Desde que hace casi cincuenta años ETA empezó a matar es muy normal que caigamos en el error en el que acabo de caer yo cuando he escrito «ETA empezó a matar». Ya sé que es una manera de hablar y que todos nos entendemos cuando decimos eso, pero la realidad es que quien empezó a matar no fue ETA, sino los miembros de ETA. Ellos fueron los que empezaron a matar y los que siguieron matando, fueron hombres y mujeres con nombres y apellidos. Han sido ellos los que han apretado el gatillo en la nuca, los que han accionado el mando de los explosivos o los que han colocado las bombas para asesinar a 857 personas, hombres, mujeres y niños, en nombre del proyecto totalitario y liberticida de esa banda que se hace llamar ETA.
Y son ellos, esos hombres y mujeres que libremente escogieron ser unos asesinos, los que tienen que responder por sus actos ante la Justicia. Así ha sido siempre en España, y así tiene que ser en un Estado de Derecho. Así tiene que ser para que los ciudadanos sepan y sientan que todos sus derechos están protegidos. Empezando por el más sagrado: el derecho a la vida. Los ciudadanos quieren saber que, si alguien atenta contra su vida, que si alguien los asesina, el Estado no parará hasta que todo el peso de la Ley caiga sobre el asesino. Y los asesinos, a su vez, tienen que saber esto: que nunca podrán irse de rositas, que el Estado les hará pagar su culpa.
Si el Estado de Derecho no es capaz de ofrecer a los ciudadanos esa garantía de protección, estamos abriendo la puerta a la venganza y al caos que la seguiría.
La larga y difícil lucha contra los terroristas de ETA ha puesto a prueba la solidez de nuestro Estado de Derecho y, de manera muy señalada, la madurez de los ciudadanos españoles. Y es un éxito colectivo constatar cómo esa solidez y esa madurez han brillado a gran altura. En este sentido es muy significativo recordar que, después de esos terribles 857 asesinatos, sólo ha habido un caso en el que un único familiar de una de las víctimas ha escogido el camino de la venganza. El resto, las familias de los otros 856 han confiado en el Estado de Derecho, han confiado en nosotros, para que la Ley cayera sobre esos asesinos que han quitado la vida a su ser querido y que a ellos mismos se la han destrozado para siempre.
Pues bien, a pesar del esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías autonómicas y de los jueces, todavía quedan muchos más de trescientos de esos asesinatos sin resolver.
Las víctimas directas, es decir, los familiares y amigos más cercanos, han confiado y siguen confiando en que entre todos logremos desentrañar quiénes fueron los asesinos, y cómo asesinaron a sus seres queridos.
Todo esto tenemos que tenerlo presente cuando contemplamos cómo, gracias a la abnegada labor de las asociaciones de víctimas, están empezando a resolverse algunos de esos crímenes. El último en esclarecerse ha sido el asesinato en Mondragón el 8 de junio de 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. Resulta que el autor de aquel crimen fue, con toda probabilidad, el etarra Bolinaga, un sujeto del que todos sabemos que ha asesinado a otros dos guardias civiles, que ha secuestrado y torturado a José Antonio Ortega Lara durante 532 días y que hizo una huelga de hambre para conseguir su excarcelación con la excusa de padecer un cáncer, que no parece que fuera muy terminal.
Ahora sabemos que, hace 28 años, también mató al cabo Ramos en Mondragón, su pueblo, donde lleva más de 18 meses paseando y tomando chiquitos en los bares (por cierto, que lo que no sabemos, al menos yo, es quién paga esos chiquitos).
Ahora sabemos que la Guardia Civil había acreditado su participación en ese asesinato desde 1998 y que su atestado se perdió en el juzgado del entonces juez Garzón hasta que ahora, gracias, insisto, a las asociaciones de víctimas, ha sido recuperado.
El juez Moreno ha ordenado ahora su arresto domiciliario, es decir, le ha prohibido salir de su casa. Algo que podemos preguntarnos si no es lo que se debería haber hecho, por lo menos, cuando se le excarceló por motivos humanitarios en septiembre de 2012.
Pero al menos los familiares del cabo asesinado y todos los ciudadanos de bien sabemos ya quién mató a ese defensor de la Ley y la libertad de los españoles y, en especial, de los vascos.
Lo que me ha suscitado una reflexión adicional ha sido ver cómo la casa de este personaje siniestro se ha convertido en lugar de peregrinación para otros sujetos de su calaña, encabezados por un tipo llamado Carnicerito de Mondragón, autor de 17 asesinatos, que se ha exhibido desafiante a la puerta del domicilio de Bolinaga.
El espectáculo de estos asesinos es tan impúdico que debería provocar alguna reacción en los ciudadanos vascos de bien, que, ahora que parece que los de ETA han dejado de matar, deberían sacudirse el miedo para repudiar a esta gente que degrada y ensucia la atmósfera de esa región de España, donde tanto está costando que llegue la libertad.
Esperanza Aguirre, presidente del Partido Popular de Madrid.