Cajas politizadas, y el resto también

Por Manuel Ángel Martín, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Sevilla (ABC, 24/11/05):

EL conocimiento público de la condonación de 6,5 millones de euros al PSC y 2,7 millones a ERC por parte de La Caixa ha vuelto a situar en el primer plano de la actualidad la especial naturaleza jurídica y empresarial de las Cajas de Ahorros y sus conexiones con la política, entendida como conquista y ejercicio del poder por parte de quienes «concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política», es decir, de los partidos políticos. El hecho se incorpora como un ingrediente más a esa olla podrida en que se ha convertido la vida pública española, cuya formulación exigiría sin duda ser abordada desde la complejidad de la dinámica de sistemas. Quiero decir que cada nuevo elemento establece relaciones probabilísticas de causalidad con los demás, que se forman bucles y retroalimentaciones, que la madeja no deja ver ni cabos sueltos, ni principios ni fines.

En la olla se cuece un gran asunto, el llamado modelo de Estado cuya parte mollar está constituida por un Estatuto catalán que traerá detrás las recetas aplicables al vasco, al gallego y luego a todos los demás. En su tramitación están aflorando intensos sabores de fondo relacionados con las leyes electorales, la representación política o la financiación de los partidos. Simultáneamente, la opa lanzada por Gas Natural sobre Endesa suscita una vieja e inquietante procupación sobre la composición e independencia de los órganos reguladores de sectores vitales de la actividad económica -y de otras actividades- que replican con fidelidad el reparto de poder parlamentario, o sea partidista. Detrás de la opa empresarial está La Caixa, entidad que ha condonado las deudas a algunos partidos cuyos miembros tienen hoy un enorme poder de decisión sobre dicha operación. Todos estos ingredientes están bañados por el omnipresente caldo de cultivo de la batalla de desgaste entre el partido en el Gobierno y el partido en la oposición.

En ese agitado contexto aflora de nuevo la acusación de «politización» a las Cajas, fundamentada en su apoyo a políticos y partidos cuyos préstamos se transustancian milagrosamente en subvenciones. Los políticos implicados ya se han apresurado a poner en marcha el ventilador con la disolvente consigna de que todos los partidos se benefician de este trato privilegiado, La Caixa declara que ha seguido las «pautas habituales ante situaciones de impago por parte de entidades de interés público y social», y el Banco de España considera que lo suyo son las altas misiones de vigilar la solvencia y estabilidad del sistema, pero que de favores interesados a amiguetes o «abrelatas» no quiere saber nada. Aquí pasó lo de siempre, aunque ni siquiera han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. No pasa nada, salvo que el ciudadano se siente profundamente decepcionado, no sabe bien si más por la desfachatez que por la impunidad. Alguna cosa podría hacerse para que sobrellevara su depresión, por ejemplo en el terreno de la regulación y gestión de las Cajas de Ahorros.

Las Cajas de Ahorros son entidades de escurridiza definición: fundacionales pero no fundaciones, privadas pero controladas por entes públicos y al final por partidos y sindicatos. Las Cajas son beneméritas empresas que se sitúan por delante de los bancos en depósitos (55 por ciento del total) y en créditos (47,59 por ciento), y que dedican parte de sus excedentes a la filantropía y al mecenazgo. Las Cajas, 46 en la actualidad, no tienen accionistas, y eso lleva a sus detractores o competidores a decir que no son de nadie y que juegan con ventaja. Sus defensores -muchos y bien pertrechados intelectual y económicamente- llegan a afirmar que son de los depositantes, o que son «de todos», o – los más exaltados- son «del pueblo». Lo cierto es que según casi todos los indicadores funcionan muy bien; otra cosa es que haya notables diferencias en eficacia y profesionalidad entre unas y otras. Existe un cierto acuerdo sobre la existencia de dos cuestiones relevantes para su futuro: el llamado problema de los fondos propios (cómo crecer complementando la autofinanciación con aportaciones financieras sin derechos políticos) y la llamada «politización».

El que las Cajas sean «de nadie» quiere decir que no tienen accionistas, pero no que carezcan de «decisores», y eso plantea problemas adicionales a los habituales entre los propietarios (principales) y los administradores (agentes) a la hora de alinear sus objetivos. Si las Asambleas, Consejos de Administración y Comisiones de Control están gobernados por políticos, sindicatos o coaliciones entre ellos, nada -salvo los límites de la regulación financiera- impedirá que sus decisiones sirvan más a los intereses partidistas, clientelares o de grupo que al interés general, si es que son capaces de definirlo. Sus actuaciones estarán al albur de su ética y profesionalidad, cualidades cuya distribución no es precisamente homogénea. Esta forma de control público -así lo considera la Comisión Europea si la participación de las administraciones supera el 50 por ciento- de la «propiedad de nadie» es defendida por algunos y considerada más democrática que aquélla de las instituciones financieras privadas, y en eso coinciden con ideologías lejanas. Ya el punto 14 de la norma programática de Falange Española proponía en 1934 la nacionalización del «servicio de banca» (sic).

No se trata ya de que las entidades compren favores políticos para mejorar sus cuentas de resultados, sino de que cada facción política hace de su capa un sayo para conseguir prebendas para su propia organización o para sus «fieles». Si se quiere preservar la naturaleza de las Cajas de Ahorros, bien harían en limitar o anular estos excesos que están en boca de todos como si de una plaga inevitable se tratara. Sólo con transparencia e incompatibilidades se puede conseguir, además de con la oportuna modificación de algunos artículos muy concretos de su regulación nacional y autonómica. Si mala es la corrupción, peor es la corrupción hecha hábito socialmente aceptado. Claro que nuestro problema es más bien la politización partidista de todo lo politizable: las opas, los organismos reguladores, los medios de comunicación, la religión, el apoyo a las empresas, la familia o la educación. No iban a ser las Cajas una excepción.