Campaña contra el TC

Por  Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 11/10/07):

María Emilia Casas Bahamonde, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), pronunció la semana pasada una conferencia en Barcelona en la que abordó el grave acoso político y mediático del que es objeto el alto órgano que preside. “Se oyen voces, tanto desde los medios como desde los políticos, poco respetuosas hacia la institución y, lo que es más grave, hacia la independencia e imparcialidad de todos sus magistrados (…) Es necesario que (…) evitemos que elTCy nuestras instituciones sean objeto de una espiral de cuestionamiento que provoca inevitablemente la pérdida de sentido institucional y confusión importante”.

Estas inquietantes palabras de María Emilia Casas no pueden ser más oportunas, ya que el grado de ignorancia que muestran las irresponsables opiniones sobre el TC de políticos y periodistas está alcanzando unos límites que, efectivamente, acabarán justificando que se comience a hablar de crisis de nuestro sistema institucional. Si, como ahora se suele decir, en la actual sociedad de la información las cosas no son lo que son sino lo que parece que son, la campaña de acoso y derribo al Tribunal está empezando a alcanzar los objetivos que se han propuesto quienes la emprendieron. En este proceso de continuo desgaste y deslegitimación que empezó a raíz de la interposición de siete recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut de Catalunya, muchos han sido los políticos y periodistas que, con escaso fundamento y todavía menos conocimientos, han opinado alegremente sobre las presuntas pugnas internas del Tribunal, mera continuación, según ellos, de la contienda entre los dos grandes partidos.

Un magnífico ejemplo de esta campaña se mostraba claramente en la crónica que el pasado domingo publicó El País, a doble página, con el significativo título “La batalla política sacude el Constitucional”. En este reportaje se partía de una premisa que se ha convertido en dogma y que, como tal dogma, no debe ser demostrado: que el Tribunal está dividido en dos fracciones, los conservadores y los progresistas, que votan siempre en bloque. Cualquier seguimiento de las resoluciones del Tribunal en los dos últimos años muestra que esta afirmación es notoriamente inconsistente, lo cual se ponía al descubierto a medida que se iba leyendo la pieza periodística en cuestión.

Efectivamente, en la crónica de El País, la existencia de estos dos bloques compactos y enfrentados no se deducía de los hechos que se relataban. Entonces, en lugar de considerar infundada la premisa de la que partía, el autor de la crónica buscaba y rebuscaba en extrañas razones personales de los miembros del Tribunal, en juicios de intenciones políticas indemostrables, que les obligaban a escapar a la lógica de votar siempre en bloque. Nunca se le ocurrió al periodista que quizás los magistrados eran independientes y que, simplemente, coincidían o discrepaban, a veces con unos y a veces con otros compañeros de Tribunal, por meras razones jurídicas. La finalidad de la crónica era dar contenido a su título: que la “batalla” era política y no, como es propio de un tribunal, que las diferencias se basaban en argumentaciones fundadas en derecho. Ni una línea del reportaje estaba dedicaba a explicar las razones jurídicas de las diversas discrepancias.

Esta campaña está consiguiendo, sin embargo, sus objetivos. En estos momentos, cualquier ciudadano de buena fe ya comienza a estar convencido de que el Tribunal no es un órgano jurisdiccional, independiente e imparcial, sino un simple escenario de la pugna política entre el PSOE y el PP, una especie de tercera cámara política en la que cualquiera de estos dos partidos pretende ganar, mediante ilegítimas maniobras, lo que ha perdido en las otras dos cámaras, en el Congreso y el Senado. La semana pasada advertíamos de lo poco fundamentado que estaba siendo el debate sobre la monarquía. Lamentablemente, hoy debemos hacer lo mismo respecto al Tribunal Constitucional.

Ambas instituciones, además, tienen en estas circunstancias un elemento común: la dificultad en defenderse de los ataques recibidos. El Rey no va a entrar en polémica con los que participan en las tertulias de esa bazofia cultural y moral que son los programas rosa de las televisiones. Tampoco los magistrados del Tribunal, a los que se les culpa de cometer un delito de prevaricación cada vez que son acusados de dictar resoluciones por razones ideológicas y no jurídicas, les resulta fácil llevar ante la justicia, en defensa de su honor, a los políticos y periodistas que les denigran. El Rey, su familia y los magistrados del Tribunal Constitucional están, pues, situados en una posición débil ante estos ataques y, por consiguiente, deben ser defendidos por otros. En el plano judicial, el ministerio fiscal tiene un papel decisivo. Ante la opinión pública, quienes les deben defender son los políticos y periodistas.

Las palabras de María Emilia Casas muestran esta impotencia de los magistrados del TC por defenderse y por defender a la institución. No es que no puedan ser criticadas las sentencias, al contrario; cada año, miles de páginas de revistas de derecho se dedican a ello. Pero lo que no se puede hacer es criticar una decisión judicial sin haber leído la argumentación en que está fundada. Esto es, precisamente, lo que hacen, continuamente, de forma irresponsable, muchos políticos y periodistas.