Carmel, oportunidad perdida

Por Jordi Sànchez, profesor de Ciencia Política de la UB (EL PERIODICO, 28/05/05):

¿Qué aportan de nuevo las conclusiones de la comisión parlamentaria que ha seguido el caso del hundimiento en el barrio del Carmel? La respuesta no es obvia, pero la sensación tras su lectura es de muy pocas cosas nuevas. Evidentemente, se dicen cosas de una cierta importancia, pero esto no significa que la comisión parlamentaria haya aportado más luz sobre la que ya había antes de iniciar su trabajo la comisión que tenía que averiguar qué ocurrió, por qué no pudo evitarse y quién tiene responsabilidades en el suceso.

Este resultado vuelve a poner el dedo en la llaga sobre las fuertes limitaciones que suelen haber en toda comisión de investigación parlamentaria. Pese a que debe valorarse muy positivamente la rapidez con la que la mayoría gubernamental accedió a crear una comisión parlamentaria, cosa que habitualmente en otros momentos y circunstancias no suele suceder, mucho me temo que el resultado de la comisión no sirve, como ya he dicho anteriormente, para saber más sobre la cuestión del Carmel y, en consecuencia, tampoco para reconciliar una parte de la ciudadanía con las instituciones y reforzar la credibilidad de éstas y del trabajo que realizan.

De las distintas cuestiones tratadas por la comisión, la más escandalosamente decepcionante ha sido la del famoso 3%. Es evidente que ésta no era una comisión parlamentaria destinada a poner negro sobre blanco en el asunto de la supuesta financiación irregular de algunas formaciones políticas mediante el cobro de un porcentaje de la obra pública contratada. Pero la comisión tenía la obligación de abordar esta cuestión con mucha más insistencia. Tras la crisis y la indignación social que este tema generó una vez el propio president Pasqual Maragall situó en primer plano el debate sobre el 3%, es difícilmente justificable que en las conclusiones de la comisión esta cuestión quede archivada en tan pocas palabras. Es cierto que en este aspecto la comisión parlamentaria ha contado con una dificultad añadida: encontrar comparecencias con la voluntad de explicar con detalles lo que el propio president Maragall definió como un secreto a voces.

Pero en ningún lugar está escrito que el trabajo de una comisión parlamentaria sea fácil. Viendo el resultado de la comisión en esta cuestión, podemos llegar a la conclusión de que hubiera sido mucho mejor que, intuyendo las dificultades que ésta tendría para obtener información relevante, no se hubiera entrado en la cuestión de la financiación. Mucho mejor esto que haberlo hecho para no aportar nada en concreto. Ahora, como antes, la única puerta abierta que queda para la clarificación de esta cuestión está en el trabajo que pueda estar llevando a cabo el fiscal José María Mena.

MIENTRAS, sin embargo, nadie podrá contrarrestar las afirmaciones de políticos como el propio expresident de la Generalitat en el sentido de que "es evidente que la comisión no ha encontrado nada porque no hay nada que encontrar". Con las conclusiones en la mano es formalmente incuestionable y difícilmente rebatible su razonamiento. Incluso debo reconocer como extraño el que en el apartado de recomendaciones se avance en propuestas como la eliminación de donaciones anónimas a los partidos cuando previamente se ha afirmado que no se han podido acreditar los presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

¿En base a qué información se sustenta esta propuesta? Personalmente, comparto la necesidad de eliminar las donaciones anónimas, pero también creo que la propuesta no es coherente con los resultados de la investigación de la comisión del Carmel. Más valdría avanzar parlamentariamente en la regulación de la financiación de los partidos a través de una comisión ad hoc y, vistos los resultados, dejar esta cuestión al margen de las conclusiones de la comisión del Carmel para evitar efectos contrarios a los buscados.

Haciendo de la necesidad virtud, y buscando una lectura positiva de este proceso, podríamos extraer alguna lección para evitar en situaciones futuras llevar el Parlament a trabajos irrealizables, con el desgaste de credibilidad que esto puede comportarle. La credibilidad de una institución también radica en el hecho de asumir lo que es realizable y evitar objetivos que por la naturaleza de la institución y sus protagonistas, competencias, recursos o voluntades mayoritarias no puedan ser realizados.

RESPECTO de las otras cuestiones sobre las que la comisión parlamentaria ha trabajado, y que de hecho son las que dieron lugar a la creación de la comisión, parece indiscutible que las responsabilidades sobre las causas del hundimiento se desplazan sobre las empresas adjudicatarias, se supone que por la acción incompetente de una parte de sus técnicos y profesionales. De esta conclusión se desprende, asimismo, que las responsabilidades llegan al Govern, el actual y el anterior. El actual porque finalmente tiene la responsabilidad política y moral última de todo lo ocurrido bajo su mandato. Del anterior, porque que estas obras y parte de los vicios adquiridos en las obras públicas tienen su origen en el anterior Govern. Pero es obvio que sólo el actual puede asumir responsabilidades políticas, y pese a la autocrítica por parte de la mayoría gubernamental en referencia a la actuación del actual Govern, no se va más allá de las responsabilidades que se asumieron con la dimisión de dos altos cargos.

Quedan serias dudas sobre si se ha analizado a fondo todo el proceso de control político. Ojalá que en el futuro el caso Carmel no sea recordado como una oportunidad perdida para iniciar y consolidar un nuevo estilo en la asunción de responsabilidades políticas.