Nos encontramos ante el inicio de curso y, como era de esperar, el centro de atención de los medios de comunicación durante los días previos a la vuelta a clase se ha situado en la nueva y polémica asignatura de 'Educación para la Ciudadanía'. Las cuestiones escolares de fondo -como por ejemplo el fracaso escolar, que al final de la ESO no solamente no ha disminuido, sino que ha alcanzado la alarmante cifra del 30%- han desaparecido, curiosamente, de las preocupaciones de la opinión pública.
Lo que hay que reconocer, no obstante, es que lo que en realidad se debate a raíz de la implantación de esta asignatura no es una cuestión banal. Estamos discutiendo sobre si la escuela puede y debe trasmitir valores, qué papel juega ésta en relación a la familia, hasta dónde llega la intervención de la Administración, qué valores se han de inculcar y con qué medios debe llevarse a cabo. Sin embargo, el clima de oposición a la asignatura en el que se está produciendo este debate no es el mejor escenario para llegar a buen puerto y pone de manifiesto que algo no se ha hecho bien en su implantación. Cuestiones tan delicadas precisan de un gran consenso social que no se ha alcanzado en esta cuestión.
Una de las señas de identidad de las escuelas católicas ha sido precisamente la educación en valores, también en valores cívicos y, por lo tanto, estamos convencidos de que todas las escuelas han de educar en valores, pero también creemos que esta educación debe hacerse siempre en consonancia con las familias. La escuela católica ha de ofrecer un proyecto determinado de educación en valores, proyecto que tiene que ser libremente elegido y aceptado por los padres. En el caso de la escuela pública, la cuestión es más complicada, pues aún siendo difícil mantener la neutralidad educativa, tan sólo debería inculcar aquellos valores comúnmente aceptados por las familias, sin entrar en cuestiones en las que la sociedad española no tiene un criterio moral compartido, por mucho que determinados comportamientos estén legalmente admitidos. A la vista de cómo se concretan los contenidos en algunos libros de texto que han salido al mercado, es evidente que el currículo diseñado por el Ministerio de Educación no ha logrado que ninguna familia se sienta agredida en sus convicciones morales por lo que se podría enseñar con esta asignatura en algunos centros públicos. Por lo tanto, los padres están en su derecho cuando instrumentan medidas de defensa jurídica ante lo que se puede considerar como una intromisión no deseada en las conciencias de sus hijos.
Nuestra institución se ha opuesto a que la educación en valores se realice a través de una asignatura concreta y así lo puso de manifiesto con su voto en contra de la misma en el Consejo Escolar del Estado. Pero una vez que la LOE fue democráticamente aprobada en el Parlamento nos sentimos obligados a impartirla, eso sí, en total sintonía con el ideario del centro, un derecho que nuestra Constitución concede a todos aquellos colegios que estén dotados de carácter propio. No es, por tanto, una concesión de la Administración educativa por los servicios prestados, ni por supuesto una prerrogativa de los centros católicos.
Nuestras intervenciones a lo largo del proceso de elaboración y aprobación de esta Educación para la Ciudadanía han sido muchas y variadas. Unas veces en busca del bien general de todos los padres, como cuando nos opusimos a la implantación de esta asignatura en el Consejo Escolar del Estado. O cuando, una vez aprobada, negociamos con el Ministerio la retirada de los contenidos más polémicos de la misma. Otras veces, en busca del bien específico de los centros católicos: cuando orientamos a los colegios en la selección de los libros de texto o cuando preparamos una guía complementaria para el profesor, que le ayude a adecuar sus explicaciones aún más al carácter propio de los centros. Nadie puede, pues, acusarnos de insolidaridad con los centros públicos sólo por el hecho de que no sigamos sus estrategias, unilateral -aunque legítimamente- decididas.
A pesar de todo, en este debate hay algo que me parece sumamente positivo. Por primera vez, las familias parecen preocupadas por los valores éticos que les estamos transmitiendo a sus hijos en las aulas. Digo por primera vez porque la formación ética y en valores ha estado siempre presente en la escuela, pero de manera más intensa durante estos quince últimos años bajo el régimen de la LOGSE. En la organización de las enseñanzas que esta ley proponía, todas las áreas debían incluir, junto con los clásicos contenidos conceptuales y procedimentales, otros de carácter 'actitudinal'; es decir, los valores. Además, formaba parte del currículo de 4º de la ESO la asignatura obligatoria de Ética, con dos horas semanales, en la que se abordaban todo tipo de cuestiones morales, incluso algunas de las que finalmente fueron retiradas de los contenidos de Educación para la Ciudadanía. Es de desear que esta loable preocupación de las familias por la formación ética que reciben sus hijos en las aulas no muera ni se reduzca exclusivamente a esta asignatura, lo que demostraría bien a las claras que no está contaminada por otros intereses ajenos a la educación.
Borja Martínez de Bedoya