Cajas de ahorros: caminando hacia el futuro

Estos tiempos no están siendo buenos para las cajas de ahorros. A lo largo de los tres últimos años han soportado rumores, medias verdades y verdades enteras acerca de su auténtica situación. La intervención de dos de ellas por el Banco de España y las incertidumbres que siempre generan las crisis, han coadyuvado a extender la idea de que todos los males que padece nuestro sistema financiero se derivan exclusivamente de las cajas de ahorros. Esa idea no es cierta conforme a los datos ya conocidos de los bancos españoles, pero ha terminado por calar en mercados y autoridades. Lo curioso es que esta mala valoración de las cajas surge al final de una brillante historia que se inicia con la Real Orden de 1835. Desde entonces, las cajas han ido escalando posiciones en nuestro sistema financiero hasta alcanzar, en los inicios del siglo actual, el liderazgo en la captación de depósitos interiores respondiendo muy bien a las necesidades financieras de la sociedad española.

La excelente trayectoria de las cajas ocultaba, sin embargo, importantes debilidades que han terminado pasándoles algunas facturas. Quizá su primera debilidad haya sido la de sus dificultades para capitalizarse sin poder recurrir al mercado y teniendo que atender con sus beneficios el peso de sus obras sociales, más propias del ámbito público que de entidades privadas. Las cajas se fundaron para cumplir cuatro finalidades claramente definidas en la Real Orden de 1835: para fomentar el ahorro popular; para evitar la exclusión de los servicios financieros a los económicamente más débiles; para luchar contra la usura y, finalmente, para coadyuvar con su actividad ordinaria al desarrollo de sus respectivos territorios, pero no para hacer obras sociales. En la segunda mitad del siglo XIX sus beneficios comenzaron a aplicarse parcialmente a modestísimos premios para fomentar el ahorro entre sus propios impositores, creándose la obra social ya bien entrado el siglo XX y por impulso público, cuando el Estado se impregnó de una ideología asistencial sin recursos suficientes para atenderla. La carga asumida por las cajas sustituyendo al sector público redujo las posibilidades de transformar sus beneficios en reservas al tiempo que, por ser fundaciones, tampoco podían aumentar sus exiguos capitales fundacionales apelando al mercado.

La segunda de sus debilidades se derivaría de la presencia en sus órganos de gobierno de intereses que dificultarían su eficiencia. Esos órganos se habían venido nutriendo con algunas personas relevantes de su entorno y con autoridades locales. En 1977 la reforma de Fuentes Quintana homogeneizó y reforzó esas representaciones distinguiendo entre las cajas fundadas por ayuntamientos y diputaciones y las restantes. Para las primeras la presencia de las corporaciones locales fundadoras estaba bien justificada. Pero para las segundas se propuso que esa presencia pudiera sustituirse por la de «personalidades de reconocido prestigio cultural, científico o profesional dentro del ámbito territorial de la caja». Además se homogeneizó y normalizó la representación de sus impositores, que ya existía en algunas cajas españolas pero que era menos habitual y nutrida que en las restantes cajas europeas. Sin embargo, la ley de 1985, elaborada desde una ideología distinta, sustituyó la representación de las personalidades de la sociedad civil por la de corporaciones locales y comunidades autónomas, logrando que tales representaciones, incluidos sindicatos, llegasen en ocasiones hasta casi un 70% de los derechos de voto en los órganos de gobierno de las cajas. No es de extrañar, por tanto, que algunas de sus decisiones estuvieran más influidas por criterios políticos que por consideraciones económicas.

La tercera debilidad de las cajas provino de su dedicación muy predominante a la financiación de la vivienda. Quizá no podía ser de otro modo porque, al centrar su actividad sobre las familias, se vieron obligadas a atender la primera y más voluminosa necesidad financiera de esas familias que era -y sigue siendo- la financiación de sus viviendas. Pero, combinada esa natural dedicación con los intereses de las corporaciones locales y autonómicas, que vieron en la vivienda una fuente inagotable de recursos fiscales, y con la incapacidad de algunos gestores para evaluar acertadamente los riesgos en que se sumergían, el resultado condujo a un importante descalabro al estallar la burbuja inmobiliaria. Igual ocurrió en los bancos españoles, pese a que no tuvieron esos intereses locales y comunitarios presentes en sus órganos de gobierno.

