Carta abierta al Constitucional

Me encuentro entre quienes piensan que el Tribunal Constitucional ha jugado, al menos en su primera época, un papel determinante en la consolidación de los derechos y libertades públicas.

Las huelgas generales convocadas por el sindicalismo confederal han contado con el aval jurídico del Tribunal Constitucional lo que contrasta con su prohibición en muchos países de la UE y en EEUU.

Ha jugado un papel importante en la consolidación de los derechos y libertades públicas. Y ha actuado de contrapeso ante los abusos de poder del ejecutivo y legislativo, por ejemplo con la sentencia de 1993 declarando inconstitucional parte de la ley de Seguridad Ciudadana, la ‘ley Corcuera’ o de ‘la patada en la puerta’. Aunque no siempre ha sido así.

Más conflictivo ha sido su interpretación restrictiva del Estado autonómico, pero no olvidemos que la sentencia de 1983 tumbó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

En este comportamiento del Tribunal Constitucional de las primeras décadas fue determinante la profesionalidad de sus miembros y el sentido de la función constitucional que tienen encomendada. Baste recordar que la ‘ley Corcuera’,  aprobada con los votos del PSOE y CiU entre otros, fue declarada inconstitucional en algunos de sus preceptos por magistrados que mayoritariamente habían sido propuestos por los partidos que apoyaron esa ley.

Desgraciadamente esta realidad se ha ido transformando en negativo y restando credibilidad al Tribunal Constitucional. La sentencia sobre el Estatuto de autonomía de Catalunya marcó un punto de inflexión y no solo por su contenido, sino por los incidentes en su tramitación.

No comparto la declaración de ilegitimidad del Tribunal Constitucional aprobada por el Parlamento de Catalunya.  Y menos el esperpento de ver cómo los mismos que la aprobaron a los pocos días acudían al Tribunal Constitucional con alegaciones para defender sus posiciones.

Pero si creo que el Tribunal Constitucional ha visto debilitada su autoridad. Y ello obedece a que el Poder Ejecutivo lo ha utilizado para imponer sus políticas y estrategias y sus miembros no han querido o sabido protegerse de estas injerencias. Baste recordar que siete años después del recurso presentado por el PP contra la ley del aborto el Tribunal aún no ha dictado sentencia.

No comparto que esa pérdida de autoridad del Tribunal Constitucional obedezca al sistema de elección de sus miembros. Con el mismo método de elección el Tribunal ha gozado de mucha ‘auctoritas’ durante muchos años. Creo que el papel de las personas que ocupan responsabilidades públicas termina siendo más importante que las estructuras que los sustentan.

En los próximos días al Tribunal Constitucional le puede llegar el mayor reto de sus casi 40 años de historia. En el conflicto sobre la convocatoria del 1 de octubre el Gobierno de Rajoy parece tentado a endosarle al Constitucional sus responsabilidades políticas.

La ley de Reforma del Tribunal del 2015, de la que fui ponente y a la que me opuse y voté en contra cometió el grave error de encargarle al Constitucional funciones punitivas que no son propias de su naturaleza arbitral, entre ellas la de suspender en sus funciones, sin proceso previo, a las autoridades o empleados públicos. Y eso me parece un grave error e irresponsabilidad.

Para dar fuerza a mis argumentos recordaré lo que dijo en su momento el profesor Rubio Llorente, magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado: “La corrección constitucional de estas normas es cuestionable, y dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán, pero es segura su capacidad para echar sobre el Tribunal Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo”.

Y después de su aprobación y como si de un epitafio se tratara añadió: “Un día de luto para quienes quisimos librarlo del triste destino del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, cuya destrucción contribuyó no poco a la de esta”.

Ese riesgo del que nos alertó Rubio Llorente está hoy llamando a la puerta del Tribunal Constitucional. Aunque se está a tiempo de sortearlo. El Tribunal Constitucional no está obligado a caer en esa inmensa trampa que el Gobierno Rajoy puede tenderle. Y eso solo depende de sus miembros, no de la ley ni del Gobierno de Rajoy.

La ley les otorga entre otras la facultad de suspender en sus funciones a cargos institucionales. Pero es una facultad, no una obligación. Por eso utiliza la expresión “podrá” y no  “deberá”.

Si el Gobierno de Rajoy continúa con su irresponsable actitud de dar solo respuestas judiciales y no políticas, al menos que en su irresponsabilidad no aplaste al Tribunal Constitucional.

Nada, ni la defensa del “orden constitucional” justifica que termine sucediendo lo que vaticinó el profesor Rubio Llorente. Que el Tribunal Constitucional vea deteriorada aún más su ‘auctoritas’ resta legitimidad al sistema democrático.

Lo que suceda está en manos de los miembros del Tribunal Constitucional y esta carta abierta pretende ser un modesto recordatorio.

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament.

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