Las diversas y contradictorias votaciones en la Cámara de los Comunes sobre el Brexit reflejan la esquizofrénica guerra incruenta entablada en la sociedad británica y la movilidad del voto de sus diputados, cualquiera que sea su partido, sin una rígida disciplina de voto.
El 9 de enero, votos de diputados conservadores, laboristas y nacionalistas galeses y escoceses, verdes y liberales obligaban a la primera ministra, Theresa May, a presentar un Plan B en caso de una votación negativa en el Parlamento británico, como sucedió el pasado martes. Aquella primera votación permitió confirmar que habría al menos esa mayoría para rechazar el Acuerdo de retirada del Reino Unido, de noviembre pasado, negociado con la UE. Se esperaba un 55 % de rechazo al texto pactado;pero finalmente éste superó los dos tercios de los Comunes. Porque votaron juntos -de forma contradictoria, de nuevo- diputados de todos los partidos, y tanto los partidarios de la retirada de la UE a cualquier precio como los partidarios de un segundo referéndum.
Lo que explica la histórica derrota del Gobierno de May es que para unos y otros el proyecto de Acuerdo de retirada es el fin de sus aspiraciones. Con esta votación juegan con el tiempo: los brexiteros, con este caos, propician ante la llegada inexorable del 29 de marzo el no acuerdo o retirada salvaje, sin ataduras ni compromisos, sublimado en la mentira sobre el espléndido aislamiento del siglo XIX que no fue ni lo uno ni lo otro. Y los partidarios de permanecer necesitan parar la retirada y tiempo para que cuaje su razonable deseo de un segundo referéndum.
Después del plebiscito de junio de 2016, los británicos se tomaron casi un año para formalizar su deseo de retirada. Creíamos que habían trabajado duro y seriamente para negociar sabiendo lo que la UE tenía derecho a exigir. El realismo de Bruselas se hizo dueño de la situación y les recordó sus problemas olvidados, como la frontera entre el Ulster y la República de Irlanda. Tanto la UE como el Reino Unido parten de la exigencia compartida de que no haya frontera en Irlanda, pero preservando el mercado interior sin una grieta que lo contamine y descontrole en su favor. No hay divorcio con coste cero.
Es cierto que todo el debate y la toma de posiciones cambiantes es en torno al Acuerdo de retirada y no sobre la relación futura, que será un capítulo posterior cuyo punto de partida se producirá siempre después del 29 de marzo de 2019. Pero no está desligado pues, si como es previsible, la negociación sobre la relación futura se demorase por su complejidad y diversidad de intereses, entonces el periodo transitorio en relación con la frontera norirlandesa podría verse prorrogado más allá del 31 de diciembre de 2020. Sin fecha cierta de fin, podría perennizar la sujeción del Reino Unido a la unión aduanera y mercado interior de la UE hasta el acuerdo de relación futura.
Luego lo que quiere el Reino Unido es un anticipo a cuenta del marco general de relación futura para hacerles digerible su propia decisión de retirada. Chantaje inaceptable al que no se deben prestar los Veintisiete. La promesa creíble de la UE es que esa relación será lo más estrecha posible, como decía la carta de Juncker previa a la votación del Acuerdo de retirada.
Las votaciones y las movilizaciones en la calle, el caos, demuestran que las condiciones políticas para aprobar el Acuerdo negociado no se dan. Las extrañas votaciones en la Cámara de los Comunes muestran que los británicos aún no saben lo que quieren ni cómo solucionar sus propios problemas.
Pero esos cambios difícilmente pueden venir de la UE, más allá de aclaraciones elementales y buenos deseos de una no lejana regulación de la relación futura. Es el Reino Unido quien quiere la retirada, no la UE. Londres nunca ha sabido cómo consumar la retirada ni sus consecuencias. La UE ha negociado de forma unida para una retirada ordenada que minimice daños de un lado y otro. Pero la división en el Reino Desunido (con permiso de Felipe Sahagún) nos ha devuelto a la casilla de salida de junio de 2016 tras el referéndum.
Ya quedan pocas alternativas al Acuerdo ordenado. El escenario más indeseable es el más probable por la tozudez de May y del líder de la oposición laborista. Reino Unido no ha cuantificado las alternativas y caben votaciones diversas que podría propiciar el comité parlamentario del Brexit en estos días. Sólo sabemos que 202 diputados apoyan el Acuerdo actual, menos de un tercio del Parlamento británico y que no puede salir adelante sin cambios.
A fin de facilitar el Plan B que May debe presentar y ser votado este mes de enero, sería deseable saber qué quieren los diputados británicos y hasta dónde están dispuestos a llegar: primero, cuántos son partidarios de la ruptura salvaje, porque no lo sabemos y daría certidumbre al caos. O qué complemento aceptable hay al acuerdo de retirada para ellos y la UE (Plan B). Tercero, si no hay Plan B de momento, cuántos apoyarían la solicitud de prórroga de tres a cuatro meses del art. 50 (lo que es factible y legal -previo acuerdo unánime de los 27 Estados- siempre que no supere los cuatro meses por el efecto en la composición del Parlamento europeo). Este tercer escenario se debería abrir si no hay apoyo al Acuerdo de retirada aclarado. Incluso se debería saber cuántos diputados apoyan un segundo referéndum. Habría así luz para optar por un camino sin multiplicar el caos.
Este caos lo fomenta una primera ministra aferrada al no es no logrado mediante las mentiras masivas en el referéndum de 2016. Y un inepto líder de la oposición laborista que, despreciando la democracia en su partido, se niega, además, a escuchar a los sindicatos que desean un segundo referéndum. Una decisión como la retirada que condiciona el futuro de generaciones de británicos -y ahora que conocen las consecuencias de tal decisión- no se aparta de la idea de "honrar la voluntad popular" como dice May. Por ello, pedir su confirmación a la vista de la guerra incruenta en la Cámara de los Comunes y en las calles británicas es razonable y proporcionado. Muchas decisiones hay que tomarlas en la política y el derecho en dos tiempos para confirmar la voluntad de un ente. Un segundo referéndum es una salida honorable y democrática para dirimir la cuestión entre la retirada salvaje, la retirada ordenada y la permanencia.
Para conectar con la voluntad popular a la que todos quieren honrar se necesita algo de tiempo. Prorrogar el vencimiento de la notificación de retirada por unos meses es una vía que permite bien encontrar una interpretación que aclare los efectos del Acuerdo de retirada, bien iniciar la tramitación de una ley que permita un segundo referéndum.
El Reino Unido, político y pueblo, sabe ahora que el Brexit, además de consecuencias económicas y sociales, significa que ese Estado pasará de ser un actor líder con capacidad de contrapeso muy fuerte y de ser legislador como Estado miembro de la UE a ser relegado a un tomador de reglas como país tercero. Un destinatario de normas sin capacidad de control del proceso regulador. En esa tesitura se comprende que bastantes diputados conservadores y del resto de partidos apoyen el segundo referéndum.
Si no hay extensión del plazo de vencimiento o una reinterpretación que convenza a los diputados británicos, vamos a la retirada salvaje. Sólo hay esos tres escenarios. Y uno muy claro que llega por mero transcurso del tiempo en dos meses sin hacer nada (el no acuerdo, retirada salvaje).
La UE defiende la necesidad de una retirada ordenada y de ayudar a Londres en ese sentido. Pero no caben concesiones mayores sin romper un mercado interior integrado y la fortaleza futura de la Unión. El destino debería estar en manos del pueblo británico.
Araceli Mangas Martín es Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM.