Después de muchos años de debates en torno a las normas forales que establecían el tipo de Impuesto de Sociedades a pagar en los territorios vascos en aplicación de las previsiones de la Ley de Concierto Económico, y después de la sentencia del tribunal europeo que ratifica la capacidad de las Juntas Generales de cada territorio para proceder a dicha aplicación, siempre que la fijación del cupo correspondiente no vuelva a introducir la ayuda de Estado inaceptable para Europa que no está implicada necesariamente en el concepto del Concierto, ha bastado el cambio de gobierno para que el nacionalismo haya vuelto a la carga con la idea de la necesidad de blindar el Concierto Económico.
Como ha recordado este mismo periódico en sus páginas -Manu Álvarez-, el Concierto Económico en cuanto ley no necesita de ningún tipo de blindaje. Está a salvo de cualquier tipo de ataque. Cuando se habla de blindaje lo que se quiere decir es que las normas forales que establecen tipos de imposición distintos a los que rigen en territorio común deben estar blindadas. ¿Blindadas ante qué, o ante quién?
El blindaje que se reclama para las normas forales que se diferencian de lo establecido por las leyes fiscales para el territorio común significa que dichas normas forales estén protegidas de la capacidad de ser llevadas ante los tribunales por cualquier ciudadano español. Se pide que las normas formales tengan la misma protección que poseen las leyes que no pueden ser recurridas por cualquier ciudadano, sino sólo por aquéllos declarados como competentes para ello. En castellano simple: blindar las normas forales que establecen el Impuesto de Sociedades en un nivel más bajo que el que rige en territorio común significa que la asociación de empresarios riojanos, por poner un ejemplo, no tenga capacidad de recurrirlas, y que tenga que ser, al menos, el Gobierno riojano el que las tenga que recurrir.
No sería posible impedir cualquier tipo de recurso contra dichas normas forales. Ello implicaría que el poder que aplican las Juntas Generales cuando establecen los tipos impositivos a aplicar a los beneficios de las empresas estaría fuera de todo control jurídico, fuera del ordenamiento jurídico. Es preciso recordar que cualquier ley aprobada por cualquier parlamento, autonómico o central, está sometida al control por parte del Tribunal Constitucional.
Lo que el discurso del blindaje del Concierto reclama, pues, es la reducción de los capacitados a recurrir las normas forales que aplican las posibilidades abiertas por el Concierto, y reducir el ámbito jurisdiccional en el que dichos recursos se pudieran plantear.
Los mecanismos para conseguirlo pueden ser variados. No es cuestión de entrar a analizarlos ahora. Pero sí puede ser conveniente ampliar el horizonte del debate. En una conferencia reciente en Bilbao, un antiguo ministro con Helmut Schmidt, Gerhard Baum, recordando el 60 aniversario de la Constitución alemana, subrayaba el valor democrático de dicha constitución, entre otras cosas, porque capacita a cualquier ciudadano alemán a plantear cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de ese país cuando crea que alguna ley del Parlamento federal, o alguna disposición de los órganos comunitarios europeo,s pone en cuestión el principio constitucional de la dignidad de cada ser humano.
Cuando hoy en día se debate el desarrollo de la democracia, la ampliación de la cultura democrática, se constata una tendencia a facilitar la participación de los ciudadanos en la acción de gobierno, acción que no se limita a la ejecución de políticas, sino también a la labor legislativa, e incluso judicial, no en las decisiones y sentencias, pero sí en la capacidad de ser activos ante los tribunales para defender los derechos y las libertades.
Todo el discurso del blindaje del Concierto va en dirección contraria a esos esfuerzos de democratización. Es probable que lo que se denomina economía procesal recomiende limitar la capacidad de recurrir y los tribunales ante los que se pueda recurrir. Pero el blindaje no puede suponer nunca impedir un control desde el derecho sobre la forma de aplicar las capacidades reconocidas por el Concierto. Sería totalmente contrario a la democracia. Incluso el blindaje que ahora se analiza puede ir contra la corriente de más democracia que se plantea para revitalizar la cultura democrática abriendo vías de mayor participación de la ciudadanía.
