El 11 de abril Nayib Bukele, presidente de mi país, El Salvador, tuiteó un video con un extracto de 22 segundos de una entrevista que me realizó un medio europeo. El video fue acompañado del mensaje: “Esta basura, sobrino de un genocida, dice que: ‘Las pandillas cumplen un rol social NECESARIO (en) El Salvador’ y que ‘si quitás a las pandillas habría una crisis social’ ya que ellos ‘CUMPLEN UNA FUNCIÓN’. Estos son los REFERENTES de la ‘comunidad internacional’. Absurdo”.
El mensaje del presidente fue seguido de decenas de comentarios de diputados, funcionarios y líderes de opinión afines al régimen. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, diputado por el partido bukelista Nuevas Ideas, también me dedicó varios mensajes en donde no solo me llama basura, sino que me acusa de ser parte del problema de seguridad ya que, según él, uso a las pandillas para recibir fondos internacionales.
Bukele y su coro escriben estos mensajes en medio de una de las coyunturas más difíciles que ha tenido mi país en la última década. Como respuesta a un incremento masivo de asesinatos por parte de las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó el 26 de marzo un régimen de excepción que anula varios derechos constitucionales, entre ellos a la presunción de inocencia y una defensa legal, y amplía la prisión preventiva hasta 15 días. Es decir, un policía o un soldado puede apresar a una persona y mantenerla en condiciones de hacinamiento e insalubridad por dos semanas, sin derecho a un abogado o a que se le considere inocente. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Además, el 5 de abril se aprobó también una reforma al Código Penal y a la Ley de proscripción de maras y pandillas, lo cual dejó como resultado una “ley mordaza” que prohíbe la “reproducción o transmisión de mensajes o comunicados” que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Las penas por faltar a esta ley van de 10 a 15 años de prisión. Es tan ambigua que la sola mención de estos grupos en un material periodístico, o la sola publicación de la portada de un libro en donde aparezca un símbolo pandillero, pude llevar a su autor o distribuidor por 15 años a uno de los sistemas penitenciarios más caóticos y peligrosos de la región.
La ola de ataques hacia mí se dio un mes después de haber publicado un serial de tres entregas donde explico la situación de la pandilla MS13 en América Central y algunos de los vínculos, tanto políticos como empresariales, de esa estructura en el norte centroamericano.
A los 15 minutos del mensaje de odio que me dedicó el presidente Bukele, empezaron a llegarme las primeras amenazas de muerte. Luego varios diputados pidieron directamente mi captura a la Fiscalía General de la República y al fiscal. Las acusaciones del oficialismo llegaron a tal grado que pasaron rápidamente de llamarme colaborador a señalarme como pandillero y, luego, a ubicarme como vocero e incluso líder de la MS13.
La escalada fue tan abrupta que en dos horas recibí la llamada de una de mis fuentes: una persona que nunca ha pertenecido a pandillas, pero vive en un lugar controlado por el Barrio 18. Le pidieron a él y a su familia abandonar su colonia por asociarle conmigo. De no obedecer, le dijeron, los matarían. En 120 minutos ya el mensaje del presidente había puesto en riesgo a una familia. A las 24 horas ya eran dos las familias condenadas a errar por El Salvador, sorteando la muerte en una trashumancia sin garantías. Un tuit y ocho personas huyendo.
En 11 líneas el presidente y sus seguidores condenaron mi trabajo, pusieron en riesgo a mis fuentes y colocaron una diana peligrosa sobre mi cabeza al meterme en esa categoría —que tan bien han construido— de “enemigo del pueblo”. Bukele me convirtió en un pandillero.
No solo se trata de mí. De ahora en adelante cualquier periodista, académico, fotógrafo o ciudadano que informe u opine de manera pública sobre el tema de pandillas, y que contradiga la narrativa oficial, se expone a 15 años de prisión. El concepto de “zozobra” que existe ahora en la ley, y la posibilidad de generarla en la población, queda a discreción del bukelismo.
La necesidad de silenciarnos es una apuesta tan importante para Bukele que, en este momento, se castiga con más años el ejercicio informativo que la violación (de seis a 11 años), y entra dentro del rango del genocidio (10 a 25) y el homicidio simple (10 a 20 años). La construcción de la categoría de pandillero es ahora una prerrogativa del Estado, y un saco enorme en el que ahora mismo están metiendo a cualquier voz incómoda que ponga en peligro la narrativa falsa del presidente.
En poco tiempo mi trabajo, el de mis hermanos Carlos y Óscar, periodistas del sitio El Faro, y el de decenas de periodistas y académicos ha quedado proscrito. La labor de investigar en territorios controlados por las pandillas y entrevistar a miembros de estas estructuras para comprender y explicar los procesos de violencia, ha quedado prohibido de forma indefinida.
Con el paso del tiempo, y con la consolidación del autoritarismo, es más difícil hacerse escuchar en El Salvador. Las posturas incómodas para el poder se ven cada día más ahogadas por el mar de alaridos oficialistas, y cada vez será una tarea más difícil hablar también hacia afuera. Por eso quisiera dirigirme a aquellos, tanto fuera como dentro del país, que aún están interesados en escuchar.
A mis lectores, a quienes me debo, les digo que encontraremos la forma —el periodismo lo hará— para seguirles explicando, lo mejor que se pueda, esos procesos violentos, complejos y profundos que adolecen ustedes día con día. La verdad buscará su propio camino. Confíen en un gremio comprometido, que no se asusta fácilmente.
A los amigos de afuera y la comunidad internacional en general, les pido que no nos dejen solos. El autoritarismo que hoy vive en nuestra casa pronto podría tocar sus puertas.
A Bukele: es cierto, mi tío Roberto d’Aubuisson ha sido probablemente una de las figuras más violentas y dañinas para el país. Un genocida, como usted mismo lo dijo. Pero a la familia no la escogemos. Sí escogemos a la gente que nos rodea y las ideas que defendemos. Usted ha decidido rodearse de una turba de aplaudidores y corruptos, y defender el autoritarismo, el hermetismo y la violencia como forma de gobierno. Yo me quedo en esta orilla, rodeado de una generación de periodistas e investigadores valientes y honestos, defendiendo el derecho de las y los salvadoreños a saber qué hacen los poderosos con el poder que les dieron. Yo, presidente Bukele, me quedo con los míos, me quedo del otro lado.
Juan Martínez d’Aubuisson es antropólogo sociocultural salvadoreño. Estudia el fenómeno de las pandillas desde 2009 en el norte centroamericano. Es autor de libros y artículos académicos.