Joan Tapia, periodista.