Burundi: de la memoria del genocidio a la gestión del refugio

Mientras la Unión Europea se quiebra políticamente por la gestión de su propia mal llamada crisis migratoria, 65 millones de desplazados forzosos en todo el mundo luchan por sobrevivir en unas duras condiciones de vida. Burundi, un país de apenas 11 millones de habitantes, y con un territorio algo menor al de Bélgica, es el noveno país del mundo, según datos de UNHCR, que más desplazados forzosos produce. Las historias de estas personas obligadas a salir de sus hogares parten de la memoria y de las consecuencias del genocidio. Hombres con cuerpos abrasados porque un día sus casas fueron prendidas por pertenecer a una etnia que no correspondía, mujeres violadas con brazos lacerados a golpe de machete que apenas tienen movilidad suficiente como para llevarse el cubierto a la boca. Estas y otras muchas historias son la realidad de los refugiados burundeses que viven por segunda vez, en poco más de 20 años, una salida forzosa de sus hogares.

Burundi vivió durante 12 años una de las guerras civiles más cruentas de la historia de África. El genocidio étnico, que llegó a su fin tras la firma de distintos acuerdos de paz en 2005, produjo el movimiento forzoso de centenares de miles de refugiados y más de 200.000 muertes. Veinte años después, unos 630.000 burundeses, según cálculos de  UNHCR, vuelven a verse obligados a salir de sus hogares. Cerca de 430 mil personas están asentadas en cuatro países vecinos: Tanzania, Rwanda, República Democrática del Congo y Uganda. Aquellos con más recursos económicos han podido marchar a Europa, Estados Unidos o Canadá. Aunque también los hay en otros países del continente africano como Kenia o Mozambique. A estos habría que sumarles los cerca de 200.000 desplazados internos forzosos que se estiman dentro de Burundi.

El motivo de este desplazamiento es claro, huyen de la situación política, la persecución sistemática y el uso indiscriminado de la violencia contra la oposición y contra todos aquellos que, según el gobierno, la apoyan. Los avances democráticos logrados tras la guerra civil se están deshaciendo rápidamente por la política autoritaria y represiva del gobierno de Burundi liderado por Pierre Nkurunziza, como ha reportado Freedom House. De hecho, en septiembre de 2017 la Comisión de Investigación sobre Burundi, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un año antes, pedía a la Corte Penal Internacional investigar lo que la Comisión entiende como potenciales crímenes contra la humanidad. Pocos días después, el 27 de octubre, el gobierno de Burundi se apresuraba a anunciar formalmente su salida del Estatuto de Roma.

Conocer los horrores que están viviendo en estos momentos las víctimas de una persecución por motivos políticos no puede dejar impasible a nadie. UNHCR publicó en septiembre de 2017 un texto que merece la pena ser revisado para conocer algunas de las atrocidades que se están cometiendo en este país desde 2015: niños mutilados, mujeres violadas, jóvenes acuchillados. La violencia campa a sus anchas por todo el país y las ejecuciones se producen de forma sistemática. En este contexto, los que pueden huyen. Aún así no están a salvo. Múltiples son las crónicas acerca de los asesinatos que se están produciendo en los países vecinos por incursiones de las milicias instauradas por el Presidente Nkurunziza. Asesinatos que en muchas ocasiones se producen en los propios campos de refugiados en el exterior.

Toda esta situación extrema revela dos graves crisis que se solapan y se entremezclan, y que exigen una respuesta inmediata. La primera de naturaleza política. La segunda de carácter humanitario. En estos momentos la Corte Penal Internacional tiene el caso de Burundi en sus manos, pero sin una insistente presión por parte de la diplomacia internacional y la agitación activa de los opositores en el exterior (diáspora en occidente mayormente) será difícil que veamos pronto a Nkurunziza expulsado del poder y encarcelado por sus crímenes. Esto resolvería a medio o largo plazo la primera de las crisis, y con suerte parte de la humanitaria.

Más de 450 mil refugiados burundeses viven en condiciones deplorables fuera de su país. Huyen de uno de los territorios más pobres del mundo hacia países que apenas pueden responder a sus necesidades más básicas, y en buena medida porque la mayoría de sus habitantes sobreviven con menos de un dólar al día de media. A pesar de ello algunos de los países receptores están realizando un esfuerzo significativo para acoger a decenas de miles de estos refugiados y ofrecerles unas condiciones de vida mínimamente dignas. Tan solo un ejemplo: en uno de los campos de refugiados más grandes del mundo (Mahama Camp), con más de 70.000 personas, nadie vive en una tienda de campaña o en un container, sino que el gobierno ruandés promovió hace un año la construcción de viviendas para cada una de las familias asentadas allí. Con el apoyo de UNHCR, de diferentes agencias de cooperación internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, todos tienen un hogar.

Refugiados sí, temporales ojalá, pero con dignidad. Bajo esta filosofía algunos de los gobiernos próximos a Burundi están acogiendo a cientos de miles de personas que han huido de su país. A ellos habría que sumar el papel de grandes ONGs y especialmente de la sociedad civil que trabajan bajo la máxima de que el refugiado debe permanecer en el centro de la gestión. Como europeos que se enfrentan en condiciones mucho más favorables a una reducida parte del problema, ésta y otras experiencias deberían hacernos reflexionar sobre cuáles son nuestros compromisos con la comunidad internacional y con los derechos humanos. La probada ineficacia en la gestión del fenómeno dentro de nuestras fronteras es un claro reflejo de ello.

Elena Sánchez-Montijano, investigadora sénior, CIDOB

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