El pasado jueves 17 de agosto era un día señalado para la izquierda abertzale. Salía de cárcel Rafael Díez Usabiaga, a quienes Arnaldo Otegi y sus secuaces pretenden entronizar como nuevo mártir y renacido líder. Durante días anunciaron su excarcelación haciendo las habituales omisiones de su currículo: su militancia en el brazo político de ETA con las siglas de la ilegalizada Herri Batasuna, su condena por colaboración con organización terrorista por tratar de reconstruir la formación política a las órdenes de ETA y su falta de condena del terrorismo y de los más de 800 asesinatos perpetrados por la banda.
La tarde del jueves iba a ser, como decía, la de su subida a los altares: le esperaba un homenaje multitudinario en Lasarte con banderas, aplausos y vítores previsto para las siete y media. Poco antes saltó la noticia del atentado en La Rambla. El terrorismo había vuelto a actuar en nuestro país y todos nos conmocionamos. Bueno, casi todos. A la misma hora que se confirmaban las primeras víctimas del ataque yihadista, una multitud recibió con honores a Díez Usabiaga, o lo que es lo mismo, a un condenado por terrorismo.
Desde entonces, el perfil de EH Bildu ha sido más que discreto. Su hombre paz, Arnaldo Otegi, apenas escribió en su otrora activa cuenta de Twitter lo "preocupante" de las "noticias" que le llegaban de Barcelona, sin que haya vuelto a hacer más referencia a los atentados. Su formación ha mostrado su "apoyo y solidaridad" con las víctimas e imagino que estará agradeciendo la escasa atención que los medios han mostrado a su ausencia en la reunión del lunes del Pacto Antiyihadista. Sí, ausencia, porque no es que asistieran como observadores, sino que se convirtieron en la única formación política con representación en el Congreso de los Diputados que no secundó la reunión de urgencia.
Imaginen por un momento que existe en España un partido político legal y con representación parlamentaria que se niega a condenar los atentados de Cataluña y mucho menos a emplear la palabra terrorismo. Imaginen que ese partido considera que los yihadistas de Ripoll son, en realidad, gudaris, combatientes que usan la violencia para lograr sus objetivos. Imaginen que ese mismo partido critica que los Mossos hayan detenido a cuatro yihadistas porque ese no es "el camino hacia la paz" y acusa al Estado de "intransigente". Imaginen que cuando los yihadistas sean puestos en libertad, son recibidos con honores por el único mérito de ser terroristas. E imaginen que los terroristas abatidos son enterrados envueltos en banderas del Daesh y los Mossos, acusados de asesinato.
Todo ello ha ocurrido y ocurre en nuestro país. La amenaza de la radicalización violenta no sólo tiene el signo yihadista, sino también el del entorno político y social de ETA. Sus líderes, además, se sirven del escaparate institucional que le concede la democracia que quisieron subvertir a base de bombas. El País Vasco y Navarra son ollas a presión en las que se honra a los terroristas en las calles día sí, día también, sin que nadie pueda asegurar que la válvula no vaya a estallar en algún momento.
La aparente firmeza de la clase política ante el terrorismo no debería ser selectiva. Qué sentido tiene encabezar una manifestación contra el terrorismo si esos mismos líderes políticos aceptan compartir asiento, cuando no gobierno, con un partido que justifica el uso de la violencia para lograr sus fines. Dónde está la lógica de perseguir el enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal y endurecer sus penas cuando la Audiencia Nacional permite los homenajes a etarras condenados con la excusa de la libertad de expresión.
Como víctimas del terrorismo, además de firmeza, exigimos coherencia y sobre todo, dignidad, esa que nuestra sociedad pierde a cuentagotas cada vez que cedemos un milímetro ante los cómplices del terrorismo, sea del signo que sea.
Consuelo Ordóñez es presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).