Candidatos en prisión y elecciones

El río que nos lleva transita a veces por cauces inesperados. A mí, uno de ellos me llevó a dedicarme intensamente a misiones de observación electoral, sobre todo, en lugares delicados. En 36 ocasiones trabajé como experto internacional en zonas como América Latina, Centroamérica, Palestina, la exYugoslavia entera y de una manera muy reiterada en los 15 estados que integraron la URSS. Mi dedicación a los derechos humanos se tradujo en una gran colaboración con la OEA (Organización de los Estados Americanos), la UE y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). Disculpe el lector esta introducción en primera persona. Su único fin es señalar que mi reflexión tiene su base en lo vivido más que en la sapiencia.

En las misiones internacionales hay observadores de larga duración y otros que asisten los últimos días, de un modo muy intenso en la jornada de votación, visitando colegios y tomando notas en cuestionarios que permiten apreciar si se actúa según los estándares democráticos. Con la tarea de varios equipos, la información puntual comunicada permite a los expertos del el centro base tomar la temperatura a lo que acontece.

Todo se considera para hacer el informe final de valoración que será público. Pero hay otros elementos no referidos al día de los comicios sino que han configurado el ambiente y contexto del país para poder afirmar si las elecciones han sido o no democráticas. Varios factores se aprecian: el pluralismo informativo, el acceso de los candidatos a los medios, las restricciones para ser elegibles o electores, si el poder se aprovecha de su situación…

Hay otro importante: que los candidatos u opositores hayan tenido o no la oportunidad de hacer campaña con igualdad de oportunidades. Esto me lo he encontrado en varias misiones de observación. Delata que hay un partido que se ha beneficiado de una financiación irregular. En el caso de España está demostrado por la Guardia Civil y la Fiscalía que el PP ha tenido una gran ventaja al disponer de muchos fondos obtenidos mediante delitos.

Pero me quiero centrar en otras experiencias vividas por mí (aparte Venezuela) donde unos hechos gravísimos determinan que los comicios, y por tanto el país, sean calificadas como antidemocráticos. Me refiero al encarcelamiento o enjuiciamiento de candidatos. De ello he sido testigo varias veces y siempre en países totalitarios o con gérmenes de ello. Me he encontrado personalmente estas situaciones en Rusia, en Bielorrusia, en la Ucrania del prorruso Yanukoviv, en algún país caucásico o en varios de Asia Central, todos de origen soviético.

En todos estos casos, la evaluación de la Misión Electoral Internacional es negativa. No se pueden afrontar unas elecciones cuando los líderes están en prisión. Que aquí, por instancias del fiscal nombrado por el Gobierno, los legítimos gobernantes principales hayan sido encarcelados es antidemocratico.

La severidad y retorcimiento del Derecho que han hecho el reprobado fiscal general y la jueza Carmen Lamela muestran una actuación muy torticera y antijurídica. Pocos después, un juez belga no ordenó que el president Puigdemont y cuatro consejeros entraran en prisión. En 15 días se dictará la resolución definitiva de la justicia belga. Previsiblemente, deniegue una entrega a una España sin garantías.

Mientras el vicepresidente y siete consejeros siguen encarcelados, otro órgano, el Tribunal Supremo dispuso la libertad con poca fianza para Carme Forcadell y miembros de la Mesa del Parlament. Por los mismos hechos. Así, frente al modo sumarísimo de actuar de la jueza de la Audiencia Nacional, el Supremo no ha aplicado ese criterio sino que suaviza los efectos.

La presentación de que Forcadell no va a prisión no puede basarse en acatar o no un precepto constitucional, conteste a la fiscalía, minimice el lío que ella hizo o que renuncie a participar en política fuera del marco constitucional. Tras el 155 ni el Govern ni el Parlament no hicieron ademán de rebelarse ni desacato alguno. Por ello, Forcadell debería ser juzgada por los hechos imputados (los mismos que los consejeros), y no por acatamientos florales para salvarse. Es solo un subterfugio para paliar la brutalidad jurídica hecha con Oriol Junqueras y los consejeros presos. Y para realizar una humillación en toda regla con el Código Penal como espada. Pero tranquilos, Forcadell no llego a besar la bandera española. Algo más suave era suficiente en este juicio político cuyo juez expresa dudas de que hubiese rebelión ni malversación. ¡Un mazazo a Maza!

Jesús López-Medel, expresidente de la Comisión Derechos Humanos y Democracia de la OSCE.

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