La intensificación repentina de la inmigración de carácter irregular y origen africano por vía marítima durante el año 2006 parece haber cogido por sorpresa a la Administración central y a las fuerzas políticas y la sociedad canarias, desencadenando una intensa discusión en los medios de comunicación y la opinión pública. En estos debates predominan cuestiones relacionadas con el control de fronteras y exigencias con respecto a una mayor efectividad de sus dispositivos. En cambio, las preguntas acerca de las causas de la intensificación de las salidas del vecino continente y de las posibilidades de gestión integral de esta movilidad son mucho menos frecuentes.
Asimismo, se escuchan y leen opiniones en los medios de comunicación, emitidos habitualmente por gestores políticos de diversa responsabilidad. Palabras como "avalancha", "oleada", "tsunami" e "invasión", ubican al fenómeno junto a los desastres naturales y a los conflictos bélicos. Otras intervenciones más amplias y pensadas, orales y escritas, llegan a tener incluso connotaciones racistas. Y existen voces que advierten de "consecuencias dramáticas" para la economía canaria y sus servicios públicos. Estas voces apelan al temor de la población, advirtiendo que ésta se puede ver directamente perjudicada en su calidad de vida.
Tan importantes son los mensajes como el tono ascendente y la imagen de crispación que envuelven estos pronunciamientos públicos. Pero la información sobre las condiciones de vida en las áreas de origen de la emigración africana apenas aparecen, y la condición de pobres de los países emisores tiende a interpretarse como una desgracia independiente de la riqueza de las naciones receptoras de esa movilidad.
El Gobierno de Canarias, el Ejecutivo del Estado español y los partidos políticos se han enzarzado en un conflicto más retórico que efectivo, careciendo de las pruebas empíricas necesarias para justificar los juicios emitidos y, sin embargo, olvidand que su papel -¿y protagonismo?- debería estar más relacionado con el establecimiento de los mecanismos adecuados para avanzar hacia la unidad de acción, favoreciendo la comunicación, coordinación y cooperación de las múltiples entidades implicadas en la gestión del fenómeno inmigratorio en sus diversas vertientes.
Unidad de acción imprescindible, tanto hacia el exterior como hacia el interior. En el primer caso, para fortalecer un frente común ante las legítimas demandas que se deben elevar a distintas instancias con responsabilidad en la gestión de los procesos migratorios, en particular, la Unión Europea. En el segundo caso, para superar el creciente clima de incertidumbre que se ha instalado en la sociedad regional, sobre todo derivado de la falta de una línea de actuación compartida.
Es habitual que acontecimientos percibidos como imprevistos y descontrolados provoquen reacciones de rechazo. Si estos acontecimientos tienen, además, una elevada complejidad y sus soluciones, por ende, también son complejas, entonces es frecuente buscar refugio en la responsabilidad de las autoridades y contentarse en el plazo inmediato con la adopción de remedios simples que no son suficientes para una adecuada gestión integral del fenómeno. Si se crea alarma social, la energía de la tensión busca camino y el peligro consiste en que una sociedad civil poco informada tiende a presentar alteraciones extremas en sus actitudes, que avanzan hacia la xenofobia y el racismo; tendemos entonces a atribuir nuestros males a lo foráneo. Aquí y en otras cuestiones quizás deben desempeñar un papel más activo los inmigrantes ya instalados, bien de cara a la sociedad de la que forman parte como de los candidatos a ingresar en ella.
En este sentido, la actual situación es una prueba para la madurez cívica y política de la sociedad canaria. Es un examen que se puede aprobar con buena nota o que se puede suspender por la falta de cohesión y madurez colectiva. Si provoca una crisis, sea en términos objetivos de incapacidad de gestión o en términos subjetivos de histeria colectiva, entonces sabremos que no hemos sido capaces de enfrentarnos con sosiego a algo que no es tan imprevisible como ahora puede parecer. Desde hace décadas se ha advertido que las graves desigualdades entre Europa y África provocarían fuertes flujos migratorios, y en ese contexto, el blindaje de otras partes de la frontera Sur de Europa ha provocado que Canarias sea ahora uno de los puntos calientes de esa línea imaginaria.
¿Existen soluciones? Sí, las hay, pero no son gratuitas, ni completas, ni definitivas. Son necesariamente combinaciones de medidas coherentes en distintos frentes de acción y horizontes temporales. El endurecimiento exclusivo del control de fronteras provoca variaciones en los puntos de entrada, readaptaciones en los medios utilizados y en el grado de organización de la migración irregular. Pero no elimina los flujos indeseados. Así que, en paralelo, deben adoptarse otras medidas como la ampliación de la inmigración regular, la lucha contra la economía sumergida en destino y la ayuda al desarrollo de los países de origen.
La percepción colectiva de la inmigración tiende a interpretarla más como amenaza que como oportunidad. Abundan las controversias y los mitos, que habitualmente sin pruebas empíricas la relacionan con otros problemas, caso del desempleo o de la calidad de servicios básicos como la sanidad y la educación. Las autoras y autores de esta iniciativa invitamos a la reflexión acerca de cómo los retos que plantea la inmigración se pueden convertir en oportunidades, y además, animamos a que se estudien con rigor los efectos de la inmigración antes de condenarla por el mero hecho de contribuir a la generación de cambios más o menos intensos en diversos planos de nuestra realidad.
Margarita Isabel Ramos Quintana, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna; Dirk Godenau es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. También firman este artículo los catedráticos y profesores Asunción Asín Cabrera; Ramón Díaz Hernández; Josefina Domínguez Mújica; Aniano Hernández Guerra; Ana López Sala; José Luis Rivero Ceballos; José Ángel Rodríguez Martín; Vicente Manuel Zapata Hernández.