Bono en el Congreso

Las leyes empíricas de los sociólogos políticos sobre los efectos de la mayor o menor participación en los resultados electorales han fracasado estrepitosamente este 9-M. Otro día habrá que explicar porqué la bajada de la abstención en ciertas comunidades autónomas ha supuesto un ascenso para el PP, en contra de lo que aseguraban los expertos, y cómo alguna caída de la participación en otros lugares ha beneficiado al PSOE. Sin embargo, estas generales han servido para reforzar otra ley empírica que ya empieza a consolidarse y que puede enunciarse así: cuando el Gobierno manifiesta una exacerbada reconcentración españolista y, por lo tanto, se muestra centralizador y uniformizador, poco flexible, cerrado por sistema a las demandas periféricas y enemistado con los nacionalismos, las formaciones particularistas de las comunidades históricas incrementan su clientela y tienden a crecer, en detrimento de los grandes partidos estatales. Por contra, cuando el Gobierno no es nacionalista, acepta lealmente las previsiones constitucionales sobre el Estado autonómico, atiende las reclamaciones legítimas de la periferia y llama a participar a las instituciones autonómicas, los partidos nacionalistas pierden adhesiones y reducen su representación, en beneficio de los grandes partidos estatales.

En definitiva, la ciudadanía de los territorios más caracterizados por rasgos propios discierne con sabiduría cuándo ha de hacer hincapié en la defensa de su peculiaridad diferencial de cuándo ese derecho a la diferencia está asegurado.

Los hechos avalan esta norma obtenida por procedimientos inductivos: el Aznar fervientemente españolista de la legislatura 2000-2004, ensoberbecido con su mayoría absoluta y despectivo con las formaciones periféricas, oxigenó tanto el soberanismo explí- cito o larvado que en las elecciones generales del 2004 la presencia de nacionalistas en la Cámara baja fue sorprendentemente alta, e incluso el nacionalismo catalán estuvo representado por dos grupos parlamentarios diferentes. En cambio, la actitud contemporizadora de Rodríguez Zapatero en el periodo 2004-2008 ha conseguido todo lo contrario: ERC se ha difuminado estrepitosamente, CiU y PNV han quedado disminuidos, Eusko Alkartasuna y la Chunta Aragonesista ya no tienen representación en el Congreso.

Este balance no significa ni mucho menos que todo hayan sido aciertos en la gestión de la reforma territorial por parte de la mayoría política socialista en Catalunya y el Estado. El proceso de elaboración del Estatut no fue un dechado de moderación ni de virtudes políticas, y requirió a la postre procurar prolijos equilibrios que paliaran el desastre que se pudo provocar si al final no hubiera cundido la cordura. Y aún habrá que acabar de encajar aspectos del dudoso texto estatutario en la norma constitucional,

probablemente mediante una sentencia interpretativa del TC. Pero estas objeciones no limitan la conclusión cabal de todo lo anterior: los grandes partidos españoles que se turnan al frente del Estado deben evitar a toda costa que la gran dialéctica de este país sea la establecida entre el nacionalismo españolista y el nacionalismo particularista de la periferia. El nacionalismo de base identitaria o cultural es, simplemente, un anacronismo. Y el patriotismo, que sí es necesario, ha de ser el patriotismo constitucional de Habermas, basado en la racionalidad democrática, y no el patriotismo romántico y bucólico del siglo XIX.

Viene esto a cuento, es obvio, de la muy probable llegada de José Bono a la presidencia del Congreso. Un tránsito que el expresidente de Castilla-La Mancha hace ya españoleando, en opinión certera de algunos medios y analistas moderados de Catalunya. Ciertas gracietas sobre la similitud de las guías telefónicas de Madrid y Lleida, así como sobre la necesidad de arrojarlas a la cabeza de algunos, han abierto las hostilidades verbales entre Bono y los portavoces nacionalistas.

Seguramente no es difícil confundir la plena adhesión a la democracia española en los términos constitucionalmente establecidos y el nacionalismo españolista, pero no hay duda de que no son conceptos idénticos, pues hay un abismo entre ellos. Y Bono no debe cruzar esa raya. Porque aunque muchos no logremos entender cómo perviven en nuestras civilizadísimas comunidades históricas formaciones políticas que aún defienden la superioridad de los abstractos «derechos de los pueblos» sobre los derechos individuales de los ciudadanos libres, la realidad es la que es y probablemente no quede más remedio que recordar la necesidad de conllevancia con el nacionalismo de que hablaba Ortega: ya que no podemos extirparlo, debemos al menos conllevarlo. Pacíficamente y con juego limpio.
Por resumir, Bono no debería inflamar de nuevo la tensión centroperiferia. Primero, porque no es creativa. Y después, porque la experiencia demuestra que el nacionalismo crece y extiende sus tentáculos cuando se ve asediado desde Madrid. No sería inteligente darle otra vez esta oportunidad.

Antonio Papell, periodista.