Las sociedades que han apostado por el libre mercado, asegurando la propiedad privada, el comercio y la iniciativa empresarial, han conseguido estabilidad, derechos civiles, progreso económico y social, así como un razonable equilibrio entre poder público y ciudadanía.
Por el contrario, las que se entregaron al colectivismo han conocido diferentes formas de tiranía, concentraciones de poder como en las monarquías absolutas y retrocesos sociales.
Por mucho que el griterío ideológico teorice sobre las correctas o incorrectas implementaciones de los modelos, el sistema de libre mercado ha dejado en evidencia al de planificación y no hay más que recordar el horror del otro lado del Muro o la miseria actual en algunos lugares del Caribe. “El ejemplo más claro y patético de fracaso del aparato político, económico, social y productivo” afirmaba recientemente el Secretario General de la OEA.
Una celebérrima víctima del colectivismo, el yugoslavo Milovan Djilas, nos advirtió que los planificadores sociales son como vampiros. Sobreviven a las circunstancias que vieron nacer sus ideas, también a sus fracasos, y vuelven una y otra vez sobre sus objetivos.
En efecto, los defensores de aquello y sus herederos no han desistido. Sólo se han visto forzados a buscar un rearme ideológico en los márgenes que el éxito de la fórmula del Estado liberal les ha dejado y en las oportunidades que les ofrece cada cataclismo, conflicto o cambio de ciclo económico. Es decir, oportunidades para volver al camino de servidumbre que delineó en su día Friedrich Hayek, cuya obra nos recuerda que la destrucción de la convivencia y la ruina de los países es un objetivo relativamente sencillo de conseguir gracias al desarrollo de las ideas antiliberales y totalitarias enmascaradas en las sociedades libres.
En este sentido, al costosísimo y enloquecido discurso racial, sexual e identitario que ya nos está precipitando a unos contra otros, provocando además un delirante revisionismo histórico que alcanza al lenguaje, las bibliotecas, los cines, los museos y los libros de texto, hay que añadir el insistente argumento de la desigualdad apuntando al capitalismo, como si las mayores catástrofes en este sentido no hubieran surgido precisamente cuando han tratado de sustituirlo.
El tercer vector de este nuevo-viejo catecismo es la psicosis medioambiental, pues ya se nos estimula con la inminente extinción de la vida en el planeta, fenómeno que se imputa igualmente al capitalismo.
Son planteamientos aparentemente imbatibles, pues pocas cosas deben de inquietar más al electorado que las cuestiones raciales, sexuales e identitarias como injusticias estructurales del mundo libre, y pocas serán tan seductoras como convertirnos a todos en verdugos de nuestros ancestros.
La tercera línea de acción resulta definitiva, pues nada debe condicionar más nuestras decisiones que el riesgo aparentemente cierto, y científicamente irrefutable, de la pronta extinción de las especies. The green is the new red (“lo verde es el nuevo rojo”), dicen algunos, y con razón.
En este orden de cosas, no hay que olvidar la cuestión de siempre: el tamaño del Estado y su Administración. Tampoco otras directamente relacionadas en esta nueva versión de la trenza colectivista: los impuestos y las cargas administrativas.
Son asuntos clave en ese camino de servidumbre, en la misión de destruir la sociedad, que se unen al ya clásico de la moneda: “La mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper la divisa” dicen que dijo en algún momento Lenin, aunque el padre de la cita es Keynes (Las consecuencias económicas de la paz, 1919).
Tal vez por esto, la UE apostó por desposeer a los Estados miembros de sus políticas monetarias y crear una divisa única, una disciplina pensada para evitar que dirigentes manirrotos arruinen sus países.
Al Tratado de Maastricht, al actual artículo 140 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Protocolo nº 13 sobre estabilidad de precios (inflación) y finanzas públicas saneadas y sostenibles (déficit público), se unió la acertada y obligada reforma del artículo 135 de nuestra Constitución en 2010 para reforzar este planteamiento, hoy tan en entredicho.
Pocos son los que sugieren salir del camino de servidumbre. Esto es, recortar masivamente gasto público y adelgazar el Estado y su Administración, no seguir alimentando una montaña de deuda pública y provocar un diluvio de tributos, cargas administrativas y pagos de todo tipo a la Administración, algo que no repercute sino en su propia supervivencia.
Nos dicen, citando al bienintencionado O. W. Holmes, que los impuestos son el precio de la civilización y que hay que asegurar los servicios públicos, mencionando insistentemente la sanidad, la educación, las infraestructuras y otras prestaciones sociales. Como si fuera ese gasto el que se reclama disminuir y no el vinculado a la industria política e ideológica. Como si lo que se demandase no fuera aquello que está científicamente probado: reducir cargas impositivas y trámites administrativos de todo tipo para estimular la iniciativa y la generación de riqueza que permita, no el bienestar de quienes gobiernan, sino el de quienes crean esa riqueza.
Con la incertidumbre que se cierne sobre nosotros es incomprensible que se enfrente con tamaña frivolidad y de modo obsesivamente ideológico, con anuncios y medidas propias de un mundo comunistizante que no hará sino seguir dañándonos. Es inevitable preguntarse si se trata de dogmatismo ideológico, incapacidad, un atajo extractivo para seguir con el uso temerario de las finanzas públicas, o si el asunto tiene un mayor calado, es decir, si no se trata de hacernos conscientemente más pobres y dependientes.
De implantar, en definitiva, el colectivismo y el camino de servidumbre.
Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.