Hoy y mañana se reúnen en Brisbane, Australia, los líderes del G20. El denominado G20Sindicalha dirigido a la cumbre un mensaje que puede resumirse así: es imprescindible cambiar el rumbo de las políticas frente a la crisis y el enfoque que guía la globalización.
Las propuestas que se concretaron en las cumbres del G20 de Londres y Pittsburg, especialmente en relación con temas como el empleo y la regulación financiera internacional, no se consolidaron posteriormente. Los consensos alcanzados sobre la necesidad de transformar el sistema financiero quedaron relegados a comienzos de 2010, tras la crisis griega. Los rescates públicos a los bancos transformaron una crisis financiera en una de deuda y los Gobiernos europeos y el FMI impusieron un camino de austeridad fiscal y deflación competitiva a través del desmantelamiento de derechos y protecciones sociales.
Seis años después del comienzo de la crisis, el déficit de empleo ha aumentado —tan sólo en cuatro países del G20 el paro ha descendido o se ha recuperado a niveles precedentes—, el trabajo informal se ha incrementado y los empleos precarios han aumentado significativamente, también en los países más desarrollados, como Alemania, EE UU y Reino Unido.
A su vez, la desigualdad de ingresos se ha disparado. En los países industrializados el paro y la desigualdad han afectado profundamente la demanda agregada, las inversiones y el crecimiento. El coste económico de las desigualdades está siendo enorme, pero lo más grave de todo es que afecta de lleno al contrato democrático. El aumento de la vulnerabilidad, el deshilachamiento de las clases medias, el incremento de trabajadores y pensionistas pobres o la falta de perspectivas para los jóvenes se traduce en populismo y desafección política.
En la lucha por la sostenibilidad medioambiental, el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre el Clima (GIEC) alza el tono de alarma. Recuerda que no hay excusas para no actuar e insta a llegar a la firma de un acuerdo mundial a finales de 2015, que comprometa a todos los países emisores de gases de efecto invernadero.
La declaración sindical afirma que no puede haber empleo ni justicia social en un planeta devastado. E insta al G20 a impulsar un desarrollo bajo en carbono, a no contraponer la prioridad de la lucha contra paro y la desigualdad con los objetivos medioambientales, y a establecer una “transición justa” hacia otro modelo de desarrollo.
El movimiento sindical pide respuestas a una crisis del sistema que puede ser suicida para el futuro de la humanidad. Durante los cuatro primeros años de la Gran Crisis el presidente Hoover llevó a cabo políticas parecidas a las actuales, con resultados desastrosos en términos de paro, depresión económica, aumento de la pobreza y la desigualdad. El 4 de marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt, nuevo presidente, afirmó que “la más importante tarea consiste en crear empleo y mejorar sus condiciones”, y cambió el rumbo de la crisis.
Eso es sustancialmente lo que el movimiento sindical demanda de nuevo a los líderes del mundo. A diferencia de entonces, no puede haber desarrollo sostenible si no es compatible con la preservación de los ecosistemas ni puede tener futuro sin cooperación ya que todo afecta a todos en la aldea global: la pobreza y la desigualdad, el crecimiento, el cambio climático, las pandemias y los conflictos.
El plan de acción que surja de Brisbane debería aprobar medidas para incrementar la demanda y reducir la desigualdad, que están en la base del estancamiento económico mundial. La Oficina de Evaluación Independiente del FMI acaba de criticar la gestión de la crisis realizada por el Fondo, basada en la austeridad y en los créditos baratos a los bancos: ya se sabía, dice, que ello no podía funcionar en una crisis financiera donde prevalece un endeudamiento masivo del sector privado.
El G20Sindical insiste en que ha llegado el momento de invertir en infraestructuras y establecer planes de inversión a medio plazo, incluidos los sistemas de protección social. Curiosamente, también el FMI solicita ahora una inversión pública masiva en infraestructuras que, además, dice, pueden ser financiadas por el crecimiento y los ingresos fiscales que generen.
La transparencia financiera es uno de los principales desafíos. La erosión de las bases impositivas y la transferencia de beneficios es una práctica muy extendida. Según la Comisión Europea se calcula que en la UE se produce cada año una evasión o fraude fiscal de un billón de euros, en sus dos terceras partes protagonizados por las empresas. Las recientes informaciones sobre la evasión fiscal en Luxemburgo indican que las actuales reglas fiscales internacionales facilitan a los defraudadores —en su gran mayoría empresas multinacionales— una “doble no imposición”, mediante tax rulings (acuerdos secretos entre Administraciones fiscales y empresas). El G20 pretende dar prioridad en esta reunión a las reglas fiscales y a la regulación financiera. El G20Sindical exige, por su parte, mayor decisión, rapidez y transparencia en este tema.
Lo que esperamos, por tanto, de la cumbre de Brisbane son medidas concretas, efectivas y suficientes para avanzar en el empleo de calidad y en el desarrollo inclusivo.
Cándido Méndez es secretario general de UGT.