Cadena de mando

Los representantes de la Nación, reunidos en Versalles como Asamblea Nacional Constituyente, aprobaron el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El artículo 16 proclamaba: «Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución».

230 años después tenemos que recordar lo que significa. La Constitución marca la frontera entre la civilización y la barbarie. Es la norma con la que la nación asegura la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y la principal garantía es la división de poderes. Quien mejor lo expresó fue, sin duda, Locke. Víctima de la intolerancia, Locke consideró que sólo se podía renunciar a las «libertades naturales» en favor de un Estado en el que los poderes estuvieran divididos porque sólo así, a diferencia de la monarquía absoluta, habrá juez y recurso de apelación a alguna persona que «justa e imparcialmente y con autoridad pueda decidir, y de cuya decisión pueda esperarse consuelo y compensación por algún daño o inconveniencia sufridos por causa del príncipe o por lo que él ordene».

La separación de poderes no es una mera disposición organizativa del poder. Es una solución ingeniosa de protección de las libertades. No es dividir por dividir; es dividir para que el poder no sea tan absoluto que sacrifique los derechos de los ciudadanos. Nuestra Constitución participa de estas ideas; establece mecanismos para frenar la tentación de los gobernantes de sacrificar la división de poderes y, en consecuencia, amenazar la libertad. La eterna tentación del poder de ser más poder. La arrogancia de los gobernantes de no admitir límites. El poder siempre quiere ser más poderoso. Si no hay controles efectivos, la arrogancia se convierte en atropello, en sacrificio de los derechos. Es inevitable. La inevitabilidad de la naturaleza humana. Fukuyama explica la «propensión natural humana» que nos hace ser solidarios sólo con aquellos con los que compartimos parentesco. Es la solidaridad estrecha de la que también nos alertaba Nussbaum. La consecuencia es la tiranía respecto de los que no forman parte del núcleo de la solidaridad. El patrimonialismo del que nos habla Fukuyama sólo puede ser corregido mediante las instituciones, como el principio de legalidad, y la educación, para transmitir una cultura de tolerancia, respeto y libertad.

Lo que más me alarma de las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones sobre la Fiscalía no es lo dicho, con ser grave, muy grave, cuanto el cómo lo ha dicho. Las circunstancias, el agotamiento, el estrés permitieron que saliese el «yo profundo» del candidato Sánchez. Lo cree y firmemente, que la Fiscalía obedece, sigue sus órdenes. El desarrollo de la entrevista, la secuencia de pregunta y respuesta arroja, con notable claridad, qué es lo que piensa. Este periódico lo recogía fielmente. Podemos leer: «‘¿Es que la Fiscalía de quién depende?’», ha preguntado Sánchez al entrevistador tras recordar la iniciativa del Ministerio Público para reclamar de nuevo la entrega de los huidos por medio de euroórdenes. ‘¿De quién depende?’, ha insistido. Después de que el entrevistador respondiera que ‘del Gobierno’ –que es quien elige al Fiscal General–, el presidente ha soltado un ‘pues ya está’».

La Fiscalía depende del Gobierno, esto es lo que opina el candidato. Y lo afirma con convicción. La expresión de su rostro es «el espejo del alma». Un primer plano que muestra una sonrisa sardónica, suficiente, arrogante dirigida a su entrevistador; dirigida a todos. «Pues lo estamos haciendo» y «ya está». Ese «ya está» pasará a la historia negra de nuestra democracia. El poder muestra su «yo profundo». Lo estamos haciendo y ya está. Se hace porque ordeno y mando. Y ya está.

Los fiscales han reaccionado con premura y elocuencia. Han recordado el abc de su estatuto jurídico y constitucional. Por un lado, «la Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad» y, por otro, que «no cumple órdenes del Gobierno». Hay una confusión notable entre el nombramiento del Fiscal General del Estado y el funcionamiento de la Fiscalía. Que aquél sea nombrado por el Gobierno, no lo convierte, o no debería convertirlo, en un instrumento bajo las órdenes del Gobierno. Aún menos, por su intermediación, que se incumpla lo que dispone el artículo 124 de la Constitución: «el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».

El esquema mental y político del candidato es claro: si yo te nombro, tú me obedeces y si tú me obedeces, todos los demás que a ti te obedecen, igualmente me obedecen. ¿En qué queda lo que dispone la Constitución? ¿La sujeción a la legalidad y a la imparcialidad? En nada. Porque es la obediencia personal la que da sentido a todo lo demás. Es otro ejemplo más de la patrimonialización de las instituciones públicas al servicio de los partidos. Y el cauce es el nombramiento. Es el esquema que vemos repetido en otras instituciones. El nombramiento (político) es el primer eslabón de una cadena de confianza que transmite los deseos del líder-partido político hasta el último eslabón para su ejecución porque se viven como órdenes a cumplir con fidelidad y premura. Y volvemos al comienzo, se reconstruye la unidad del poder; se rehace aquello que los primeros liberales querían evitar: el Estado absoluto. ¿De qué garantías disfrutan nuestras libertades?

Los más felices con estas estrafalarias palabras han sido los secesionistas. Bien que lo han celebrado. La demostración de que España no es una democracia. Hasta su mismo presidente lo ha dicho. Ha afirmado que la Fiscalía, el brazo ejecutor de la persecución penal ante los Tribunales, obedece a sus designios. Los golpistas han recibido el mejor regalo en el peor momento: cuando se inicia la ejecución en Europa de las órdenes de extradición. Se ufanan felices ante los nuevos argumentos que les auguran éxito de sus reivindicaciones ante los tribunales europeos. Una nueva vía de indultos, la extraordinaria de la imposibilidad de la persecución fuera de nuestras fronteras. Waterloo, donde reside el prófugo Puigdemont, se puede convertir en el faro que recuerda, ante Europa, la humillación de nuestra democracia.

Y todo esto coincide, oh casualidad, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a reivindicar la independencia judicial como elemento esencial de la cláusula de Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Así lo ha hecho cuando ha condenado a Polonia por su reforma del Poder Judicial. En la Sentencia Comisión/Polonia (C-192/18), dictada el 5 de noviembre de 2019, el Tribunal ha recordado que «la necesidad de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso equitativo, que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho [sentencias de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartados 48 y 63, y de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 58]».

Y mientras tanto, el presidente-candidato Sánchez presume del «ya está»; el nombramiento de la Fiscal General del Estado crea una cadena de ordeno y mando que sujeta a sus deseos la Fiscalía. Así sucede con las demás instituciones en las que el nombramiento político sientas las bases de la sumisión. La eterna lucha del Estado democrático de Derecho: la pulsión patrimonializadora frente a la fortaleza de las instituciones; la pulsión tiránica y esclavizadora que sigue sin ser sometida. Peligro, mucho peligro. El absolutismo no ha desaparecido, sigue muy vivo.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.

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