El pasado 2 de diciembre se produjo un pequeño terremoto en el panorama político español: en Andalucía la izquierda perdió el monopolio que ostentaba desde la transición a la democracia y un partido extraparlamentario al que se venía tachando insistentemente de fascista, anticonstitucional y otras lindezas al uso, entraba con una sustancial representación en el Parlamento regional. En este país nuestro, muchos piensan que quien cumple la ley es un tonto, y que quien reclama que la ley se cumpla es un fascista. Curiosamente, los que sustentan tales opiniones se consideran demócratas de progreso y pontifican a diario en los medios más leídos y escuchados.
Cierto es que, técnicamente, el PSOE ganó las pasadas elecciones; pero sus resultados han sido decepcionantes y han culminado una clara tendencia descendente. Recordemos que, en sus primeros comicios como candidata a la presidencia (2012), Susana Díaz perdió frente a Javier Arenas y sólo gobernó porque éste no alcanzó la mayoría absoluta y ella tuvo el apoyo de Izquierda Unida. En las siguientes elecciones (2015), perdió casi 125.000 votos y, aunque ganó, de nuevo necesitó apoyo, esta vez de Ciudadanos. En total, desde 2008, el socialismo andaluz ha visto su apoyo reducirse en más del 50%, desde casi 2,2 millones de votantes a apenas un millón.
Pero si el resultado electoral andaluz ha sido un desastre para Susana Díaz, a la larga resulta ominoso para su compañero, el presidente Pedro Sánchez (Adenauer decía que no hay peor enemigo que el compañero de partido y el PSOE parece darle la razón). Si el doctor lleva más de seis meses haciendo equilibrios en una baldosa para mantener contentos a los separatistas que le apoyan en las Cortes, los resultados andaluces han reducido mucho el tamaño de la baldosa sobre la que efectúa sus piruetas. Como reconoció la propia Díaz tras las elecciones, se ha demostrado que una fracción creciente de los votantes rechaza el tan cacareado diálogo con los separatistas, que se nos había querido vender como la búsqueda de una solución política sin confrontaciones y con el que se trataba de justificar el desesperado oportunismo de un Gobierno dependiente de los votos de los separatistas.
El "diálogo" se ha convertido en el comodín mirífico para nuestros estadistas, que lo proclaman y prodigan a diestro y siniestro como el bálsamo de Fierabrás de la política. Pero, eso sí, se niegan a estudiar historia. Legislan profusamente sobre historia, pero no la estudian. Lo sucedido en Múnich en septiembre de 1938, por ejemplo, quizá el episodio diplomático más conocido y lamentado del siglo XX, no merece ninguna reflexión por parte de nuestros dialogantes. El diálogo de Chamberlain con Hitler en aquella ocasión, respaldado casi unánimemente por el pueblo británico, propició y aceleró el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y desprestigió para la posteridad la figura del entonces tan aclamado Chamberlain.
Pero no hace falta irse tan lejos en el tiempo y en el espacio. La historia reciente nos muestra que los Gobiernos españoles llevan dialogando con los disidentes catalanes desde la Transición, más de 40 años, siempre con pésimos resultados. Primero se dialogó con los catalanistas para consensuar la Constitución y legislación aneja. Se cedió en casi todo. Luego se dialogó con los nacionalistas de Pujol en aras de la gobernabilidad. Se dejó al entonces honorable hacer en Cataluña lo que quisiera, como si fuera su cortijo, transgrediendo las leyes, con la extorsión del 3% y demás trapacerías, y adoctrinando a niños y adultos en el odio a España. Luego se dialogó con los soberanistas del Tripartito y de Mas para que no se hicieran separatistas, y en 2006 se les regaló un segundo (o tercer) estatuto para que el voto catalán permitiera a Zapatero ganar en 2008. Y encima los leales interlocutores se enfadaron porque el Tribunal Constitucional recortó tímidamente lo más disparatado de aquel texto sacrosanto (que, por cierto, los Gobiernos de Puigdemont y Torra han violado impunemente). Se dialogó luego con los separatistas para que no declararan la independencia. Naturalmente, la declararon. En todo momento se permitió que en Cataluña se ignorase olímpicamente la Constitución, en cuya redacción tanto se había concedido al catalanismo (y, más aún, al nacionalismo vasco). Y ahora se trata de dialogar con los independentistas para ver si se dividen, aplazan por el momento una nueva secesión y, sobre todo, para que permitan al Partido Socialista seguir gobernando en la baldosa.
La historia -la de hoy y la de la República- enseña que, cuanto más se ha dialogado con la minoría separatista catalana, más ha aumentado el número de sus adeptos, más intransigentes se han vuelto, y mayores han sido sus exigencias. Esto es una lección histórica que está a la vista de todos. Muchos, sin embargo, se niegan a verla, persisten en el estribillo del "diálogo" y repiten que el problema catalán es político y debe resolverse políticamente. Es decir, que debe seguirse dialogando y cediendo, aunque queda ya tan poco que ceder que lo que se ofrece ahora es sacrificar la independencia judicial, dar a los separatistas más dinero y poder, y ceder en el dislate famoso de la "nación de naciones", fórmula infalible para la desmembración nacional, como demuestran los casos del Imperio Austro-Húngaro, Yugoslavia, y la Unión Soviética. Y si los jueces no quieren colaborar en el asesinato de Montesquieu, se ofrece la impunidad, el indulto con el que el gobierno va a premiar la deslealtad, la traición y la rebelión en lugar de galardonar a los jueces por su valor, su integridad y su lealtad a las leyes que nos hemos dado democráticamente.
Pero hete aquí que llegan las elecciones andaluzas y ponen en entredicho la supuesta fe bobalicona del votante español en el diálogo con los separatistas. El éxito de Vox y de Ciudadanos ha sido una bofetada al doctor presidente en las sonrosadas mejillas de Susana. El anómalo Gobierno de Sánchez se encuentra entre la espada del elector escamado y la pared de los votos parlamentarios separatistas que necesita para sobrevivir. En consecuencia, Sánchez se siente obligado a dar un pequeño golpe de timón y criticar un poquito a los separatistas, que, por cierto, también están entre otra espada (su creciente impopularidad) y las exigencias de los enragés CDR, cuyos votos necesitan para apoyar sus propios presupuestos. Se crea así un complicadísmo equilibrio entre dos gobiernos en precario (Sánchez y Torra) que se necesitan el uno al otro, pero cuya colaboración amenaza con provocar una sublevación de sus bases electorales respectivas.
Es difícil por tanto saber qué hay detrás de la amenaza de Sánchez de mandar a la Guardia Civil a poner fin al desmadre en Cataluña. La actitud agresiva y violenta de los CDR puede provocar situaciones muy desagradables para el Consejo de Ministros que, al parecer como gesto amistoso, el doctor Sánchez decidió celebrar en Barcelona el próximo viernes 21. El gesto amistoso pudiera así derivar en un episodio desairado y violento para el Gobierno si los Mozos de Escuadra no imponen el orden. Pero en los recientes incidentes en que los CDR sembraron el caos y la violencia en Cataluña y fueron tibiamente reprimidos por los Mozos, Torra se puso al lado de los violentos y reprendió a su propia policía por pretender mantener el orden. Surgieron así las diferencias con el Gobierno central; Torra parece dispuesto a rectificar, pero esto podría encrespar más a los comités republicanos que considerarían la rectificación como una humillación ante Madrid. Estamos, como puede verse, en un juego en que todos pierden (sobre todo el pueblo español), en el que ni la mente maravillosa de John Nash, el genio loco de la teoría de los juegos, podría prever una situación satisfactoria.
Ante un escenario tan tenso y enrevesado sería lógico, honrado y, sobre todo, democrático, convocar elecciones. Pero da la impresión de que esta posibilidad aterra al doctor Sánchez, cuyo pánico a la expresión de la voluntad popular parecen haber exacerbado los comicios andaluces. Sin embargo, alargar la agonía puede acarrearle un mayor batacazo electoral. Su situación no es envidiable para una persona normal. Pero en el atolladero se metió él solito. Lo malo es que con él nos arrastró a todos los demás, y en ésas estamos.
Gabriel Tortella, economista e historiador, es autor de Capitalismo y Revolución, y coautor de Cataluña en España. Historia y mito (con J. L. García Ruiz, C. E. Núñez y G. Quiroga), ambos publicados en Gadir.