Vamos a dejar algo claro: la Constitución reconoce nuestros derechos, no los crea ni los otorga. Habrá que recordarlo en los tiempos recios que llegan, pues es el caso que, con el incomprensible y decepcionante auxilio de la mayoría de la oposición, el frente de la investidura, que antes fue de la moción y después del vaciado de sentido de las leyes, ha apuñalado al Estado democrático de Derecho.
Lo ha hecho al modo schmittiano (de Carl Schmitt), apoyándose en la Constitución. ¿A qué reformarla cuando aquí se la puede retorcer y estirar sin límite? Ha bastado con que el PP interiorizara la imagen deformada que le devuelven los esperpénticos espejos de RTVE y del resto de medios del régimen.
En Cs no vale la pena detenerse. Ha bastado con que los representantes de la media España que no se resigna a morir se resignaran por ella. Cuesta creer lo que dicen, que Aznar está detrás del «giro» casadista. No le creía yo tan proclive al tinglado turnista. Como fuere, ya viven pidiendo perdón, reproduciendo de forma lastimosa el lenguaje y los clichés inventados para su liquidación civil. Bien, sepan que si el país ha dejado esta semana de tener ciudadanos, no le faltan hombres dignos para frenar este autogolpe, desmontar esta autocracia y poner fin a esta dictadura constitucional. Con mucha calma.
Los que no han vivido el autoritarismo creen que la libertad institucionalizada crece como las moras. ¡Incautos! Se trata de una obra maestra del espíritu humano y es tan frágil que precisa de cuidado y vigilancia permanentes. Como un bebé. El Congreso ha dejado al bebé encerrado en el coche, en el parking de un centro comercial, con las ventanillas subidas, para que un progenitor pudiera hacer lo que le viniera en gana y el otro pudiera demostrar que está dispuesto a cambiar, como esos pobres seres sometidos a amantes tóxicos.
Un parlamento no puede renunciar a sus obligaciones por seis meses. Y si lo intenta, estará renunciando para siempre. No hay paréntesis de no-democracia en la democracia. Cuando el Congreso se avino a limitar derechos sin control del legislativo, el delicado sistema que tantos cuidados exige simplemente murió. Analfabetos jurídicos, liberticidas o ganapanes adheridos al escaño: incluya en alguna de estas tres categorías a cada uno de los diputados que no apretó el botón rojo. Cuando la propia Constitución se ocupa de subrayar que en el estado de alarma -como en los de excepción y de sitio- no se interrumpe el funcionamiento del Congreso, ¿por qué no ir decidiendo las prórrogas en periodos más cortos, de acuerdo con la marcha de las cosas, para que el legislativo cumpla con su papel, que es irrenunciable? Pues porque el Gobierno está aprovechando una gran tragedia para desmontar el sistema de controles y equilibrios que llamamos democracia.
En modo alguno cabe un estado de alarma de seis meses sin control del Congreso y con el poder judicial anestesiado. Y cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, el destrozo ya estará hecho. Nótese que si el recurso es posible se debe al voto en contra del grupo Vox, el partido apestado, el que no cabe en el sistema, el sujeto a cordón sanitario por todo el resto de la Cámara y, desde la última moción de censura, con especial ahínco y entusiasmo por el PP. En efecto, consumando su paso a un espacio político y moral ignoto, el grupo Popular no apretó el botón rojo pese a saber y a explicar que la medida era inconstitucional. De hecho, quieren denunciar esta grave violación de la Constitución ante la Comisión de Venecia, que, a diferencia del TC, emite propuestas, no sentencias o resoluciones de obligado cumplimiento. Pero ni siquiera están legitimados para hacerlo.
Saber que algo es inconstitucional y antidemocrático, y aun así abstenerse, le confiere al PP un enorme privilegio que compensa tantos sinsabores e incomprensiones, y es que Adriana Lastra les ha perdonado la vida: «Al menos no han votado en contra». Eso sí, tras seria admonición de Illa: «Todo lo que había ganado en una semana lo ha perdido en esta». Donde lo ganado es, obviamente, el encendido discurso contra Abascal. Que siga el PP pendiente de agradar a la preclara portavoz socialista y al ministro campeón de la pandemia, que les irá muy bien en el futuro.
Inextricablemente mezclado con todo lo anterior está el caos organizativo, que no puede hacer más que empeorar en el medio año de vigencia del trágala. Y no es tanto un problema de modelo territorial cuanto un efecto secundario del escapismo sanchista. Del mismo modo que zanjó la anterior alarma concluyendo que su persona había salvado a 450.000 españoles (¿por qué no 900.000?), lo que pueda suceder en esta segunda ola será responsabilidad de las comunidades autónomas. Con lo que Sánchez habrá culminado de paso la mayor campaña de deslegitimación del Estado Autonómico, y aun de la mera descentralización.
Así, el plante de Su Sanchidad al Congreso ilustra también un desentenderse de las restricciones, que no vienen especificadas en el decreto. De lo que no se desentiende es de neutralizar cualesquiera controles al Gobierno con la excusa perfecta de la pandemia. La parte fea, letal y desesperante, que la gestionen otros. Todo lo odioso obrarlo por terceros, aconsejaba Gracián. La indignación, que vendrá como un tsunami, será reconducida por la prensa del régimen hacia donde mejor les parezca y más les rente. Ayuso es la culpable universal y por defecto, claro. Pero que se prepare cualquier barón conmilitón de Sánchez que se ponga pesado, pues nunca será más fácil señalar objetos de linchamiento que tras la gestión a contradioses en mitad de un zafarrancho de combate.
Juan Carlos Girauta