Bildu y el proyecto moral de Sánchez

Bildu y el proyecto moral de Sánchez
GABRIEL SANZ

Varios miles de aficionados de Osasuna recorrieron a pie el sábado de la semana pasada el trayecto que va entre los bares del entorno de la catedral de Sevilla y el estadio de La Cartuja mientras coreaban a voz en grito consignas favorables a ETA. A plena luz del día y de las cámaras de los teléfonos móviles, con la perfecta naturalidad de quien incurre en un comportamiento que siente que le confiere un prestigio social. En la procesión de los sanfermines del año pasado, tres policías fueron heridos tras el ataque, impune y jaleado, de un grupo de radicales dirigido contra los ediles de UPN. Los agresores en Alsasua de dos guardias civiles y sus parejas disfrutan de pleno reconocimiento en su pueblo.

Podrían citarse también decenas de recibimientos y homenajes públicos a etarras presos sin suscitar ningún rechazo ni oposición, todo lo contrario. El virus del odio sigue inoculado en el País Vasco y Navarra: las necesidades del nacionalismo vasco, la dependencia estratégica del PSOE y la indolencia del PP han evitado que las bases de la izquierda abertzale hayan recibido de sus líderes de estirpe terrorista ningún mensaje político de desautorización de su pasado de violencia. Lo vanaglorian: «Creó las condiciones necesarias». Y ayer: «Gobernaremos este país».

La infamia de la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu, siete de ellos con delitos de sangre, constituye una exhibición de la filosofía de intolerancia que subyace en ese proyecto político. Su naturaleza y su razón de ser. Por pura supervivencia ha abandonado los medios criminales, pero conserva por supuesto los fines y las convicciones, igualmente antidemocráticos, que en estas elecciones recibirán muchos más votos que el partido de Miguel Ángel Blanco.

Bildu no ha repudiado sus raíces ni lo va a hacer: con esas listas se trata de reivindicarlas, de socavar la dignidad de sus víctimas poniéndola a la altura de la de sus verdugos, de imponer una memoria tóxica, de desplegar en los municipios que son la base de su poder la misma atmósfera intimidante y totalizadora que ha provocado un éxodo y una espiral excluyente de silencio. Se trata de continuar adelante con su lógica disolvente de erosión deslegitimadora de las instituciones de la democracia: eso es Bildu, un movimiento alérgico al pluralismo que celebra la aniquilación del adversario y asume que posee una verdad absoluta. Los tres máximos dirigentes de Sortu, el corazón de Bildu, han sido miembros de ETA: Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez y David Pla, que fue número uno de la banda.

No hay por tanto novedad en que asesinos pueblen las listas de la revivida Batasuna. El impacto moral viene provocado por su condición de socio estructural en el bloque de futuro sobre el que Pedro Sánchez deposita la dirección del Estado. Es el presidente y su cartel electoral los que quedan en evidencia. El potencial de crecimiento de la izquierda abertzale, que ya amenaza la hegemonía nacionalista del PNV, procede de la influencia que Sánchez concede a sus convicciones radicales sobre el modelo de sociedad y la propia idea de España: Bildu en el impuesto a la banca, Bildu en la subida de las pensiones con el IPC, Bildu en la alteración de los equilibrios institucionales, Bildu en la derogación de la sedición, Bildu en la Ley Trans, Bildu en la Ley de Vivienda.

Bildu en la Memoria Democrática, su mayor éxito de la legislatura y el gran paso adelante para su blanqueamiento. Facilitarle a Arnaldo Otegi que identifique a los GAL como una continuación del franquismo le permite un cuestionamiento de la Transición en su conjunto y la persistencia de un relato inaceptable de reconstrucción falaz de la historia que iguala a «todas las víctimas» y justifica los crímenes terroristas como una lucha de liberación contra el Estado opresor. Ese logro, junto al fin de la dispersión y la entrega de la política penitenciaria para en la práctica procurar la libertad de la mayoría de los presos, reafirma a Bildu en todos sus objetivos.

La disolución de ETA, en contra de lo que pretende José Luis Rodríguez Zapatero, fue el fruto de un movimiento cívico liderado por el ejemplo de las víctimas y sostenido en la vigencia entonces de los consensos constitucionales en torno a unos estándares mínimos de ética democrática. Porque España tiene que ser también un proyecto moral. Cristalizó primero en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que firmó José María Aznar a iniciativa del propio Zapatero, y después en la Ley de Partidos, que condujo a la ilegalización de Batasuna y a la asfixia del entorno civil que alimentaba a la banda.

Patxi López fue lehendakari gracias a ese mismo consenso con el PP, ya cuando empezaba a desgastarse por el tacticismo del PSOE. Por eso dio tanta vergüenza escucharle esta semana lamentando que Bildu diese «argumentos a la derecha» al incluir a asesinos en sus listas, poniendo nuevamente en marcha el mecanismo de impostura y polarización que consiste en fingir que entre quienes creen en la Constitución y quienes pretenden derribarla existe menos distancia que entre la izquierda y la derecha. La sociedad española no es así.

La crisis de confianza en la vigencia de esos consensos está detrás del deterioro del valor de la contención institucional que padece España. Sánchez ha conseguido con su habilidad para la proyección exterior -no hay precedentes de un presidente español recibido en la Casa Blanca en plena campaña electoral- buena parte de la fortaleza con la que se legitima internamente. Pero es ahora mismo esa degradación de los órganos constitucionales del país la que pone en riesgo su proyecto más ambicioso, que es la Presidencia europea de la UE.

El comisario Didier Reynders advirtió en términos muy severos el lunes, en el World Law Congress que organiza Javier Cremades, que está dispuesto a abrir un procedimiento de infracción contra España si no renueva y de forma subsiguiente inicia la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que Sánchez asuma la Presidencia. El informe sobre el Estado de Derecho en España se publicará el 5 de julio y será durísimo si no se cumple esa recomendación. En Bruselas avisan de que Sánchez tendrá «un problema gigante» porque, aunque no se iniciará ya un proceso sancionador, sí puede advertirse de que se abrirá en 2024 si el bloqueo persiste, como si fuéramos Polonia. También son conscientes de la maniobra que introdujo la derogación de la sedición en medio de la anterior negociación. El presidente necesitará al PP, que tiene a flor de piel la desconfianza. La urgencia la tiene Sánchez.

Joaquín Manso, director de El Mundo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *