De todos los tópicos extendidos desde la Transición, el de la responsabilidad política es probablemente el más recurrente, junto al del consenso. Los españoles oímos tantas veces hablar de responsabilidad política a nuestros gobernantes que ni siquiera reparamos ya (para eso están los mantras) en si la expresión responde mínimamente a la realidad.
No ocurre así en otros países. Este martes, los californianos están convocados a las urnas para votar a favor o en contra de la destitución de su gobernador Gavin Newsom antes de que expire el mandato de cuatro años que le habían otorgado las elecciones de 2018.
La revocatoria de mandato forma parte del sistema político californiano desde 1911 y está recogida en su Constitución. Pero sólo en dos ocasiones en el Estado Dorado, y otras dos más en toda la historia de los Estados Unidos, han sido convocados a las urnas los votantes de alguno de los 20 estados que disfrutan de esta herramienta para decidir si envían a su casa antes de tiempo a un gobernador.
Es cierto que ha habido más convocatorias de revocatoria contra diputados y senadores, y que, en estos momentos, se han activado otros cinco procesos contra gobernadores en la nación estadounidense. Pero esta es una medida excepcional cuya fuerza estriba en recordarle a la clase política que la soberanía reside en el pueblo estadounidense. Si los políticos no actúan por responsabilidad moral, lo harán por miedo, y su interés particular terminará beneficiando a la sociedad, como teorizaron Bernard de Mandeville y Adam Smith.
Según las encuestas, Newsom tiene pocas probabilidades de perder. Los demócratas siguen siendo mayoría en el Estado y el todavía gobernador se ha encargado de que los candidatos de su propio partido, que concurren para el caso de que él sea destituido, tengan poco tirón político.
Es lo habitual en California dado que los permisivos requisitos para incoar un procedimiento de revocatoria (es suficiente con un 12% de los sufragios emitidos en las elecciones anteriores) han hecho que el Estado haya vivido 54 intentos de destitución desde 1911. Destitución que sólo se logró en una ocasión, en 2003, cuando Gray Davis tuvo que abandonar el cargo y ser sustituido por Arnold Schwarzenegger.
La causa fundamental que ha motivado la revocatoria del gobernador es que muchos votantes se han sentido decepcionados por el modo en que Newsom ha gestionado la pandemia. Obviamente, esta cuestión no estaba incluida en el programa político con el que se presentó a las elecciones de 2018. Ha sido la percepción de la población californiana de que su gobernador no ha actuado con la responsabilidad que requiere el cargo lo que ha llevado a incoar un procedimiento que, si la mayoría lo decide, se sancionará con la destitución del mismo.
Como vemos, no hace falta recurrir al muchas veces vilipendiado mandato imperativo (de corte rousseauniano) para que la revocatoria pueda operar, preservando el más liberal mandato representativo.
“Lo que define la representación es la responsabilidad” afirmó Hanna Pitkin, profesora emérita de Berkeley, en su famosa tesis de 1961. Lo que implica que esta no puede existir sin que haya una verdadera representación. Representación cuyo objetivo es generar una actitud sensible del representante respecto del representado.
Cuando los que defendemos un cambio en el sistema electoral español repetimos que es ingenuo esperar de quienes no dependen de los ciudadanos que acaben trabajando para ellos, nos referimos exactamente a esto. Si toda la clase política depende de media docena de jefes de partido, lo extraordinario sería que no respondiesen a los intereses personales de estos.
Y como un derecho sólo vale lo que valen sus garantías, la libertad política en España la ostentan realmente quienes tienen la potestad de hacer las listas de partido, premiando y castigando a sus operarios según su fidelidad. Después de 40 años, va siendo hora de que sepamos que los ciudadanos nos limitamos a refrendar lo que seis o siete oligarcas han decidido, pudiendo simplemente optar entre escasísimas listas prefabricadas y ninguna persona en concreto.
Cuestiones morales aparte, un representante público sólo puede ser políticamente responsable ante los ciudadanos si estos disponen de mecanismos legales que garanticen la prevalencia de su consentimiento. Sin una elección personal de cada uno de los representantes y dirigentes y un sistema de revocatoria con el que calibrar y evaluar la responsabilidad con la que nuestros representantes actúan (si se quiere con mecanismos más estrictos que los californianos), no podremos aspirar a que la clase dirigente española tenga una actitud verdaderamente sensible hacia sus votantes.
Esta cuestión aparentemente teórica tiene su desdichada correlación práctica. Resulta tan evidente como lamentable contemplar la cantidad de energía que nuestro país derrocha diariamente en cuestiones que incumben casi exclusivamente a la clase dirigente y no a los ciudadanos. Del mismo modo, la sociedad española permanece aislada en la ignorancia ante los grandes retos del siglo XXI. Retos que su clase dirigente renuncia a someter a debate por hallarse entretenida en sus luchas particulares.
No puede salirnos gratis desaprovechar la ingente cantidad de oportunidades para subirnos al futuro por mor de un sistema que atenaza la libertad política de los ciudadanos, que les impide elegir y deponer a sus gobernantes en completa libertad y que, como en toda relación en la que prima la obediencia al jefe en vez de la lealtad a un proyecto o una idea, acaban gobernando los más mediocres.
Contemplo con alegría como los ciudadanos están apoyando a Pablo Casado para que no ceda a las presiones para renovar oligárquicamente el CGPJ por el solo hecho de que una ley antidemocrática lo exija. Es la primera vez, desde 1985, que existe una posibilidad real, debido también a las presiones que va a ejercer la Unión Europea, de lograr que la clase política no sea juzgada por sus secuaces.
Atendiendo a la máxima de Benjamin Constant de que sin libertad política el resto de las libertades no dejan de ser meras concesiones del poder revocables a discreción (como la propia ley orgánica del Poder Judicial de 1985 supuso), sería deseable que, tras esta primera victoria, los ciudadanos exijamos una reforma del sistema electoral que nos permita controlar a nuestra clase política con la amenaza de la destitución.
Como Mandeville y Smith indicaron, y los padres fundadores de la república americana instituyeron, este es el único lenguaje que la política entiende. California nos marca el camino.
Lorenzo Abadía es empresario, analista político y profesor de Derecho Constitucional.