Por Antonio Gutiérrez Vegara, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso (LA VANGUARDIA, 01/06/06):
El pasado 9 de mayo se firmaba en el palacio de la Moncloa el acuerdo para el empleo entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno. Han tardado casi dos años, pero de nuevo lo han logrado poniéndose de acuerdo en el objetivo fundamental para hacer frente al reto más importante que tiene la economía española: mejorar la productividad para ganar competitividad.
Siempre es más difícil conciliar los distintos intereses en aras de un objetivo estratégico común que concertar contrapartidas para sortear una coyuntura. Haberse puesto de acuerdo en la inaplazable necesidad de coadyuvar al cambio de modelo de crecimiento y competitividad, que ya auspiciara el Gobierno socialista con su plan nacional de reformas para incrementar la productividad, debe servir para revalidar la confianza y el gran respeto que merecen los agentes sociales de nuestro país. No es justo que el esfuerzo realizado haya sido infravalorado por algunos que, pidiendo una reforma laboral más profunda, se quedan en la recurrente simpleza de abaratar más los despidos cuando se les urge a desgranar sus propuestas.
La pérdida de competitividad no es consecuencia de un repunte ocasional de los costes laborales que pueda conjurarse con un ajuste puntual. Por el contrario, la excesiva persistencia en un modelo competitivo basado en la ventaja comparativa de nuestros precios y salarios nos ha colocado en una estructural incapacidad para competir en calidad con más valor añadido tecnológico, sin que al mismo tiempo hayamos podido hacerlo con los países emergentes de Europa o de latitudes más lejanas que producen con menores costes. No obstante, los sindicatos y las patronales tampoco se ha desentendido del grave problema que representa nuestro diferencial de inflación respecto de la media comunitaria, ya que han mantenido los criterios para la negociación colectiva de los últimos años basados en la moderación salarial para dar prioridad al fomento y mejora de los empleos.
Retomando el enfoque de los acuerdos Interconfederales de 1997, torpedeado por el gobierno del PP con su reforma decretada unilateralmente en marzo del 2001, se ha convenido ampliar el contrato estable para fomento del empleo (con una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente) a los colectivos laborales con dificultades de inserción laboral que quedaron excluidos en el acuerdo de 1997, cuando se introdujo por primera vez dicho contrato y era comprensible experimentarlo con cautela. En congruencia con el objetivo de reducir la temporalidad injustificada, los empresarios se han comprometido a convertir en fijos de plantilla a las personas contratadas eventualmente durante 24 meses a lo largo de los últimos 30 meses, y el Gobierno aporta una considerable cantidad de recursos para favorecer estas mutaciones hacia la mayor calidad de los empleos con reducciones en las cotizaciones sociales e incentivos directos que pueden rondar los seis mil millones de euros. Es decir, el Gobierno está dispuesto a realizar un mayor esfuerzo a favor del empleo y en la lucha contra la precariedad laboral que con la reforma fiscal, cuyo coste estimado no rebasará los cuatro mil quinientos millones.
Tampoco deben olvidarse los acuerdos parciales y otras iniciativas que se han puesto en marcha durante estos dos últimos años, pues aparte de que se abundaría en la falsa impresión de que en este periodo de diálogo social no se ha producido nada hasta llegar al gran acuerdo del 9 de mayo, se perdería de vista que este último será más eficaz precisamente por venir precedido de aquellas otras. Desde la solución dada al salario mínimo interprofesional hasta la ley de Dependencia, pasando por la de Igualdad o las cien medidas para la mejora de la productividad contenidas en el citado Plan Nacional de Reformas, son hitos en el camino del diálogo social desde el inicio de la presente legislatura y, lo que es más importante, conforman un compendio de actuaciones coherentes en un momento muy oportuno. Ahora que acaban de notarse algunos síntomas de recuperación de nuestras exportaciones y la economía europea parece remontar gracias, entre otros factores, al nuevo brío que se observa en Alemania, es alentador contar con esta renovada conjugación de esfuerzos e ideas entre las fuerzas sociales y los poderes públicos.