Caramelos de regaliz

«Voto para joder, no para hacer el amor». Esta confesión de una amiga a sobre descubierto condensa la frustración de aquéllos que confían en la capacidad de las políticas de mejorar la vida de las personas, pero contemplan con calentura creciente el nivel del debate político en España. La frase también desnuda la necesidad de otorgarle un valor intrínseco al voto en blanco, del que en la actualidad carece.

El blog Nada es Gratis, con el que colaboro, dedicó hace unos días una serie de tres entradas a enumerar muchos de los asuntos económicos en los que, o queda mucho margen de mejora, o simplemente caminamos en la dirección contraria. El futuro gobierno que salga de las urnas haría muy bien en tomar nota. Sin embargo, aunque la omisión de problemas evidentes puede resultar irritante, lo verdaderamente alarmante del debate político es la ausencia de la elaboración de un diseño de sociedad, soflamas al margen.

Somos una sociedad desarrollada que ha conseguido desde el final de la dictadura importantes avances en lo económico y en lo social. No obstante, nada nos asegura que en el futuro seamos capaces de mantener nuestros niveles de bienestar y mucho menos de aumentarlos siguiendo la senda de los países más avanzados. Por eso, el diseño para una sociedad próspera ha de empezar por reconocer lo evidente: estamos inmersos en un proceso de profundos cambios tecnológicos, cambios que probablemente se acentuarán en los próximos años. El avance y desarrollo de la digitalización, la inteligencia artificial o la robótica en el contexto de una economía globalizada va a tener un importante impacto en la organización de los procesos de generación y distribución de la producción, con implicaciones innegables en el mercado de factores y en la distribución primaria de la renta.

En el mercado de trabajo todo apunta a que nos dirigimos a sociedades donde predominará un doble equilibrio. En el equilibrio más elevado, los trabajadores desempeñan tareas bien remuneradas en procesos productivos de alto valor añadido. En el equilibrio inferior, las personas se ocupan de tareas para las que no se requiere una elevada cualificación, percibiendo un salario mucho más bajo. Ente los dos equilibrios tendremos máquinas realizando tareas automatizadas. De lo preparada que esté una sociedad para afrontar los nuevos retos, y de cómo se gestione por parte del sector público el futuro marco normativo y regulatorio dependerá nuestra orientación como sociedad hacia trabajos con alto valor añadido, y nuestro bienestar futuro.

Es fundamental garantizar un sistema educativo eficaz en la transmisión de la formación necesaria para desempeñar las nuevas tareas, lo suficientemente flexible para descubrir lo antes posibles las nuevas necesidades formativas. Pero una población mejor formada no será suficiente si su potencial se ve cercenado por un sector público rígido e inoperante, tanto en su labor de lubricación normativa para aprovechar las indudables ventajas de los cambios tecnológicos, como en su tarea de redistribución de la renta hacia los más vulnerables. Esto requiere cambios importantes en el funcionamiento de la administración pública, que han de comenzar por facilitar el acceso del talento a la función pública. Una administración pública más profesional mejora el valor del propio sector público, facilitando la disposición de los agentes económicos a transferir parte de su renta para compensar a los inevitables perdedores que la transformación tecnológica va a originar.

La transición hacia una sociedad más próspera requiere de un nuevo contrato social que potencie lo que favorece la convergencia al equilibrio de alto valor añadido, y se desprenda de los aspectos que lastran su adaptación. El núcleo vertebrador del nuevo acuerdo tendría como objetivo conseguir la máxima exposición de los agentes sociales (en el sentido más sociológico del término) a las ideas y al talento. En España, como en otros países, existe mucho talento, pero por desgracia nos empeñamos en aislarlo o condenarlo al destierro. Hay talento languideciendo en pequeñas empresas familiares, acomodándose en universidades que ocupan puestos retrasados en los rankings, o adaptándose a los ritmos funcionariales de la administración pública. Nuestro diseño actual de sociedad condena a que sus ideas permanezcan en compartimentos estanco, en lugar de permitir su difusión.

