Sobre las más de cinco millones de teselas que cubren el mosaico del Juicio Final de la bóveda de la cripta del Valle de los Caídos descansa la historia reciente de España, pero no descansa en paz. La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, o Cuelgamuros, como lo bautizaron los presos y prisioneros de guerra que lo construyeron, es el símbolo público por excelencia del franquismo, y sigue cumpliendo prácticamente todos los objetivos con los que fue diseñado como monumento conmemorativo antes de que terminara la Guerra Civil. La mayoría, como trataremos de ver, han pasado a un segundo plano desde el momento en que fue enterrado allí, en un lugar central y privilegiado de la construcción como correspondía al entonces Jefe del Estado, el general Francisco Franco. Transcurridos casi cuarenta y cinco años, su magnetismo se ha ido debilitando de manera casi proporcional a la modernización y configuración democrática de nuestra sociedad, pero no ha desaparecido por completo.
El llamado franquismo sociológico, fruto sin duda de la larga duración de la dictadura y de los cambios económicos, culturales y sociales que vivió la población española a lo largo de casi cuatro décadas, no puede reducirse a un perfil exclusivamente nostálgico o de extrema derecha. Percibirlo así es un error. También ha cambiado su identificación con la mayor parte de los símbolos del franquismo que ya no tienen significado ni utilidad alguna en un presente acelerado que ha difuminado la mayoría de sus referentes de principios del siglo XX. Sin embargo, hay un elemento emocional en el que pueden reconocerse todavía colectivamente y en el que pueden sentirse agraviados si se reviste la exhumación de Franco con tintes revanchistas, como ya han anunciado y, en cierto modo, vienen haciendo desde tiempo atrás, los detractores de esta medida.
La cuestión es compleja y está anclada en la memoria traumática que dejan las guerras civiles. Compuesta de relatos familiares, de silencio y de dolor, pero huérfana aún de una versión oficial consensuada en la que reconocerse, sigue expuesta periódicamente a su utilización partidista, ya no sólo en términos ideológicos de izquierda y derecha, sino en un sentido mucho más amplio de derechos y libertades. La familia Franco ha podido ejercer las medidas que ha considerado oportunas para garantizar su derecho a decidir sobre los restos de su abuelo. Los mismos que deben garantizarse a las miles de personas que buscan aún a sus seres queridos pendientes de identificar en una fosa común. El Estado, por último, tiene la obligación de intervenir y defender los intereses públicos, pues todo este espacio constituye un Monumento de Patrimonio Nacional, en el que siguen descansando los restos del dictador, una anomalía sin parangón no sólo entre nuestros vecinos europeos sino a nivel mundial, como señaló no hace mucho Naciones Unidas, que contradice la esencia de cualquier Estado democrático moderno.
Está en juego, por tanto, mucho más que una medida puntual. Hay una oportunidad de conciliar esta con una serie de medidas que marquen un antes y un después en las políticas públicas de memoria en España para que no sean interiorizadas como una amenaza por parte de la población y sean automáticamente bloqueadas en función del turno o del signo político. Más que dejar de invocar los fantasmas del pasado, que ya no sirven ni dan miedo salvo en determinado estratos, valdría la pena tratar de recobrar el verdadero interés por nuestro pasado para que dejase de ser utilizado como arma arrojadiza. La historia del propio Valle de los Caídos sirve como ejemplo, ya que por su propia vocación propagandística desde sus comienzos, su construcción en plena dictadura y cuestionamiento desde la Transición a la democracia, ha pasado por todos los estratos de imagen oficial, desmemoria y olvido deliberado que jalonan nuestro tiempo.
Iniciado en 1940, aunque las obras no terminaron hasta finales de los años cincuenta, el Valle de los Caídos fue ideado por el Servicio de Propaganda Nacional antes de que terminara la Guerra, para conmemorar "a los caídos por Dios y por España". Los otros, los vencidos, no sólo quedaban excluidos, sino que fueron obligados a construirlo presos y prisioneros de guerra republicanos. Los primeros bajo la fórmula de redención de penas por el trabajo (aquellos con sentencia firme), y encuadrados en batallones de trabajos forzados los segundos, fueron dando forma a una gigantesca obra que quedó en manos de las grandes empresas constructoras privadas como Huarte, Banús y otras filiales del momento. Ese es uno de los principales problemas que se presenta a la hora de resignificar el monumento, ¿cómo integrar a los que fueron excluidos de él? Esta cuestión fue advertida, al parecer, poco después de comenzar su construcción pero no se alteraron sus planes iniciales. A medida que se alejaba la posguerra, se fue poniendo en marcha un procedimiento que ordenaba a los ayuntamientos a exhumar las fosas comunes de su término municipal y trasladar sus restos al propio Valle. Hoy están localizados allí más de treinta y tres mil cadáveres trasladados a la fuerza y sin consentimiento de sus familiares. Un elemento que no conviene olvidar en el reparto de derechos y legitimidades que suelen ponerse en juego al hablar de este espacio. Espacio que fue apropiándose cada vez de más elementos de concentración de poder en el que terminó consagrándose el esquema del propio franquismo como religión política antimoderna. Todos sus elementos así lo señalan, empezando por la ubicación: el Escorial, lugar emblemático de la Monarquía Imperial de Felipe II y de enterramiento de los reyes de España. En segundo lugar, el elemento católico tradicionalista, identificado con la cruz redentora, la más alta que pudiera levantarse para ser vista desde Madrid. La cripta, en tercer lugar, estaría destinada a José Antonio Primo de Rivera, fórmula con la que el falangismo quedaba envuelto en el nuevo estado franquista. Esa mezcla de elementos políticos y religiosos en un particular estilo barroco, expresaba un último elemento, el de la identidad corporativa militar de una dictadura en ciernes, que reflejaba estéticamente sus ideales, marcados de principio a fin por la Guerra Civil.
El recinto fue pensado también para otros usos no sólo conmemorativos. En mayo de 1939, cuando aún no estaba decidida la ubicación ni los planes definitivos del Valle, Marcelino de Ulibarri, jefe del Servicio de Recuperación de Documentos, trasladó a Franco la posibilidad de crear allí un gran centro de estudios o archivo de la Cruzada, concentrado toda la documentación incautada. El lugar escogido finalmente fue Salamanca, donde se siguió enviando, catalogando documentación, información y bibliografía, con el fin de crear ese archivo y centro de estudio "para poder liberar a los pueblos del fin desastroso a que inexorablemente conducen los errores modernos".
Por todos estos elementos que lo componen el Valle podría ser un lugar para mostrar nuestra historia reciente. Que sirva a la gente más joven para tocar, ver y comprender in situ este proyecto y su realización, en el que estuvieron más de treinta mil personas trabajando durante años contra su voluntad, a pesar de lo que a veces se ha dicho sobre trabajadores libres. En el mismo espacio hay treinta y tres mil más, muertos de ambos bandos de la Guerra Civil, exhumados y llevados allí sin permiso ni consentimiento de nadie. Y en el que también está enterrado Franco y José Antonio, por distintas razones. Un lugar que podría servir de excelente herramienta didáctica, además de poder albergar un archivo histórico de primera magnitud al que se unan los fondos de la propia abadía a los investigadores de todo el mundo. En definitiva, se trata de hacer de esta una cuestión cultural, educativa e investigadora central, para hacer un monumento del siglo XXI que no separe sino que una.
Gutmaro Gómez Bravo es profesor titular de Historia Contemporánea UCM y coordinador de A vida o muerte: la persecución de los republicanos españoles (FCE, 2018). Su último libro publicado es Geografía humana de la represión franquista (Cátedra, 2017).