Calidad democrática y partidos

Son muchos los elementos de reflexión sobre la regeneración y la calidad democrática en España. Uno de ellos es el modelo de financiación de los partidos y, en especial, del control de sus ingresos y gastos. Las noticias en los medios de comunicación sobre los distintos casos de corrupción, muchos ligados a financiación indebida de partidos políticos o a prácticas claramente irregulares de algunos de sus responsables, son el reflejo de una situación que, por ordinaria que pueda parecer (o de aparente ‘escaso’ impacto económico), resulta injustificable en una democracia. Y tiene un indudable impacto reputacional sobre unas instituciones que son fundamentales para la participación política y el correcto funcionamiento de una democracia moderna pluralista.

Las disfunciones observadas se justifican en tres motivos: a) ausencia de transparencia efectiva sobre la captación de dichos fondos y de justificación de los gastos; b) ausencia de regulación de la influencia ‘lobista’ en la toma de decisiones de los partidos políticos, muy especialmente cuando tienen acción de gobierno, y c) indebida utilización de la contratación pública como instrumento de fidelización de redes clientelares y de captación, mediante comisiones ilegales, de fondos para financiar actividades políticas.

Es necesario, por tanto, tratar de resolver todas estas disfunciones con una serie de medidas concretas que, en mi opinión, deberían formar parte de un paquete integral sobre un nuevo modelo de gobernanza pública, que impulse la necesaria regeneración democrática y la ejemplaridad y la ética públicas en las actuaciones de los poderes públicos, de manera que permita asentar nuestro sistema institucional público. Y aquí, el efecto didáctico de cómo funcionan, se financian y rinden cuentas los partidos políticos es especialmente relevante, pues en nuestro sistema político resulta indiscutible su liderazgo social y de transformación.

Sobre esta cuestión he tenido ocasión de pronunciarme en la Comisión de Calidad Democrática, el pasado 4 de mayo en el Congreso de los Diputados. Y, en relación a la problemática de la financiación de los partidos políticos, son varias las medidas que se deberían adoptar. En primer lugar, los partidos políticos deben aplicar la legislación de contratos del sector público. Esta medida es, por lo demás, obligada si se analizan las directivas europeas de contratación pública de 2014. Esta ‘publificación’ de la actividad contractual es necesaria tanto para conocer las necesidades de obras, servicios y suministros de los partidos políticos, como para la selección de los proveedores en régimen de concurrencia, lo que dificultaría actuaciones irregulares en la financiación indirecta de los partidos políticos. Pero, además, tendría un importante efecto didáctico o de ejemplaridad ante la sociedad civil que, por sí mismo, justifica la necesidad de la medida.

En segundo lugar, como ineludible medida de regeneración democrática convendría extender las exigencias de los programas de ‘compliance’ empresarial al organigrama gerencial de estas organizaciones, lo que permitiría detectar y evitar casos de financiación ilegal, contrataciones fraudulentas, supuestos de sobornos, etc. Y dentro de ese programa de ‘compliance’ debería regularse la incidencia de los grupos ‘lobistas’, entendiendo al respecto cualquier comunicación directa o indirecta con agentes públicos, decisores públicos o representantes políticos con la finalidad de influenciar la toma de decisión pública, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado.

Por último, dado que muchos de los problemas de financiación ilegal derivan de la contratación pública, debe resolverse el problema de la ‘contaminación política’ que puede afectar a la planificación, programación, decisión de adjudicación y vigilancia del cumplimiento de decisiones públicas. Esa contaminación ha favorecido las prácticas irregulares en los casos de corrupción detectados, por la clara interrelación entre la autoridad administrativa y la organización del partido político. La profesionalización puede ser una barrera a la posibilidad de redes clientelares o de confusión de intereses políticos. Esta necesidad de profesionalización no incluye solo el sentido de mayor cualificación, sino que implica la redelimitación de las funciones de políticos y alta función pública (fue clave en Italia tras Manos Limpias). Al político, definición de objetivos y control de resultados. Al ‘manager’ o alto funcionario, diseño del contrato y seguimiento. Claro, también es necesaria una mayor cualificación y, por tanto, mejor estatus (retribuciones, reconocimiento e independencia).

Todas estas medidas –junto con uniformidad de reglas jurídicas, extensión de controles preventivos ante autoridades independientes, y mejora de la fiscalización externa– resultan ineludibles si se pretende una nueva arquitectura jurídica de la financiación de los partidos políticos –que deben ser un espejo que refleje las mejores prácticas y comportamientos y sirva de ejemplo ético a la sociedad civil–. En ello esta la calidad democrática de nuestro país.

Jose María Gimeno Feliu. Catedrático de Derecho Administrativo (Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza).

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