Hasta el momento, en el mejor de los casos, los pasajeros hacen en cada caso un acto de resignación, que a pesar de su carácter laico se asemeja mucho a la más genuina resignación cristiana: Dios, en su infinita sabiduría, sabe más que nosotros, y si nos hace pasar por este trance seguro que tiene sus motivos. No somos nosotros, pobres criaturas, quienes debamos poner en cuestión su Providencia. Pero aquí el papel de Dios, como muy acertadamente escribía en estas páginas uno de sus mejores columnistas, lo asume la Unión Europea, aunque nadie sepa muy bien a qué o a quiénes nos referimos al invocar a esta nueva divinidad que ordena nuestras vidas.
Sin embargo, para quienes hace tiempo que rezamos más bien poco y cuando tratamos con la autoridad competente preferimos sustituir la aceptación religiosa por la exigencia democrática y ciudadana, es importante denunciar en voz alta esta situación que a mi juicio refleja las graves perversiones de un sistema normativo que afecta a nuestras vidas y a veces es más propio de la China de hace 25 años que de nuestras democracias.
El 27 de septiembre de 2006 se reunió el Comité de Seguridad de la Aviación Civil, un organismo técnico formado por expertos de los 25 Estados miembros creado en el año 2002 para auxiliar a la Comisión Europea cuando deba formular propuestas en la materia. En esa reunión se debatió una propuesta de revisión de las medidas de seguridad, que contenía las nuevas normas sobre líquidos, entre otras. Las mismas que en Europa llevaban unos meses aplicándose sólo en vuelos desde y hacia el Reino Unido. Normas improvisadas tras la supuesta desarticulación de un supuesto comando que pretendía un supuesto atentado de grandes dimensiones (no es quien firma, sino el New York Times quien puso en cuarentena gran parte de la información que sobre ese oscuro episodio se divulgó desde Londres).
La reunión de ese órgano técnico fue a puerta cerrada, y el acta de la sesión es secreta. En Europa lo "secreto" está creciendo en la misma medida en que crece la etiqueta "seguridad". En todo caso, según fuentes de confianza, los técnicos de tres Estados rechazaron la propuesta por desproporcionada. Aun así, se aprobó con una mayoría muy cualificada.
La semana siguiente, sin previa consulta al Parlamento ni a nadie, la Comisión Europea aprobó el Reglamento 1546/2006, que convertía en ley para toda Europa la propuesta técnica cerrada unos días antes. Pero la norma nunca ha sido publicada: el texto -que se impone directamente a todas las autoridades de Europa- fue también declarado secreto. Es decir: el Reglamento tiene un solo artículo, que se limita a aprobar un Anexo con las especificaciones sobre qué se puede llevar, cuándo y cómo. Y estas reglas "serán secretas y no se publicarán", aunque "se pondrán a disposición de las personas debidamente autorizadas por los Estados miembros o por la Comisión".
En consecuencia, los ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de verificar, o en su caso impugnar, la aplicación de esta norma, porque no tenemos derecho a conocer su contenido. Claro que tampoco la conocen los uniformados que deben aplicarla en los controles de nuestros aeropuertos, profesionales que encuentran en su intransigencia y su rigidez la mejor garantía de continuidad para su puesto de trabajo. Ellos y ellas han recibido simplemente un folleto con instrucciones. Y sólo ellos tienen la autoridad para decidir si autorizan o no un bote con leche materna, si hay que descalzarse o no y por qué, o si deben exigir receta médica por un jarabe contra la tos que puede ser esencial para el viajero pero que no la necesita.
La Comisión se limitó a publicar una extensa nota de prensa en forma de preguntas y respuestas, que por lo demás ilustra bien la frivolidad con la que se ha actuado, por ejemplo al reconocer que todo se basa en lo que "han experimentado los americanos" (sic). En el texto informa también de una serie de confusas excepciones a las reglas, algo bien inútil pues hasta ahora las notas de prensa no pueden utilizarse como argumento ante las fuerzas de seguridad.
No consta debate alguno sobre la proporcionalidad de las medidas y sus alternativas (que el propio Frattini criticaba dos semanas antes de su aprobación). No sabemos qué base científica tienen las supuestas bombas líquidas, ni qué cantidades resultarían peligrosas. No se ha evaluado el impacto económico y comercial del incremento en la facturación de equipajes y su distorsión grave de todo el sistema aeroportuario europeo, en especial en materia de vuelos de conexión. Se ha impuesto de un plumazo un nuevo estándar de envasado a toda la industria cosmética y farmacéutica. Y a todo ello se añaden interrogantes graves en la protección de la dignidad y la intimidad de los viajeros, o sobre discriminación de los enfermos.
Millones de personas y miles de empresas sufren ahora los efectos de una norma secreta, impuesta por quienes poco menos que responden sólo ante Dios y ante la Historia, cuya entera tramitación legal ha durado una semana. O los europeístas combatimos y rechazamos estas prácticas, o ya llegarán quienes cuestionen el actual modelo de construcción europea con argumentos cada vez más difíciles de rebatir.
Ignasi Guardans i Cambó, diputado al Parlamento Europeo. Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.