Cáncer y riesgo de exclusión social

Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y, pese a todos los avances en investigación, seguimos teniendo miedo a la enfermedad. Miedo a decirlo para no parecer frágiles y vulnerables, miedo a ayudar por no saber cómo hacerlo; miedo que hace que el paciente y su familia se sientan aislados y se diluya la red de apoyo social e individual. Y este miedo se siente en todos los estamentos públicos y privados.

Aunque la supervivencia es cada vez mayor gracias a los avances de la ciencia, en España se diagnostican anualmente 228.482 casos nuevos, 100.000 personas fallecen a causa de la enfermedad y 600.000 viven con cáncer. Así dicho, pudiera parecer que el cáncer solo se mide por datos epidemiológicos y aspectos puramente médicos. Pero la realidad es muy diferente.

El pasado día 1, en el VII Foro Contra el Cáncer, hicimos visibles otros datos que, en muchas ocasiones, suponen un problema añadido para las personas con cáncer y sus familias. Son los asociados al impacto económico de esta enfermedad y que está directamente relacionado con la capacidad de una familia para salir adelante. Los datos del estudio realizado por el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), muestran cómo impacta económicamente el diagnóstico del cáncer en una familia en España. Un impacto económico que genera miedo en la persona enferma.

Las bajas laborales en cáncer son de larga duración. Para que nos hagamos una idea, el cáncer de mama fue la segunda causa de baja temporal de más de 12 meses, solo superada por las patologías lumbares. Una persona con cáncer, durante una media de un año, tiene mermada su capacidad económica y, en algunos colectivos vulnerables, esa merma puede suponer que tengan que decidir entre pagar las facturas o hacer frente a los gastos derivados del cáncer.

En nuestro país, unas 91.000 personas en edad laboral (10.000 en situación de desempleo, 11.000 por cuenta propia y 70.000 por cuenta ajena) son diagnosticadas de cáncer cada año. Pongamos el foco en tres colectivos: autónomos, personas con rentas bajas y desempleados.

Los autónomos, al cotizar por la base mínima, reciben una prestación neta de 670 euros, cantidad a la que hay que restar su cuota mensual (275 euros de media). Después de hacer frente a sus obligaciones fiscales, un autónomo con cáncer tiene que vivir con 395 euros al mes, un importe inferior al mínimo de subsistencia de los salarios sociales.

Las personas sin empleo son otro de los colectivos vulnerables. Unas 10.000 personas en esta situación tienen cáncer cada año, más de la mitad de ellas, concretamente 5.232, no cuentan con ninguna prestación económica. A esto hay que añadir el gasto en salud habitual de la familia que, con un diagnóstico de cáncer, se incrementa en unos 150 euros mensuales (analgésicos, cremas especiales, transporte al hospital, etcétera).

El otro colectivo analizado son las personas trabajadoras por cuenta ajena con bajos recursos, casi 4.000 en España cada año. Con la baja por enfermedad hay una reducción del salario en un 25% lo que significa que estas familias, que cuentan con un salario menor al salario mínimo interprofesional, tendrán que vivir con unos 400 euros al mes.

Estamos hablando de que cada año, unas 25.000 personas en España entran en una situación de clara vulnerabilidad a causa del diagnóstico de un cáncer. Es el 27,7% del total de diagnosticados cada año en la población activa en España, esto es, personas mayores de 15 años y menores de 65.

Revertir esta situación es responsabilidad de todos. Podemos y debemos superar el miedo y hacer algo para que las familias con cáncer se sientan protegidas mientras dure la enfermedad. Por eso, desde la AECC hemos solicitado a todos los agentes sociales (Estado, empresa, organizaciones sociales) un mayor esfuerzo que se pueda traducir en planes específicos para cada sector.

Al Estado le hemos pedido un Plan de Protección Integral a las Familias con cáncer que contemple medidas concretas para evitar estas situaciones de vulnerabilidad. Sabemos que llevará tiempo y que tendrán que intervenir distintas Administraciones, pero también creemos que es necesario si queremos que el cáncer no signifique un factor de vulnerabilidad.

A las empresas les pedimos que tengan más flexibilidad hacia las personas cuidadoras y que compensen el 25% de reducción del salario mientras dure la baja laboral.

Desde las ONG estamos trabajando en red, entre nosotros y con la administración pública, para apoyar a las personas con cáncer vulnerables, pero se necesita una mayor coordinación y sistematización de este trabajo para que podamos dar respuestas más eficaces e integrales a estas necesidades sociales.

Y, por último, el compromiso personal. Estar atentos por si hubiera un caso de cáncer en nuestro entorno y pararnos a pensar qué podemos hacer por esa familia. Llevar o recoger los niños del colegio, ayudar a subir la compra del supermercado son pequeños detalles que les harán la vida más fácil.

Esta enfermedad es mucho más que datos clínicos. Es una enfermedad que abarca aspectos que pueden influir en el tratamiento de la enfermedad y mermar, considerablemente, la calidad de vida de las personas afectadas. Tenemos un gran sistema de salud, tengamos también un gran sistema de protección social frente al cáncer. Pensemos en lo que cada uno de nosotros podemos hacer para ayudar a paliar las consecuencias colaterales de esta enfermedad.

Ignacio Muñoz Pidal es presidente de la AECC.

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