Justino Sinova es periodista, escritor y director del Máster en Periodismo de EL MUNDO (EL MUNDO, 21/09/05).
Todos los políticos han sentido alguna vez la tentación de proponer a la prensa un pacto de silencio. Varios políticos han caído en ella y lo han intentado directamente, con la invitación a los responsables de los medios, o indirectamente, con la exposición pública del plan para tratar de implicar a la opinión pública.Por fortuna, ninguno de ellos lo ha logrado plenamente cuando han funcionado los resortes de un sistema libre.
Hace cuatro días, Patxi López, líder de los socialistas vascos, puso sobre la mesa la necesidad de que los medios de comunicación sean cómplices del Gobierno acerca de lo que se ha llamado «proceso de paz» en Euskadi, que, para entendernos mejor, sin eufemismos, consiste en una negociación con la banda terrorista ETA. Para López, a la vista de determinadas informaciones que, según él, se basan en elucubraciones o «generan expectativas» que podrían conducir a la «frustración», lo mejor sería que el Gobierno llegara a una «especie de pacto» para «remar todos en la misma dirección».
Dicho con palabras claras, el proyecto que López plantea se resuelve con el silencio parcial o total de los medios sobre el asunto.Pero el silencio es el procedimiento más seguro para anular la libertad de expresión, cuya muerte es la ruina de la sociedad abierta. Se trata de una propuesta arriesgada y amenazadora.
Un pacto de silencio Gobierno/prensa es imposible en la práctica.Bastaría con que una vez no lo cumpliera uno solo de los medios que cada día se dirigen al público desde el quiosco, el receptor de radio, el televisor o el ordenador para que saltara por los aires. Tratándose de ETA, ¿piensa López que podría domeñar a los medios del mundo etarra? Sería dramático que los únicos medios que hablaran del asunto fueran esos mientras los demás callaban pudorosamente... ¿Y piensa que podría controlar también la información que llegara desde más allá de nuestras fronteras, mediante los satélites de comunicación o Internet con servidores instalados nadie sabe dónde? Hoy la información es un apabullante fluido de mensajes que invade nuestras vidas aunque no queramos. Es más difícil que ponerle puertas al campo.
El silencio es no sólo una mala medicina, sino un incentivo para los atentados terroristas. El terrorismo se aprovecha, es cierto, de la información, pues su objetivo suele ser, más que el asesinato de personas concretas, causar terror, o hastío, o desistimiento, en la sociedad que conoce sus ataques. Pero el silencio informativo no acaba con los atentados sino que actúa como una incitación para que los terroristas eleven la dimensión de sus crímenes.Todo ello, además de que el silencio informativo, en cuanto priva a la sociedad del valioso bien de la información, es ya un triunfo de los terroristas.
Sólo el intento de limitar la información mediante el silencio causa ya un daño básico a la sociedad de las libertades. El derecho a la información de los ciudadanos, derecho humano que entre nosotros es un derecho fundamental protegido por la Constitución, impone el deber de informar, que alcanza a los periodistas y a las empresas de comunicación pero también obviamente al Gobierno.La información es un bien que pertenece a todos los ciudadanos y se les perjudica gravemente cuando se les priva de él; perjuicio al que colaboran periodistas y medios, políticos e instituciones cuando difunden falsedades o cuando omiten relevante información.
Toda sociedad falta de información recurre al rumor, que es el infeliz sustituto de la noticia ausente y un grave trastorno para el derecho a la información. El rumor es indeseable, pero surge espontáneamente cuando la demanda de información resulta insatisfecha. Una sociedad llena de rumores es una sociedad enferma, suspicaz y temerosa, en la que se hacen imposibles la libertad y la justicia.
La información libre cumple funciones esenciales. La información es un valor social que actúa también de recurso de autodefensa frente al poder político y a todos los poderes actuantes en la sociedad. Para los gestores políticos, la información suele ser un inconveniente porque limita su capacidad de maniobra al sentirse vigilados mediante el conocimiento. Todos los dirigentes con ramalazos autoritarios han pretendido controlar la información y ponerla a su servicio. Cuando lo consiguen, ellos ganan y la sociedad pierde. La batalla se libra en todos los sistemas, también en el democrático, pero éste, afortunadamente, ofrece la posibilidad de la denuncia y la oportunidad de, sin ir más lejos, rechazar un pacto de silencio.
Algún pacto informativo se ha acordado a veces. Los medios estadounidenses aceptaron no difundir imágenes de víctimas del 11-S. Los medios españoles aceptaron también la petición de no repetir imágenes crudas de las víctimas del 11-M. En ambos casos estaba por medio el derecho a la intimidad y a la imagen de las víctimas y el cada vez mayor descrédito del ingrediente noticioso del morbo.Pero esos límites aceptados no reducen el mensaje informativo ni ocultan información necesaria, ni hacen de la prensa un sumiso colaborador del poder, exactamente todo lo contrario de lo que el sistema democrático espera de ella, que sea colaboradora y cómplice del ciudadano de a pie, a cuyo servicio está.
Yo no sé si la propuesta de esa «especie de pacto» se le ha ocurrido a Patxi López o forma parte de la política oficial en estos momentos cruciales en que se produce un insólito acercamiento gubernamental a ETA. Tiendo a pensar que es idea elaborada en los despachos del poder, porque inmediatamente ha ido acompañada de apelaciones varias a la «prudencia», lo que en lenguaje político no quiere decir prudencia exactamente, sino mutismo, alejamiento, omisión, ausencia. Lo que sé es que, llevada a sus últimas consecuencias, es una manera infalible de acabar con la confianza de la sociedad en la información y, a partir de ahí, con las posibilidades de realizar una información libre y de ejercer la libertad de expresión con plenitud.
De la tan anunciada, temida, comentada, desmentida e inquietante negociación con ETA, lo que necesita la sociedad es información y no silencio. Todo el mundo sabe que a veces un dato inoportuno puede acabar con una operación (sería absurdo pretender informar, por ejemplo, de una redada policial antes de que se produzca), pero la falta de información consentida es peor, pues ataca en su base a la libertad de expresión, institución esencial de la sociedad de las libertades. Nunca se insistirá bastante en la necesidad que tiene la sociedad de información amplia, la máxima información sobre todo lo importante. La sociedad necesita conocer qué hacen sus gobernantes, debatir su gestión, expresarse para que su opinión sea tenida en cuenta. Si se le priva de información, es legítimo que se pregunte con inquietud qué quieren ocultar los gobernantes. Ese es el sobresalto que empieza a surgir en las capas sociales más concienciadas del país: ¿qué quieren ocultar ahora? He aquí una incómoda y desconfiada pregunta que los medios están obligados a responder para servir a la opinión pública, sin caer en pactos de silencio o de prudencia, verdaderas trampas para la libertad.