La última debilidad de las cajas provino de los excesos cometidos en sus carteras de participaciones empresariales, algunas de las cuales arrojaron muy positivos resultados pero otras terminaron siendo ruinosas. Tampoco aquí faltó el impulso de los intereses políticos ni, en ocasiones, el deseo de sus gestores de presentarse brillantemente en sociedad. Algo parecido sucedió también en los bancos.

Hace tiempo que algunos intuimos lo que podía ocurrir con la dinámica inversora de las cajas y su escasez de capital. Por eso, cuando a finales de los años 80 la proporción de capital en relación a los activos en riesgo se convirtió en regla básica de conducta para las entidades financieras, propusimos que las cajas, sin perder su condición de fundaciones, emitieran títulos que ayudasen a su capitalización y diesen entrada a sus titulares en los órganos de gobierno. Pretendíamos así capitalizar las cajas y moderar la influencia de los intereses políticos. Sin embargo, la emisión de esos títulos, denominados cuotas participativas, fue vetada por tales intereses con el argumento de que desvirtuarían la naturaleza fundacional de las cajas y pondrían en peligro su obra social, única finalidad para la que, según ellos, habían sido creadas. La regulación de las cuotas se mejoró en el año 2002, cuando las reglas de capitalización se endurecieron internacionalmente y se necesitaba de más capital para continuar la expansión de los créditos, impulsados por las demandas de sus clientes, las apetencias recaudatorias de los intereses locales y los deseos de grandeza de algunos de sus gestores. Pero entonces aparecieron las llamadas participaciones preferentes, títulos de capital de menor calidad utilizados profusamente por cajas y bancos, más baratos de remunerar y más fáciles de vender y que, al no generar derechos de representación, no ponían en riesgo los intereses ya citados. De nuevo se evitó la emisión de cuotas participativas y su influencia positiva en la gestión de las cajas.

Ahora, debido a las locuras expansivas que dieron origen a la crisis financiera mundial, las autoridades internacionales han decidido que las participaciones preferentes actuales no se computen a efectos del capital nuclear necesario y eso deja a las cajas sin instrumentos para capitalizarse. No les queda, pues, otro remedio que limpiar balances provisionando los activos averiados, reducir estructuras para mejorar resultados, agrupar recursos mediante fusiones frías o calientes y buscar nuevos capitales en donde los haya. Como las cuotas participativas quizá tengan ahora escaso mercado, las cajas necesitarán utilizar bancos como vehículos, emitiendo acciones, que son títulos tipificados y aceptados universalmente. Y abrirán los órganos de gobierno de esos bancos a los inversores que arriesguen sus fondos en la adquisición de tales acciones.

¿Podrán las cajas seguir siendo cajas después de esta transformación? Si sus gestores realmente lo desean, seguirán siéndolo, aunque sus actividades financieras se realicen mediante una sociedad por acciones, es decir, mediante un banco. Bastará para ello -y esa es la condición esencial- con que ese banco siga cumpliendo con las finalidades fundacionales de las cajas, es decir, con que impulse y movilice el ahorro popular; con que trate de paliar la exclusión financiera; con que luche contra precios y condiciones que superen los de libre competencia, que así se manifiesta hoy la usura, y con que, gracias a su normal actividad, coadyuve al bienestar de su territorio. Lo de ser fundaciones o sociedades anónimas no es tan esencial, pero sí lo es el cumplimiento de los fines de las antiguas cajas. Y hay que añadir, primero, que la sociedad española sigue necesitando cada vez más del cumplimiento de esos fines y, segundo, que en ese papel existen márgenes suficientes para que las nuevas entidades continúen manteniendo su liderazgo y sean empresas rentables y, por tanto, atractivas para sus futuros inversores. Todo va a depender, en consecuencia, de lo que deseen y sepan hacer sus gestores. Esa es hoy su mayor responsabilidad frente al futuro y frente al importante acervo institucional que recibieron.

Por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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