Capital social y gobierno democrático

Por Francisco Herreros Vázquez, investigador de la Unidad de Políticas Comparadas/CSIC (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 09/11/06):

Abstract:

El capital social – es decir, los recursos derivados de la pertenencia a redes sociales – puede generar un mejor gobierno democrático porque proporciona mayores niveles de información a los ciudadanos y porque posibilita la articulación de intereses y su inclusión en la agenda política. España es un país con una dotación baja de capital social, tanto si se mide como participación en asociaciones como si se mide como confianza en los demás. Además, su distribución es muy desigual: los trabajadores no cualificados, las mujeres y los ciudadanos con un menor nivel educativo son los grupos que menos participan en asociaciones y los que presentan índices más altos de desconfianza hacia los demás. En este trabajo se argumenta que el Estado debe promover el desarrollo de más capital social y mejor distribuido. Por ejemplo, invirtiendo recursos en evitar el abandono temprano de los estudios; promocionando la participación en asociaciones, especialmente de los grupos más desfavorecidos (mujeres, trabajadores no cualificados, desempleados, individuos con un nivel educativo
bajo) o incrementando la eficacia de la administración pública (lo que redundaría en un aumento de la confianza social). Estas medidas dotarían a la ciudadanía de una mayor capacidad para controlar a sus gobiernos y garantizarían una mayor representación política de los intereses de grupos sociales tradicionalmente marginados.

Social capital – which could be defined as resources that stem from participating in social networks – may give rise to better democratic government. This is so because social capital provides citizens with higher levels of information and it makes possible the organization of collective interests and their inclusion in the political agenda. Spain is endowed with low levels of social capital, whether you measure it as participation rates in associations or as individuals’ self-reported confidence in the others. In addition, social capital distribution in Spain is uneven: non-qualified workers, women and citizens with low levels of education participate less in associations and are more distrustful of the others. This paper argues that the State must promote the development – and an even allocation – of social capital. For instance, by investing resources in preventing the early abandonment of education; by fostering participation in associations – above all among the more disadvantaged groups (women, non-qualified workers, unemployed, low-educated individuals); or by improving general levels of public administration’s efficacy (which would give rise to higher levels of social confidence). These measures would eventually make citizens more capable to control their governments as well as guarantee a wider political representation of social groups that have been traditionally alienated from the political arena.

Resumen:

En las democracias modernas el control de los políticos por los ciudadanos se realiza en las elecciones. En cada elección los ciudadanos deciden si castigar o premiar al gobierno de turno. Por ello, los gobiernos, anticipando la sanción de los ciudadanos, procurarán, al menos en teoría, realizar políticas conformes a los intereses de estos. En la práctica, las elecciones son, en el mejor de los casos, un mecanismo imperfecto de control de los políticos. Para que funcionen correctamente es necesario que los ciudadanos tengan información política suficiente y que sepan si los gobernantes cumplen sus promesas o, por ejemplo, si la situación del país es atribuible a sus políticas o a factores ajenos a ellas.

Sin esa información, difícilmente los ciudadanos podrán castigar o premiar acertadamente a sus gobernantes en las elecciones. El problema es que, en general, los estudios de opinión pública coinciden en que los ciudadanos carecen de un nivel alto de información política, por lo que difícilmente las elecciones podrán jugar ese papel de instrumento de control de los políticos. Una forma de contrarrestar estas limitaciones es defendiendo un modelo de democracia más participativo mediante el cual ciudadanos más activos adquieren la información política necesaria para controlar a sus gobernantes.

Pero, de nuevo, nos encontramos con un problema: los modelos de democracia participativa suelen ser muy exigentes; requieren la participación de los ciudadanos en organizaciones políticas que persiguen bienes públicos. Y ello nos sitúa en el punto de partida: los ciudadanos no parecen tener muchos incentivos para participar activamente en organizaciones políticas, por el mismo motivo por el que no parecen tener mucho interés en adquirir un nivel adecuado de información política.

Una solución a estos problemas es la que promete la escuela de capital social: la participación en asociaciones, sean del tipo que sean, genera efectos beneficiosos para el buen gobierno democrático, proporcionando a los ciudadanos mayores recursos para controlar a sus gobernantes. No se requiere participar en asociaciones políticas para dotarse de recursos con los que controlar a los políticos. Esta es la gran ventaja del modelo defendido por la escuela de capital social frente a otros modelos de democracia participativa.

El capital social son recursos derivados de la pertenencia a redes sociales. Por participar en una red social, supongamos, por ejemplo, una asociación o un círculo de amigos o de conocidos, se pueden obtener recursos, entre otros, de información. Pueden proporcionarte, por ejemplo, información sobre ofertas de empleo. Igualmente, puedes desarrollar relaciones de confianza que más adelante pueden serte útiles. Las relaciones de confianza generadas entre los miembros de una asociación, u otro tipo de red social, pueden resultar importantes para promover la cooperación entre ellos, y esto, a su vez, les puede permitir articular mejor sus demandas ante los poderes públicos.

  • ¿Cómo creamos ese recurso, el capital social, que tan útil puede ser para el buen gobierno democrático? En este trabajo se presentan dos vías para la creación de capital social: una vía liberal, que acentúa la “autoorganización de la sociedad civil”, y una vía socialdemócrata, que defiende el papel activo de las instituciones públicas en la creación de capital social.
  • Ambas vías no son excluyentes, pero la liberal tiene como principal inconveniente que no garantiza una distribución equitativa de este recurso en la sociedad. Efectivamente, si dejamos que simplemente la “sociedad civil” se autoorganice, el resultado previsible será que aquellos grupos sociales más privilegiados en términos de clase, educación o ingresos serán los que se doten de mayores recursos de capital social. Los grupos menos privilegiados, como la clase obrera, los jóvenes, los desempleados, las mujeres o los inmigrantes, tendrán que superar muchos más obstáculos para organizarse, por lo que sus demandas sociales entrarán con mayor dificultad en la agenda política. Por ello, se necesita que las instituciones públicas intervengan, empleando los instrumentos del Estado del bienestar, para promover una distribución equitativa del capital social.
  • En España, el capital social es un recurso escaso, tanto si lo medimos como participación en asociaciones como si lo medimos como confianza en los demás. Pero, además, como se demuestra en este trabajo, se trata de un recurso distribuido de manera muy desigual, por líneas de clase, de género y, fundamentalmente, de nivel educativo.
  • Por ello, se argumenta, el Estado debe promover el desarrollo de más capital socialy mejor distribuido, mediante la concesión de subvenciones para la organización de grupos sociales no privilegiados, incrementando la eficacia de la administración pública (lo que redundará en un aumento en la confianza social) e introduciendo reformas educativas que reduzcan el fracaso escolar. El objetivo es conseguir mayores reservas de capital social, más igualdad en su distribución y, como consecuencia, políticos más solícitos a las demandas de todos los ciudadanos, incluyendo los grupos menos favorecidos.

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