Investigaciones recientes demuestran que las conexiones sociales, por su capacidad para difundir ideas, son un motor fundamental de la creatividad y la generación de nuevas ideas, que impulsan el desarrollo individual y social. Durante ochenta años la Universidad de Harvard, a través del Harvard Study of Adult Development, ha seguido a un grupo de más de 700 personas para descubrir que las relaciones sociales se encuentran entre los factores más importantes de la felicidad y salud mental. Esta evidencia a nivel individual también es cierta para las sociedades. A nivel institucional la producción de ideas tiene economías de escala. Las empresas más grandes son más productivas que las pequeñas en parte porque de las relaciones personales en su seno fluyen nuevas ideas con capacidad de generar muchas más ideas. También las mejores universidades les dan una importancia fundamental al networking a través, por ejemplo, de sus programas de seminarios o visitas. El nuevo contrato social debería empezar por sacar a nuestras instituciones del limbo autárquico en el que se encuentran. Esto requiere empezar a construir puentes institucionales de alta velocidad para facilitar la transición del capital humano entre el sector público, el privado y el educativo.

La construcción de estos puentes del conocimiento es incompatible con algunos aspectos clave de la estructura operacional actual del sistema educativo y de la administración pública como: el acceso dominante a la función pública por medio de las oposiciones; el estrecho rango salarial en el sector público; el sistema de gobernanza actual de las universidades; la ausencia de autonomía en centros educativos y departamentos de la administración del estado; los obstáculos a la reversibilidad del talento del sector público al privado; o el desprecio a la rendición de cuentas. Cambiar estos aspectos es factible, especialmente si se hace de un modo progresivo.

Los puentes institucionales del conocimiento se deberían sustentar sobre pilares sólidos a partir de la evaluación continua tanto de las políticas públicas, como del desempeño del sistema educativo. La revolución tecnológica presente tiene también una vertiente que afecta a la capacidad de las sociedades actuales de generar ingentes cantidades de información y tratarlas de modo adecuado para evaluar con gran rapidez y detalle aspectos concretos del funcionamiento del sector público. Esta es la base de proyectos como OPAL en el que participan el MIT y otras instituciones.

La fragmentación política es tal vez el principal obstáculo al diseño pactado de una estrategia como la descrita. Los partidos populistas son grandes enemigos de la creación de puentes de conocimiento. El populismo se nutre del temor de las sociedades a situaciones cambiantes, incluyendo los grandes cambios tecnológicos y organizativos. Su respuesta es siempre la misma: blindar el statu quo a ciertos colectivos de potenciales amenazas a su posición de partida. Justo lo contrario al dinamismo en la movilidad de las personas y sus ideas que incentivaría el progreso. La prevención del progreso les garantiza a su vez ampliar su masa de potenciales votantes de entre la población de desilusionados. Siempre existirá un culpable lejos de su entorno sobre el que hacer recaer la responsabilidad. Es más, los partidos populistas empujan la frontera del populismo, forzando de este modo la asunción de parte de sus propuestas tanto por los partidos más tradicionales como por otros nuevos que nacieron para actuar de contrapeso a la deriva populista. Propuestas contrarias al progreso, cuando no disparatadas, adquieren de este modo por consenso político ante la opinión pública el marchamo de irreprochables.

Nada garantiza que el resultado de un sistema de elección basado en la decisión individual conduzca a un óptimo para el conjunto de la sociedad. Y este hecho es todavía más cierto cuando se valora el resultado de dicha elección teniendo en cuenta otros escenarios posibles desde la perspectiva del paso del tiempo. Por eso resulta tan frustrante la constatación de que nuestros políticos, lejos de establecer las condiciones necesarias para abordar los retos fundamentales a los que nos enfrentamos, sigan vendiéndonos, como solución a nuestros males, caramelos de regaliz de distintos colores.

Javier Ferri es profesor de economía en la Universidad de Valencia e investigador de Fedea.

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