En sus negociaciones con la Unión Europea por las relaciones comerciales post-Brexit, el gobierno británico se ha empecinado en sus demandas de plena soberanía. En el futuro, quiere determinar todas las reglas sobre seguridad, medio ambiente, salud, derechos de los trabajadores y subsidios a empresas británicas sin ninguna interferencia de la Comisión Europea.
Eso está bien. Insistir en el derecho a discrepar con las reglas de mercado interno de la UE está en plena sintonía con el significado de soberanía. El problema es que el gobierno británico también pretende mantener el acceso del Reino Unido a ese mercado interno según sus propias reglas. Por ejemplo, quiere el derecho a aplicar sus propias reglas sanitarias a la producción de pollos (permitiendo el uso de cloro) y luego vender esos pollos en la UE, donde rigen reglas diferentes. No importa que la UE también sea una entidad soberana con derecho a decidir e implementar sus propios estándares, y a imponer aranceles a las importaciones que violan sus reglas.
¿Cómo se puede lograr que un trato comercial funcione cuando ambas partes reclaman plena soberanía? Esta postura tiene dos implicancias dominantes para las negociaciones como las que se desarrollan entre el Reino Unido y la UE. Primero, significa que cada parte decide de manera independiente qué leyes aplicará en su jurisdicción. En consecuencia, todas las firmas (incluidas las radicadas en la UE) que venden en el Reino Unido deben cumplir con las leyes del Reino Unido, mientras que todas las firmas (incluidas las radicadas en el Reino Unido) que venden en la UE deben cumplir con la ley de la UE.
La segunda implicancia es que cada parte decide de manera independiente cómo controlará el cumplimiento de las normativas al interior de sus propias fronteras. Las empresas que no cumplen son sancionadas y cada parte es libre de decidir sobre la naturaleza de esas sanciones (prohibir ventas, imponer aranceles y demás). Por lo tanto, las empresas británicas que venden productos en la UE que no cumplen con la ley de la UE enfrentarán las sanciones que la UE haya decidido, y lo mismo es válido para las empresas de la UE que venden en el Reino Unido.
Un acuerdo comercial basado en una plena soberanía podría alcanzarse rápidamente e implementarse sin dificultades. No habría necesidad de comités conjuntos encomendados con la tarea de negociar las especificidades de cómo se permitirá que diverjan las reglas y regulaciones en ambas jurisdicciones. Tampoco harán falta procedimientos complicados para resolver disputas cuando se observen nuevas divergencias. La toma de decisiones de estos comités normalmente lleva mucho tiempo, y siempre habrá asuntos candentes que desaten un conflicto crónico o casi permanente entre los socios comerciales.
Por el contrario, un modelo de plena soberanía sería relativamente fácil de manejar en el futuro, porque cada lado retendría su poder para identificar divergencias en las reglas y sancionarlas como le parezca conveniente. Por supuesto, una vez que se concluya un acuerdo de este tipo, sería difícil, si no imposible, evitar desenlaces asimétricos en el futuro, debido al hecho de que el mercado interno de la UE es el más grande del mundo.
Esta asimetría casi invariablemente conducirá a lo que se conoce como el “efecto Bruselas”. Las empresas del Reino Unido cumplirán de buena gana con las reglas de la UE por iniciativa propia, para beneficiarse del acceso al mercado europeo. No hacerlo resultaría en grandes pérdidas, ya sea por sanciones por incumplimiento o por entregarle ese porcentaje del mercado a los competidores. Por el contrario, el mercado del Reino Unido es relativamente pequeño. Desde la perspectiva de las empresas de la UE, abandonarlo podría derivar en algunas pérdidas; pero éstas perderían relevancia en comparación con las sufridas por las empresas británicas que pierden acceso al mercado de la UE.
Esta asimetría ejercerá una presión significativa en los futuros gobiernos del Reino Unido para alinear sus leyes con las de la UE –no sólo en el corto plazo sino indefinidamente-. Aunque el gobierno actual del Reino Unido está decidido a resistir esta presión, su postura cada vez más colocará a las empresas británicas en una desventaja competitiva. Ante la necesidad de producir para el mercado británico según las reglas del Reino Unido, y para el mercado (mucho más grande) de la UE según las reglas de la UE, sus costos de producción aumentarán. Tarde o temprano, el gobierno británico se vería obligado a admitir la realidad.
Si bien en las negociaciones actuales entre la UE y el Reino Unido muchas veces ha imperado la mala disposición y hoy es probable que se extiendan más allá del plazo límite, seguiría siendo fácil llegar a un acuerdo comercial basado en una interpretación estricta de la soberanía. Con el tiempo, el efecto Bruselas de todos modos pondría a las leyes del Reino Unido en línea con las leyes de la UE. No hay ninguna necesidad de intentar forzar las cosas hoy. El látigo del mercado se encargará de hacerlo.
Paul De Grauwe is Chair of European Political Economy for the European Institute at the London School of Economics.