La elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en evidencia un modelo de bipartidismo que poco tiene que ver con el que, al menos, facilita la alternancia en el poder y la gobernabilidad. El PSOE y el PP, los dos grandes partidos con opciones de gobierno, han renunciado a negociar en el Parlamento quiénes han de integrar el órgano de gobierno de los jueces. Literalmente, se los han repartido: nueve para mí, sean quienes sean; nueve para ti, los que tú quieras, y les regalamos uno a cada uno de los partidos nacionalistas más relevantes: PNV y CiU.
La Constitución prevé en su artículo 122 un CGPJ integrado por 12 jueces y magistrados y por otros ocho juristas, "todos ellos de reconocida competencia" para la función de gobierno de los jueces, y "en particular -dice- en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario". El artículo siguiente, el 123, atribuye la propuesta de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS) al "Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley", que no es otra que la elección, por un mínimo de tres quintos de los 20 vocales -12 votos-, en la primera sesión, tras su toma de posesión.
Invocar esta normativa, frente al reparto partidista de los 20 vocales y a la noticia no desmentida de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, baraja una serie de candidatos para decidir él cuál será el presidente del CGPJ y del TS, me ha costado la calificación de fundamentalista, cariñosamente expresada por un admirado periodista, jurista y amigo. Pero yo no cejo, porque creo que los constituyentes pudieron incluso equivocarse al sustituir al Ministerio de Justicia por un órgano nuevo como el CGPJ para gobernar a los jueces, pero de lo que estoy seguro es de que no quisieron desapoderar al Ejecutivo de esa función para, por la puerta falsa de la designación de sus miembros, introducir al poder político.
El voto de los tres quintos del Congreso y del Senado para elegir los 20 vocales del CGPJ está pidiendo a gritos un amplio acuerdo parlamentario sobre la cualificación jurídica para la función que se les asigna a esos 20 vocales, incluida la puntería inicial de proponer un presidente idóneo, elemento básico para la gobernabilidad de un órgano cuantitativamente extenso y con un cometido tan delicado e importante.
Se alega que el presidente del anterior CGPJ y del TS, Francisco José Hernando, lo decidió José María Aznar -así salió-, pero esa decisión fue asumida ¡por unanimidad! por los 20 vocales. No me vale el argumento de que ahora le toca a Zapatero, si quiero creer que el líder socialista tiene mejor percepción que Aznar de las prácticas democráticas y más respeto a la letra y al espíritu de la Constitución. No me vale tampoco la afirmación de que siempre fue así, en todos los anteriores Consejos. Aunque fuera verdad, hora sería de hacer bien los deberes. Pero es que no es verdad.
En el primer CGPJ, el de 1980, el presidente elegido por los 20 vocales fue Federico Carlos Sainz de Robles, como transacción entre los vocales que proponían, respectivamente, a Antonio Hernández Gil o a Ángel Escudero del Corral. Está publicado. Y en 1985, la designación como presidente del CGPJ y del TS de Antonio Hernández Gil, que presidió el vocal de mayor edad, Cesáreo Rodríguez Aguilera, fue complicada, porque estuvieron también sobre la mesa candidaturas como la del propio Sainz de Robles y las de los magistrados Carlos de la Vega Benayas, Jerónimo Arozamena y Manuel García Miguel. Tras sucesivas votaciones, en las que se utilizó un método de eliminación sucesiva de los candidatos menos votados -similar al del jurado de los premios literarios Goncourt-, Hernández Gil obtuvo en una última votación 14 votos y Arozamena los 6 restantes. También está publicado, porque fue así como ocurrió.
La desfachatez, como ha calificado certeramente este periódico, con que los partidos se han repartido el CGPJ desobedece la doctrina del Tribunal Constitucional, que en 1986 declaró que la elección parlamentaria de los 20 vocales sólo es acorde con la Constitución si se aleja de "la lógica del Estado de partidos" y no incurre en "la dinámica partitocrática (...), mediante el reparto de vocales por el sistema de cuotas partidarias".
Esta práctica política podría conducirnos a un bipartidismo generalizado, que resultaría imperfecto, pero cómodo y acaso sincero. Ese bipartidismo podría fácilmente procrear un Gobierno de coalición PSOE-PP.
¿Se imaginan ustedes un CGPJ ya de un único color, el gubernamental? ¿Y un Zapatero presidente y un Mariano Rajoy vicepresidente -o al revés, que tanto daría-, al frente de un Ejecutivo con no muchas más diferencias de las que puede haber sobre inmigración entre el ex ministro Jesús Caldera y el ahora ministro Celestino Corbacho? ¿Un Gobierno tan antiterrorista que no necesitaría pactar nada y que engordaría el Código Penal y las cárceles? ¿Se imaginan un panorama político no sólo sin crispación ni crisis económica, sino con una oposición minúscula, a cargo de "los comunistas" -antigua IU- y los nacionalistas, si es que no se regalaba a estos últimos sendas carteras, como se ha hecho en el CGPJ?
Bonifacio de la Cuadra