Nada hacía prever el derrumbamiento del gobierno de Evo Morales en apenas cuatro semanas, pero así fue. La creación de un estado plurinacional que reivindicaba la cultura y tradiciones indígenas, unida a los indudables logros en el plano económico y social, apuntalaban el desgaste de un partido oficialista que, sin embargo, no supo intuir ni evitar el estallido social boliviano en una América Latina en llamas. Las causas de la crisis no son solo coyunturales. Responden a una fragilidad institucional y a una fragmentación social que en más de una década de gobierno de Evo Morales no se consiguió superar.
Tras la caída de Evo Morales, con su precipitada dimisión y exilio a México junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, tras casi 14 años de gobierno con el respaldo de amplias mayorías del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), una gran parte de analistas se ha centrado en los acontecimientos inmediatamente previos y en el debate sobre si éstos podían ser calificados de golpe o no. Muchos de estos análisis venían predeterminados por un claro posicionamiento ideológico, pero contenían argumentos que van más allá del cómo sucedió todo y nos permiten adentrarnos en una aproximación más matizada sobre el porqué ha ocurrido y porqué en este momento. Las elecciones del 20 de octubre, que después serían anuladas, mostraron que el MAS se mantenía como fuerza hegemónica, pero también que el apoyo se había reducido hasta estar por debajo del 50% con una pérdida de 21 diputados. Aun así, sus 67 escaños todavía superaban claramente los 50 que sacó Coalición Ciudadana, la formación que apoyaba la candidatura de Carlos Mesa, el contrincante presidencial que denunció el presunto fraude. Mucho más lejos quedó el Partido Demócrata Cristiano, con 9 diputados, y aún más la coalición Bolivia dice No que apenas sacó 4 diputados.
Al margen de la cuestionada elección presidencial, las cifras mostraban un desgaste del partido oficialista, pero no lo suficiente para perder el control de la cámara. Por ello resultó sorprendente el abandono de la presidencia del Senado y del Congreso por parte del MAS, secundando la dimisión del presidente y el vicepresidente, y generando un vacío de poder que dejó la iniciativa en manos de un partido, el de la actual presidenta Jeanine Añez, que venía de ser el gran derrotado de las elecciones. Que Morales, con un apoyo popular aun considerable y una mayoría absoluta en las cámaras en funciones, decidiera abandonar el país tras la “sugerencia” del alto mando de las Fuerzas Armadas denota una fragilidad sorprendente en un gobierno que podía presumir de un balance de resultados razonablemente positivo en comparación con el resto de la región. Sin duda, la decisión de Morales de optar por un cuarto mandato en contra de las disposiciones de la Constitución por él impulsada, y tras la pérdida de un referéndum para modificarla en 2016 con el que pretendía la reelección indefinida, minaron la popularidad del hasta entonces incuestionado líder. También la pésima gestión del recuento de votos y la caída del sistema informático son ingredientes que precipitaron la crisis. Pero parece improbable que esos sean los ingredientes determinantes del estallido social, hay más.
América Latina está en llamas. Varios presidentes han tenido que hacer frente a masivas protestas, pero hasta ahora ninguno ha dimitido ni huido del país, sino que están tratando de pacificar la situación por medio del diálogo. Muchos de ellos, cediendo ante algunas de las exigencias de los opositores. Morales solo accedió a una repetición de elecciones cuando las cosas ya estaban fuera de control y habiendo perdido el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ciertamente eso cuestiona la manera en la que se han sucedido los acontecimientos y la ruptura del orden constitucional, pero la pregunta que flota es cómo era posible que el presidente ignorara la desafección de todos esos actores importantes que teóricamente estaban bajo su autoridad. Muchos hablan de conspiración, de injerencias externas e intereses inconfesables. Sin embargo, eso no explica del todo la alineación de actores de diferentes procedencias y sectores sociales en las marchas opositoras, ni que el gobierno no fuera capaz de hacer una lectura realista de la situación del país. Es probable que, tras tantos años ejerciendo un poder con mayorías absolutas, Morales y su círculo más cercano dejaran de tener contacto con muchos sectores de la sociedad boliviana. En las protestas aparecieron algunos de los contrincantes conocidos, pero también otros inesperados que rompieron el frágil equilibrio en un país de una gran complejidad social y geográfica, con grietas profundas que dificultan la cohesión social. La Constitución boliviana de 2009 con la creación de un estado plurinacional que reivindicaba la cultura y tradiciones indígenas y el simbolismo del mismo Morales como primer presidente indígena de Bolivia, unido a indudables logros en el plano económico y social, no hacía previsible un derrumbamiento del gobierno en apenas 4 semanas, pero así fue. Las causas no son coyunturales, responden a una fragilidad institucional que el liderazgo de Morales no consiguió superar.
La reconstrucción de la legitimidad política y social tras la ruptura va a necesitar de un pacto social que acabe con la cultura del enfrentamiento. El acuerdo que se ha logrado para una convocatoria de nuevas elecciones apoyado por la mayor parte del MAS en el Congreso y en el Senado supone un paso muy importante, aunque no ayuda la violencia que aún se mantiene en algunos sectores, ni el papel represor de las Fuerzas Armadas, ni un discurso oficialista con claros tintes de revanchismo. La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones deja aún muchas incógnitas, pero despeja una: ni Evo Morales ni Álvaro Garcia Linera podrán volver a presentarse. Eso ha sido aceptado por la mayoría de los representantes del MAS en la cámara. Ahora queda por ver cómo se reconstruye el liderazgo en un conglomerado heterogéneo como el MAS en el que las diferencias no son pocas. También se verá si la violencia desatada pasa factura a los sectores más radicalizados o si la sociedad boliviana se polariza aún más. No fue así en las anteriores elecciones en que la mayoría prefirió posiciones más moderadas. Lo que parece cierto es el fin de la hegemonía del MAS y la confirmación de un panorama político más plural que obligará a coaliciones y pactos. Si eso se reconduce hacia instituciones más inclusivas, no tiene por qué ser negativo. Al contrario, puede facilitar un discurso menos frentista y ayudar a afrontar un futuro menos convulso manteniendo los logros del pasado y corrigiendo los errores. Lo importante es que se garantice que los bolivianos puedan elegir con garantías y exigir a sus representantes que den respuesta a sus necesidades en un marco democrático, volviendo a situar al país en la senda de esperanza que un día representó.
Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB.