Volvieron a las calles de Brasil, por cientos de miles, el 15 de marzo, como en junio del 2013. Pero no es la misma calle, aunque la corrupción política sigue siendo el centro de la protesta. No es la misma calle por lo que piden ni por quienes lo piden. Piden la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), reelegida en octubre pasado. Piden menos intervención del Gobierno, menos impuestos, menos sistema público, más privatización económica. Y piden un cambio del sistema político, incluyendo a todos los partidos en la corrupción, aunque algunos sectores salvan a Aécio Neves, derrotado opositor de Dilma Rousseff. En una franja minoritaria del movimiento hay llamamientos a un golpe militar como única forma de salvar a Brasil de los políticos. Paradójicamente, al tiempo se denuncia el autoritarismo de un Estado bolivariano y se llama a la protesta fuera de las instituciones.
No son los mismos. Los principales núcleos de las redes sociales de las movilizaciones del 2013 son poco activos. Según el análisis de tráfico en las redes durante la protesta realizado por el especialista Marcelo Branco, hay una clara polarización entre dos grupos, el de la protesta anti-Dilma, apoyado en los principales medios, y los defensores de Dilma, fieles al Partido de los Trabajadores, minoritarios. Los que convocaron las manifestaciones del 15 de marzo representan una abigarrada amalgama de intereses e ideologías apoyados por algunos de los diputados más corruptos. Entre ellos están Vem Pra Rua, defensores del Estado mínimo y opuestos a la bolivarización de Brasil; Revoltados On Line, abiertamente fascistas, racistas y homofóbicos, partidarios de un golpe; el diputado Bolsonaro, militar que preconiza la vuelta a la dictadura; el pastor Silas Malafaia de la influyente Asamblea de Dios; el conservador PPS de Roberto Freire; Aécio Neves, el excandidato presidencial del PSDB, y el grupo que pareció tomar la iniciativa del 15 de marzo, el Movimento Brasil Livre, creado en la red pero muy activo en las manifestaciones. Este grupo, predominantemente formado por profesionales y estudiantes, se relaciona con el Instituto Liberal, un think tank empresarial, apoyado por grandes empresas nacionales y extranjeras, entre las que se dice está la petrolera de los hermanos Koch, matriz del Tea Party en Estados Unidos. Este movimiento articula una propuesta de liberalización económica, como expresa uno de sus jóvenes líderes, el estudiante de 19 años Kim Kataguiri que idolatra a Milton Friedman. Quién podría imaginarse las tesis de Milton Friedman voceadas en la calle por jóvenes estudiantes… Claro que el liberalismo económico no está reñido con las llamadas a los militares: recuerden la conexión entre Pinochet y los Chicago Boys.
Tampoco son los mismos participantes en las manifestaciones del 2015 que los del 2013. En São Paulo, un 72% nunca se había manifestado antes. El 68% eran de clase media, y el 19%, de clase alta. En Porto Alegre eran más del 80% blancos, más del 65% con estudios universitarios, y tres cuartas partes sin ningún parado en la familia. Y, en su conjunto, menos jóvenes (25 a 44 años) que los del 2013. Es una revuelta de clase media urbana, tirando a alta, contra el estatismo y la política corrupta.
En realidad el detonante del movimiento ha sido la revelación de la corrupción sistémica de la política brasileña a raíz de la investigación sobre la utilización de la empresa nacional Petrobras por los políticos de todos los partidos. De todos, aunque la ira se centra en el PT actualmente en el Gobierno. De los imputados, sólo seis son del Partido de los Trabajadores (incluida Gleisi Hoffmann, mano derecha de Dilma), uno del PSDB, siete del PMDB (partido bisagra de todos los gobiernos) y treinta y uno del ultraderechista PP. Pero ha quedado claro que en todos los gobiernos Petrobras contrataba a las empresas a cambio de comisiones del 3% que iban a los partidos en el poder y al bolsillo de los intermediarios. Los hombres clave son los recaudadores (tipo Bárcenas) de cada partido, funcionando fuera del Gobierno pero bajo protección. El sistema político en su conjunto siempre ha sido podrido. En la dictadura las comisiones eran del 20%, Collor de Mello robó, y todos los gobiernos han tenido sus escándalos porque como ningún presidente puede tener mayoría en el Congreso se tienen que comprar apoyos, en puestos y en pagos. El PT es más castigado porque se ofrecía como alternativa a la corrupción. Y porque llueve sobre mojado: el primer gran escándalo de Lula (el mensalão) fue de su primer ministro y jefe del aparato del PT, José Dirceu, que fue a la cárcel por sus manejos y aun así creó luego una consultora y se sospecha que siguió en la mismo, para el partido y para él.
Dilma, que es limpia, parece impotente para cambiar el sistema. En parte porque no es del núcleo fundador del PT (vino del PDT de Brizzola). Y en parte porque no tiene suficiente fuerza para exponer las miserias de un partido que no parece dispuesto a dejar el poder, como demostró su salvaje campaña de mentiras que acabaron con Marina Silva cuando iba delante en las presidenciales. La presidenta acaba de presentar un paquete de medidas contra la corrupción (Blog.planalto.gv.br). Pocos confían en su aplicación efectiva. Y es que el problema es sistémico. Perdida la protección de la bonanza económica de los últimos años, la paciencia de los brasileños se acabó. Y el descontento, en una extraña mezcla de neoliberalismo y militarismo, se expresa fuera de las instituciones, en las redes y en las calles, como todas las movilizaciones de nuestro tiempo, cualquiera que sea su origen y su ideología. Porque la sociedad es diversa y sale a la calle, en su diversidad, cuando no hay otros canales de participación.
Manuel Castells