¡Bien por Catalunya!

¡Eppur si muove! Pese a una legislación insatisfactoria, autoridades recalcitrantes y una derecha que no solo se niega a reconocer pasadas complicidades con el mal absoluto que es el fascismo, sino que se rebaja alegando que existe en la España de hoy una política de «reabrir» heridas y sembrar cizaña, la justicia se va imponiendo. Estamos en presencia de un movimiento a favor de la memoria histórica que cobra cada día nuevos bríos en todo el país.

La gran noticia es la ley de fosas catalana, aprobada por el Parlament el 17 de junio pasado, con el voto en contra, ¡cómo no!, del Partido Popular (además de la abstención del Grupo Mixto). Se trata de una iniciativa inédita dentro del panorama español actual. Catalunya se convierte con ella en la primera Administración que, ante la tibieza de Madrid, ampara formalmente el derecho de los familiares de los desaparecidos de la guerra y de la dictadura a acceder a la información que necesitan, tan habitualmente escamoteada, y, en su caso, conseguir la exhumación de sus seres queridos. Con financiación pública. Es admirable.

La mesura y el buen sentido del conseller de Interior en el momento de presentar la ley me ha llamado la atención. Joan Saura, es verdad, suele encarnar cabalmente, como en esta ocasión, el mítico seny catalán. Explicó que la norma no distingue entre los distintos bandos de la contienda. «Todas las víctimas son dignas –manifestó– y merecen nuestra consideración». A su juicio, no tenía justificación, pues, el rechazo del PP. Muy positivo, en cambio, le parecía el apoyo de CiU, capaz de entender que la intención de la ley es ayudar a todas las familias de las víctimas deseosas de localizar y recuperar los restos de los suyos.

Pero sí tenía justificación la oposición del PP, si bien encubierta. Los del régimen anterior gozaron de 40 años para buscar a sus muertos y asesinados. Y lo hicieron a conciencia, con todos los apoyos oficiales necesarios. Lo que no quieren sus sucesores, aunque lo nieguen, es que los familiares de los vencidos tengan las mismas posibilidades. Y ello porque saben de sobra –y prefieren que no lo sepa el resto del mundo– que tal fue la dimensión de la represión franquista que cabe denominar esta de genocidio. He aquí la inconfesable agenda secreta del PP en relación con los desaparecidos.

Saura no dejó de aludir a la situación que respecto a las fosas impera en el resto del Estado, donde, a raíz de la inhibición de Garzón, las administraciones se van pasando unas a otras la patata caliente, «y la decisión acaba en manos de los jueces, haciendo todavía más penosa la travesía de las familias». Tenía toda la razón, una vez más, el conseller. La «travesía» de las familias de las víctimas –travesía larga, larguísima– ha sido y sigue siendo uno de los capítulos más sombríos de la historia de la democracia española. Y eso que han pasado más de 30 años desde el final de la dictadura.

Catalunya, pues, ha dado luz verde a la investigación oficial de las fosas de la guerra en el territorio que le incumbe (se ha elaborado ya un mapa con 179 de ellas) y, cuando procede, a las exhumaciones. Entretanto, apenas hay día en que la prensa española no aporte información sobre las iniciativas de las asociaciones privadas que están trabajando en el mismo sentido en otras comunidades.

El próximo paso va a ser el fallo del Tribunal Supremo ante la cuestión de competencia que le elevara Garzón el pasado 25 de junio (de acuerdo con el artículo 759 de la ley de enjuiciamiento criminal) sobre el tan debatido asunto de la fosa de Lorca. La titular del Juzgado número 3 de Granada, receptora de la causa al inhibirse Garzón, la ha rechazado, alegando, con la misma argumentación utilizada inicialmente por el famoso magistrado, que es competencia de la Audiencia Nacional. ¿Qué decidirá el Supremo? A la vista de su admisión de la querella contra Garzón por prevaricación, procedente del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, parece lógico que ratifique la competencia del juzgado granadino. Lo sabremos pronto. Es imprescindible, de todas maneras, que se resuelva cuanto antes este asunto, tratándose como se trata del desaparecido más famoso de la guerra civil. El hallazgo de los restos del gran poeta y dramaturgo será un acontecimiento de resonancia mundial y constituirá, además, un estímulo masivo para seguir buscando a las otras víctimas del holocausto español.

Se habla mucho estos días de energía nuclear y de la decisión tomada por el Gobierno de cerrar la central de Garoña en el 2013. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se ha propuesto blindar tal iniciativa para que, en la eventualidad de un triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales, no se pueda dar marcha atrás. Para la apertura de las fosas del franquismo no cabe tal blindaje, y la vuelta de los populares en 2012 significaría, sin duda, una seria amenaza para las exhumaciones todavía en curso o sin empezar. Razón de más, y de peso, para acelerar todo lo posible durante la actual legislatura la resolución de una cuestión de tan enorme calado para la reconciliación –y el futuro– de este país.

Ian Gibson, escritor.