Pero el sentido democrático de la aplicación de las previsiones del Concierto a través de las normas forales debe ser tema de reflexión además por otra razón. Ya ha quedado dicho que la sentencia del Tribunal europeo que proclama que la Ley de Concierto Económico no contradice el derecho europeo, porque no significa que su aplicación suponga automáticamente que se trata de ayudas de Estado, introduce la advertencia de que las ayudas de Estado prohibidas por el derecho europeo sí pueden encontrarse en la forma de calcular el cupo.
No es, por lo tanto, ninguna sorpresa que el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, haya planteado al PSE la necesidad de blindar el cupo. El problema del cupo, la cantidad de dinero que la Comunidad Autónoma Vasca paga a la Administración general del Estado en concepto de participación en los gastos presupuestados de las competencias no asumidas, es su muy poco democrática falta de transparencia. No son pocos, incluidos algunos políticos catalanes en el Gobierno de la Generalitat, los que, sin cuestionar el Concierto, sí cuestionan la falta de transparencia en la fijación del cupo.
Democracia, sin embargo, implica, antes incluso que la posibilidad de la participación ciudadana, transparencia de las decisiones políticas. En relación al cupo, por lo tanto, lo que acucia no es su blindaje, sino todo lo contrario. La transparencia respecto a los parámetros técnicos que se usan para su fijación, de forma que pueda existir un debate democrático sobre el cupo. De la misma forma que acucia una mucho mayor transparencia en relación a los flujos financieros entre Euskadi y el resto de España.
Claro que es difícil que exista transparencia en torno al cupo cuando la cuestión de la política fiscal parece ser que se encuentra fuera del debate político en Euskadi. Lo único que parece interesar es la diferencia -nominal y a la baja- del Impuesto de Sociedades. Pero ningún partido presenta, con ocasión de la elección de las Juntas Generales, las competentes en política fiscal entre nosotros, un proyecto claro de política fiscal. Y tampoco existe una información clara, comprensible para todos, de cuál es la presión fiscal que existe en Euskadi -y es la condición que establece la Ley de Concierto: que la presión fiscal media en Euskadi no sea inferior a la de territorio común-, cómo se compone esa presión fiscal, cuánto aporta a ella la fiscalidad sobre el trabajo, cuánto -realmente, no nominalmente- la fiscalidad sobre los beneficios empresariales, cuánto el IVA, por qué el marginal del IRPF es dos puntos superior a territorio común.
Debería ser posible contar con resúmenes claros e informativos de todos esos apartados para que los ciudadanos pudieran hacerse una idea de la política fiscal que se aplica en Euskadi. Pero parece que, como debemos de ser todos muy ricos, a nadie le interesa hablar de estas cosas.
Y ya que de dinero hablamos: El diputado general de Bizkaia ha reclamado del Gobierno vasco una cantidad para la financiación del nuevo San Mamés. La cantidad exigida es de 55 millones de euros, trazando un paralelo con la implicación del Ejecutivo autonómico en el proyecto de Anoeta. Dos indicaciones: aquel desembolso, de algo más de 900 millones de pesetas, se realizó para completar la ciudad del deporte en San Sebastián, que incluía, además del frontón Anoeta existente y del velódromo, también existente, un estadio olímpico de atletismo, pistas auxiliaren de atletismo, una piscina olímpica y un nuevo polideportivo, para lo que se contaba con aportaciones importantes del Consejo Superior de Deportes. No era dinero sólo para un campo de fútbol.
Segundo: el Athletic de Bilbao recibió algo más de 300 millones de pesetas para la reforma y ampliación de sus instalaciones de Lezama con vistas a la consolidación de su escuela de fútbol. Sólo por actualizar la memoria.
Joseba Arregui