A Griñán, Chaves y sus mariachis les indultarán o no, eso sólo lo saben Sánchez y el pimpante fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, émulo de Dolores Delgado. Lo chocante es que el mismo día que se supo la sentencia se empezara a hablar de indultos y a nadie pareció sorprenderle. Se trata de un grupo delictivo de muchas campanillas encabezado por dos expresidentes de la Junta de Andalucía que, además, fueron presidentes del PSOE. Alguien se plantea el panorama mediático, incluso callejero, si en su día Fraga, Aznar o Rajoy, cabezas del PP, hubieran sido condenados por la mayor corrupción conocida en España o, en el ámbito de las presidencias autonómicas, hubiesen recibido esa condena Aguirre, Fernández Albor, Camps, Posada o Cospedal, pongo por caso. Hay asuntos de los que no se habla por el carácter orwelliano de nuestro momento político. Todo parece normal porque lo recibimos como normal. Pero no lo es.
A Rajoy le presentaron una moción de censura apuntalada en la manipulación de una sentencia que sólo se refería a campañas electorales en unos municipios madrileños. No había más pese al argumentario alarmista y falso del candidato. El PP no fue condenado, el Supremo en una sentencia posterior alzó la verdad y, sin embargo, el juez que se convirtió en colaborador necesario nada menos que de un cambio en la presidencia del Gobierno sigue tan campante y Sánchez en la Moncloa. Aquella moción de censura fue un golpe parlamentario de libro que me lleva a un antecedente histórico de más calado durante la II República: la expulsión de la jefatura del Estado de Alcalá-Zamora sin base constitucional cierta. Al Frankenstein de entonces, que buscaba la revolución y, en definitiva, la guerra civil como reiteró Largo Caballero, el Lenin español, en la campaña electoral precedente, le convenía un presidente de la República bizcochable y eligieron a Azaña. Alcalá-Zamora, católico, moderado y exministro de la Monarquía les resultaba incómodo.
Cuando se manipula la realidad y se opta por destruir a un político con campañas de falsedades y calumnias buscando una victoria ideológica, al tiempo se daña a su familia, se niega su honorabilidad y se le pone a los pies de los caballos en la consideración pública. Se da por hecho que es culpable sin prueba alguna y sin sentencia judicial previa gracias a la cooperación, a menudo entusiasta, de ciertos medios de comunicación que se prestan a ese juego sucio y en muchos casos no de manera altruista. Es una vergüenza pero el silencio sobre asuntos como éste supondría complicidad y uno es demasiado veterano para asumir el papel de cómplice.
El caso paradigmático de persecución sin descanso, de ristra de calumnias continuadas tanto como de desmontaje judicial de la campaña para la destrucción de un político, es el de Francisco Camps, expresidente de la Generalidad Valenciana. Desde 2009 Camps ha sido imputado hasta en diez causas distintas, todas archivadas por no encontrarse motivación en las denuncias o por su no culpabilidad tras celebrarse el juicio.
Durante once años el expresidente valenciano tuvo que soportar denuncia tras denuncia y vivir expuesto al escarnio mediático. Entre sus perseguidores estaban Puig y Oltra que le sucedieron al frente de la Generalidad. Uno aparece hoy como presunto afectado en el turbio asunto judicial de su hermano y la otra ha dimitido, aunque se resistió, por montar presuntamente una operación de encubrimiento sobre el proceder de su exmarido con una menor tutelada. Y escribo «presunto» y «presuntamente», vocablos que no emplearon los calumniadores irredentos de Camps que daban las acusaciones por probadas. El País, cada vez más la nueva cabecera de lo que otrora fue El Socialista, sumó 169 portadas a la campaña contra Camps.
El expresidente valenciano se ha enfrentado a su largo calvario con valentía y dignidad. Y el final honorable de su persecución política y mediática, que he tomado como ejemplo, plantea algunas preguntas. ¿Cómo reacciona el PP ante estas persecuciones a sus dirigentes que luego desembocan en nada? ¿Restituye públicamente su honorabilidad en el seno del partido? ¿Cuenta con ellos, con su experiencia y su trabajo? El senador Josep María Sala, condenado por el caso Filesa, fue indultado y reincorporado a los órganos del partido socialista catalán. A Barrionuevo y Vera, que luego serían indultados, les acompañaron hasta la puerta de la prisión, jaleándolos, Felipe González y toda la cúpula del PSOE. Podemos no es distinto. No admite nunca la culpabilidad de sus condenados, les procura sabrosos sueldos públicos, y desprestigia a los tribunales que los juzgaron. El PP parece que no sabe y no contesta. Es un hecho objetivo de cobardía incomprensible. Ante un navajero no puedes reaccionar con buenos modales.
Muchos denunciados del PP lo son por meros intereses partidistas de sus adversarios, acusados directamente por el PSOE o por asociaciones de afectados creadas al efecto. Los denunciados dimiten de las responsabilidades que ejercían sabiéndose inocentes, ven cambiar sus vidas, sus familias sufren, y tras ser archivadas sus causas o declarados no culpables, no reciben ni una llamada ni el aliento de su partido. Muchas veces la noticia ni se recoge en los medios. En la izquierda siempre «pagan justos por pecadores» y su creencia de que ostenta una legitimidad moral que su historia no avala le da derecho a proclamar la inocencia de los suyos hagan lo que hagan. Y cuando son condenados consideran las sentencias judiciales un apaño y a los jueces unos fascistas. Para la izquierda los delincuentes son siempre los de enfrente.
Hay un nuevo PP. Lo esperábamos muchos ciudadanos. Y es la hora de dejar atrás la ingratitud y la cobardía que se tornan injusticia, y de rehabilitar públicamente a tantos perseguidos con saña por la calumnia y la manipulación. Camps –once años de persecución– debería ser el primero. Pero no el único. Feijóo tiene la palabra.
Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.