Cambio climático, desertificación y la COP25

Hace unos 12.000 años, en el Holoceno, la estabilización y mejora del clima hicieron posible el desarrollo de la agricultura y, como consecuencia, la construcción de las primeras ciudades, las civilizaciones, la ciencia, la tecnología y el progreso que ahora disfrutamos.

Y precisamente ahora todo ello está en peligro por otro cambio climático. Pero esta vez no natural, sino desencadenado por el hombre. El cambio climático antrópico actual amenaza con la desestabilización y colapso de sistemas productivos básicos y de estructuras socioeconómicas cruciales. Y todo ello debido a la alteración química de la atmósfera que implica la alteración de los parámetros climáticos y de su retroalimentación con los ecosistemas terrestres. El actual nivel de bienestar y progreso, al menos en algunas partes del planeta, tiene su tendón de Aquiles en las consecuencias del inmenso tonelaje de gases con efecto invernadero que continuamos emitiendo a la atmósfera desde hace más de dos siglos.

Se trata de una amenaza global sin precedentes en la historia de la humanidad. Podemos decir que el cambio climático es el mayor reto social, económico y ambiental del siglo XXI. Nos enfrentamos a problemas de consecuencias todavía desconocidas e impredecibles cuyo control necesitará del conocimiento científico y de nuevas respuestas y formas más inteligentes de relacionarnos con el medio natural.

Se trata de un problema global, pero con distintos grados de impactos y consecuencias locales. Según la mayoría de los informes internacionales de evaluación del cambio climático, la península Ibérica es una de las regiones especialmente vulnerables a sus efectos y consecuencias. Ello obliga a la elaboración de medidas y estrategias eficaces de mitigación y, sobre todo, de adaptación de dimensión local. En España hemos de contribuir a la mitigación planetaria del problema, pero prioritariamente hemos de protegernos de las consecuencias en nuestro territorio de actuaciones improcedentes de otros países o zonas geográficas. Podemos legislar para tener autobuses eléctricos en el transporte público y medidas similares, pero eso no nos librará de sequías, inundaciones, aumento de incendios forestales, inestabilidad del territorio, disminución de recursos hídricos, reducción de la producción agraria y un inexorable tránsito hacia un territorio más árido e inhóspito. Las medidas de adaptación proactivas y preventivas han de ser prioritarias y es ahora cuando deben implementarse. Una atmósfera químicamente alterada no entiende de problemas administrativos, legislaciones o competencias geográficas ni plazos.

En muchos aspectos no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma que hasta ahora porque ello nos conduciría a un desastre anunciado en términos socio-económicos y ambientales. En este cambio de rumbo, la innovación y las soluciones creativas han de desempeñar un papel crucial, y las distintas Administraciones deberían ser un importante agente impulsor.

Un aspecto clave en el funcionamiento de los entornos mediterráneos es la relación suelo-clima. El suelo y la atmósfera interaccionan intercambiando humedad, gases, compuestos y flujos de energía. El suelo evoluciona adaptándose y oscilando ante los cambios climáticos y la atmósfera recibe la influencia del funcionamiento y los procesos del suelo. España, como el conjunto de la cuenca mediterránea, se encuentra afectada por una tendencia general de aridificación climática que implica el incremento de los riesgos de desertificación. Esta grave amenaza obliga al desarrollo de estrategias de lucha y control con la diligencia y liderazgo que las consecuencias del desafío climático exigen.

España tuvo un papel relevante en la elaboración del Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1994) y en conseguir la aprobación de un anexo especial dedicado a la problemática europea mediterránea. Sin embargo, este éxito internacional y de liderazgo no fue aprovechado. En España no se adoptaron medidas eficaces de lucha, ni en la UE se ejerció una actividad significativa en lograr mejor consideración para la problemática ambiental mediterránea. Sin embargo, a través de la próxima COP25 Chile-Madrid se tiene una nueva y gran oportunidad de exponer y argumentar la vulnerabilidad mediterránea en el sistema de Naciones Unidas (CMNUCC) y de influir en Bruselas para conseguir mayor atención hacia las consecuencias mediterráneas del cambio climático. Se trata de las nuevas y ambiciosas iniciativas que la Comisión está actualmente preparando, tales como The EU Green Deal, el nuevo Programa de Acción Ambiental o la Agenda 2030. Es ahora el momento de actuar, luego será tarde.

En este contexto, la protección del suelo como regulador climático, la estabilidad y productividad del territorio, de sus funciones ecosistémicas y biodiversidad, son factores esenciales y estratégicos para nuestro país. De hecho, contamos con la mayor riqueza en biodiversidad del continente europeo, pero somos también el país más amenazado por la desertificación. El futuro está abierto y podemos elegir y optar por oportunidades de mejora o no actuar y sufrir las consecuencias. Esperemos una buena elección y que esta llegue a tiempo.

José Luis Rubio Delgado es premio Rey Jaime I de Protección al Medio Ambiente y vicepresidente de la Asociación Mundial de Conservación de Suelo y Agua (WASWAC).

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