La expulsión de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del régimen en Nicaragua, parece incomprensible para algunos, y un desacierto de fondo para otros. Pero en cualquier caso, no conduce sino al aislamiento internacional.
Antes de que la cancillería diera por terminada la presencia de la misión, ya el propio Daniel Ortega, en un discurso que presagiaba la decisión, había acusado al organismo de ser “instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte…manejada por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidios sobre pueblos enteros…los que los transportaron desde África para que trabajaran…son infames”.
La conclusión es, entonces, que las investigaciones que la misión de derechos humanos de Naciones Unidas ha llevado adelante, no son sino un ardid malintencionado del viejo colonialismo europeo, urdido contra un indefenso país del tercer mundo. ¿Pero quién es el Alto Comisionado, bajo cuyo mandato se preparó el informe?
El diplomático jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, quien ha sostenido una firme posición a favor de Palestina en el conflicto con Israel, y en 2015 declaró que Estados Unidos estaba obligado a llevar a juicio a los miembros de la CIA responsables de casos de tortura. Raro esclavista. Y la diatriba alcanza también a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, lejos también de cualquier credo colonialista, quien muy pronto sustituirá a Hussein.
Los organismos mundiales que tutelan los derechos humanos nacen de un largo proceso que ha llevado a las naciones a aceptar no solo la necesidad de su existencia, como elemento de civilización, sino a acatar sus informes. Denigrar su trabajo y enseguida decretar su expulsión, significa ponerse al margen de la comunidad internacional, o de espaldas a ella.
Una acción así puede ser eficaz para contentar a los propios partidarios, pero no para convencer a los gobiernos y a la comunidad internacional. Y tampoco ayuda para nada a reconciliar al país, porque lo que viene a confirmarse es una voluntad de impunidad. Muy sabiamente, el jefe de la misión expulsada, el jurista peruano Guillermo Fernández Maldonado, ha propuesto la integración de una Comisión Internacional de la Verdad que lleve hasta el fondo en los hechos.
La retórica denigratoria que acompaña la expulsión, no tiene ningún peso frente a los señalamientos de acciones de represión oficial y paramilitar, consideradas en el informe como violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos, lo cual incluye el uso desproporcionado de la fuerza, casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, la obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales, la tortura y la violencia sexual, la criminalización de las protestas ciudadanas. Lo que tiene peso es el hecho mismo de la expulsión.
Y, seguramente, lo más irritante para el régimen es que el informe contradice la narrativa oficial del golpe de estado. “Golpistas” ha sido el título que conforme a esa narrativa se ha dado constantemente a los miles de participantes en las protestas populares.
Al cerrar las fronteras al escrutinio de los hechos violatorios de los derechos humanos, el régimen desconoce el orden internacional, en el que se basa hoy en día la convivencia entre las naciones de todo tamaño y poderío. ¿Puede Nicaragua vivir bajo una política de fronteras cerradas? ¿Puede el régimen valerse solo, aislado como está de la propia sociedad nicaragüense?
A lo largo de la historia, ha habido naciones que se han encerrado en sí mismas, ignorando a las demás. Pero se ha tratado de países vastos en su geografía, autosuficientes en sus recursos, y por supuesto poderosos, como ocurrió con China bajo la dinastía Tang y bajo la dinastía Ming. Pero Nicaragua es un país pequeño, interconectado de manera natural a las naciones vecinas, y miembro fundador tanto de la Organización de Estados Americanos como de las Naciones Unidas, y no puede renunciar a sus obligaciones internacionales sin afrontar consecuencias jurídicas y económicas.
La crisis que vivimos no tiene salida en el aislamiento, sino, por el contrario, en buscar, y no alejar, el respaldo internacional, que lleve a un diálogo nacional, ahora pospuesto por voluntad cerrada del régimen, y que ese diálogo abra las posibilidades de una salida democrática que, lejos de haber terminado, parece prolongarse de manera indefinida.
El camino escogido es cada vez más equivocado, y aleja las soluciones que pasan necesariamente por el restablecimiento pleno de la democracia, y el respeto sin condiciones a los derechos humanos.
Sergio Ramírez es escritor y Premio Cervantes 2017.