Brasil está acéfalo

La cruzada de la Operación Lava Jato contra la corrupción dejó a la política brasileña acéfala. En los últimos tres años hemos asistido a la caída, uno a uno, de los principales liderazgos políticos. La presidenta electa Dilma Rousseff fue destituida y ha sido decretada una solicitud de encarcelamiento contra su rival electoral de 2014, Aécio Neves, por quien había votado la otra mitad del país. El presidente que la sustituyó, Michel Temer, se ha convertido en el primer presidente en ejercicio denunciado, y el político más favorecido en las encuestas para la elección de 2018 es Luiz Inácio Lula da Silva, quien de expresidente más popular de Brasil pasó a ser su primer expresidente condenado por corrupción.

Lava Jato ha sido un avance en el combate a la corrupción, pero la diferencia de velocidad entre el tiempo urgente de la sociedad, el tiempo ceremonioso de la política y la lentitud de la justicia ha perjudicado al país.

Primero, por la asimetría de tratamiento dado a cada político investigado. Muchos conmemoraron la condena de Lula como señal de que nadie está por encima de la ley, pero otros episodios han convencido a sus seguidores de que hay una persecución política en su contra. No es difícil sacar esa conclusión.

El día en que Lula fue condenado, otro juez liberó a Geddel Vieira Lima, aliado de Temer, denunciado por uno de los delatores de recibir personalmente a maletas llenas con dinero de sobornos. Y todo el país ha escuchado a Neves, perdedor de las elecciones de 2014, pedirle 600.000 dólares a un empresario. La solicitud de prisión llevó a los dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña a darse cabezazos, pero el senador y viejo aliado de las élites logró mantenerse libre.

La víspera de la condena de Lula, el Ministerio Público de Brasil también había pedido el cierre de otra investigación en su contra por creer que el exsenador Delcídio do Amaral mintió en una delación filtrada a la prensa hace más de un año al decir que Lula le pidió obstruir las investigaciones de Lava Jato. Según el procurador del caso, Amaral buscaba, al denunciar a Lula, negociar una menor condena para sí mismo.

El uso de la delación premiada como instrumento legal permitió a Lava Jato avanzar hasta la más alta cúpula del poder, pero la justicia no ha sido igualmente eficaz para procesar las denuncias. Hace tres años vimos atónitos cómo nuevos diputados, senadores, gobernadores, ministros y empresarios eran delatados por recibir coimas de empresarios, pero todavía no se han procesado esas denuncias en momentos en que ya estamos atrapados por una nueva trama.

La velocidad de la justicia también choca contra la capacidad de la política de renovarse. Con muchos políticos investigados y pocos sentenciados, los brasileños han perdido la confianza en la política como solución democrática. Como resultado, han despuntado en la escena política nacional populistas y ultraconservadores. Para dar un solo ejemplo, Jair Bolsonaro, el candidato que encabeza las encuestas en el campo conservador, es un ruidoso defensor de la dictadura. Aunque no tenga fuerza para llegar a la presidencia, su figura es un trágico reflejo de lo que puede ser nuestro primer congreso pos Lava Jato.

El avance conservador también es culpa de la izquierda, que no ha sabido reorganizarse. En el auge de la popularidad de Lula, su grupo podría haber reformado el modelo político para no tener que elegir entre extremos: la tradicional alianza con la vieja clase política corrupta o el enfrentamiento radical. Ahora, arrancados del poder, son incapaces de hacer un mea culpa. Después de la sentencia del juez Sergio Moro contra Lula, dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) dijeron que no tenían un plan B para la elección del próximo año. Es Lula o no es nadie. El PT se equivocó al apoyar la reelección de Rousseff en 2014, cuando ya se sabía que iba por mal camino, y se equivoca ahora al amarrarse a Lula como única salida.

Es cierto que Lula es el político más popular del país y lidera todas las encuestas para 2018 –30 por ciento de la preferencia de los votantes en la primera vuelta–, aunque la probabilidad de que confirmen su sentencia y lo inhabiliten para participar en las elecciones es alta. Pero incluso estando acorralado, Lula no dejaría de ser una piedra en el camino de la oposición. El antiguo líder sindical podría recrear su aura de mártir político y convencer a los brasileños de que lo pusieron preso para impedirle volver a la presidencia. Para sus adversarios lo mejor sería verlo rechazado por los electores. Así, guillotinan el mito.

Es normal que el PT quiera salvar a Lula, su estandarte, pero pierde el chance de capitalizar la impopularidad de Temer –con 93 por ciento de rechazo– y de presentar a un nuevo líder para una masa de seguidores que es todavía muy grande: sorprendentemente, después del juicio político a Rousseff y de las denuncias contra Lula, el PT tiene el 18 por ciento de la preferencia de los votantes, la mayor entre todos los partidos. Principalmente porque, en este momento, los otros candidatos progresistas –el radical Ciro Gomes y la ambientalista Marina Silva, ambos exministros de Lula– no tienen la capacidad de dirigir a la izquierda.

Nadie sabe cuántos decapitados más dejará Lava Jato hasta la próxima elección, pero la condena de Lula sabe a comienzo del fin. La investigación ha llegado a su clímax, porque ya no puede caer nadie más grande que Lula. Si rueda la cabeza de Temer, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien también es investigado. En una protesta reciente, manifestantes proyectaron contra el congreso un mensaje luminoso que decía “Fuera, Maia”. Era una forma sofisticada de pedir su cabeza por adelantado. Como dijo el politólogo Marcos Nobre en una entrevista reciente, “la política ha perdido el control de la política” y “cada vez que la mesa se sostiene otra vez en cuatro patas, la Lava Jato patea una”.

¿Entonces cómo retomar el control de la política? Esa sería una misión de los partidos, pero están demasiado ocupados intentando salvar a sus antiguos dueños. El próximo líder capaz de proponer una agenda de unión no será como Lula, acosado por Lava Jato, ni alguien de la vieja clase política que, como Temer, empuje al país hacia el pasado. Para que ese político tampoco sea un oscuro aventurero, la sociedad debe no solo dejar de apostar por políticos que tengan una guillotina sobre su cabeza, sino pregonar qué agenda quiere para que los partidos busquen entre sus nuevos cuadros quien pueda responder al llamado.

Carol Pires es reportera política y colaboradora regular de The New York Times en Español. Vive en Río de Janeiro.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *