Blindar las normas, no el Tribunal

Por Aitor Esteban, diputado de EAJ-PNV en el Congreso (EL CORREO DIGITAL, 11/03/07):

La indignación es grande en muchos sectores de Euskadi tras el rechazo socialista y popular al denominado ‘blindaje’ del Concierto Económico en la reforma del Tribunal Constitucional. Ante la situación de ataque constante a las bases del Concierto por los tribunales, y en especial el Supremo, la alarma sobre el mantenimiento de su integridad está más que justificada

La comparación con Navarra es significativa. Navarra tiene un Convenio Económico no muy diferente de nuestro Concierto , pero aprueba su normativa en el Parlamento autónomo a través de leyes forales. En consecuencia su contenido es recurrido ante el Tribunal Constitucional, para lo que está habilitada una corta lista de instituciones. En la CAV son las juntas generales quienes aprueban la normativa concretándose en normas forales. Al no llamarse ‘leyes’ deben ser impugnadas ante los tribunales de lo contencioso y por lo tanto pueden ser recurridas por cualquiera que diga ostentar un interés legítimo. Así, mientras la Comunidad de La Rioja impulsa a través de asociaciones de empresarios recursos contra las normas vascas, no puede hacerlo en el caso navarro.

Que un pacto institucional que es aprobado por ley de artículo único (esto es, sin posibilidad de enmiendas) y cuyo contenido es materia fiscal no esté al vaivén de ataques indiscriminados parece lógico. Como lógico es que corresponda al Constitucional y no a los tribunales contenciosos dirimir las discrepancias acerca de lo que constituye un pacto institucional.

Resulta que ahora, y sólo ahora, desde la bancada socialista se afirma que hay dificultades de índole jurídica, ya que el artículo 161 de la Constitución sólo contempla la posibilidad del recurso ante el TC en el caso de leyes. Por una parte hay que decir que jurídicamente afirmar eso es una barbaridad, ya que la propia Constitución deja muy claro en el artículo 161.1.d que el Tribunal Constitucional podrá conocer «de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas». Así, la ley se ha ampliado estos últimos años con nuevas vías impugnatorias. Por otra parte, no deja de ser curioso que se esgriman dificultades jurídicas cuando llevamos desde principios de 2006 discutiendo la cuestión, tras una inicial entrevista con el presidente Rodríguez Zapatero, y habíamos trabajado con La Moncloa largamente el texto transaccional. Si era imposible jurídicamente, ¿por qué no lo dijeron a principios de 2006 en vez de perder un año en el intento? Si era inviable jurídicamente, ¿cómo es posible que hubiéramos avanzado tanto como para que los técnicos de La Moncloa, el Grupo Vasco del PNV y el Grupo Socialista dieran por hecho el acuerdo sobre el texto? Acuerdo que, por cierto, fue filtrado a este mismo diario en diciembre pasado y no precisamente por fuentes nacionalistas.

Tanto habíamos llegado a un acuerdo que en la última reunión de la ponencia de la LOTC, celebrada el 29 de noviembre de 2006, el portavoz socialista, Ramón Jáuregui, diputado por Álava, afirmó públicamente, para que nadie se llamara a engaño, y así lo han atestiguado en público portavoces presentes en la reunión, que la aprobación de la cuestión correspondiente a las normas forales vascas se llevaría a cabo en la reunión de la Comisión Constitucional prevista para el día 11 de diciembre. En esas circunstancias, y sólo bajo esa promesa, el voto del grupo vasco del PNV fue favorable en la reunión de ponencia a las enmiendas que provenían del resto de los grupos minoritarios.

Dice ahora el PSOE que este asunto es mejor que sea resuelto en un nuevo Estatuto vasco. Decir eso, después de que el propio Congreso rechazara el proyecto enviado por el Parlamento vasco es, además irónico: remitirlo ‘ad calendas grecas’. Ni hay fechas ni previsiones de que se pueda proceder en un tiempo más o menos próximo a un cambio estatutario. Y es irresponsable, porque el Concierto está siendo sometido ya a una presión tal que para cuando haya un nuevo Estatuto puede que su contenido sea irreconocible, jurisprudencia mediante, con lo cual ya será tardía cualquier medida.

También se afirma por los socialistas que se podría congelar el rango de ley de las normas forales aprobándolas posteriormente en el Parlamento vasco. Decir esto, aparte de poner patas arriba toda la estructura institucional interna que tantos años de práctica consensuada nos ha llevado crear, es saltarse a la torera el artículo 41 del Estatuto de Gernika, que otorga en exclusiva a las instituciones forales la competencia. La facultad de armonización del Parlamento no puede entenderse, atendiendo a la legislación, como habilitadora de esa competencia. No hace falta decir que el procedimiento de reforma del Estatuto es, referéndum incluido, muchísimo más complicado que el de reforma de la LOTC.

Curiosamente, parece que el PP quiere salir de rositas de todo este asunto. Las declaraciones del diputado general de Álava, Ramón Rabanera, en el sentido de que el PSOE no cree en el Concierto Económico se las podría aplicar a su propio partido, puesto que también votó en contra y además con protagonismo vasco, ya que la portavocía del PP recayó en un diputado de Bizkaia, el señor Astarloa. Si el PP en verdad cree en el Concierto Económico y quiere mantener una coherencia con su teórico planteamiento en Euskadi, debía haber votado positivamente

Ciertamente, no deja de ser sangrante que en esta cuestión haya unanimidad favorable entre todos los partidos vascos, pero ello no se traduzca a la hora de votar resoluciones fuera del territorio de Euskadi.

El espectáculo que la justicia española está ofreciendo recientemente no es precisamente edificante. Y esta modificación de la LOTC no se ha librado de estas escaramuzas. Bajo el velo de la agilización y racionalización del recurso de amparo, se ha librado una batalla por el reforzamiento de uno u otro tribunal. Me refiero evidentemente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. El primero, considerado como más afín a su ideología por el PP, el segundo, como susceptible de aproximarse a la suya por el PSOE. El meollo de la cuestión no ha sido una mejora técnica, sino el blindaje, aquí sí, de las resoluciones del Tribunal Constitucional y sus miembros frente a las sentencias del Supremo. De hecho a nadie se le escapa que la rauda aceleración del debate en estos momentos (el pleno ratificará el dictamen el próximo jueves 15 de marzo), cuando llevábamos más de un año al ralentí, sólo puede venir motivada por las prisas que algunos les ha entrado tras el ‘caso Tremps’ para aprobar la prolongación del mandato de la presidenta Casas. Flaco favor el que le han hecho a una excelente jurista, tengo para mí que además sin contar con su aquiescencia.

Y luego que nos vengan con lo de la independencia de la Justicia en España. Ante esta situación, la única razón que podría haber para meterse en esa ‘merienda de negros’ era que el denominado blindaje de las normas forales fuera aceptado. Si esto no se arregla antes del trámite final del Senado, habrá algunos que tendrán que dar muchas explicaciones.