Entre los cientos de causas abiertas en los juzgados españoles por corrupción hay una que sirve como paradigma del grado de depravación moral alcanzado en ciertos sectores de la política: el llamado caso Cooperación o caso Blasco, que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la presunta apropiación de subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo entre 2008 y 2011. Mediante un burdo montaje basado en la emisión de facturas hinchadas o simplemente falsas, admitidas en los expedientes administrativos por funcionarios sobornados que a su vez contaban con la aquiescencia de evaluadoras externas y auditoras bien remuneradas, algunos de los encausados se apoderaron de unos 6 millones de euros procedentes de nuestros impuestos, además de 177.000 euros de aportaciones voluntarias de los valencianos tras el terremoto de Haití. Todos estos fondos, que tenían que haber servido para la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados del planeta, fueron desviados a distintas sociedades en España y Estados Unidos para ser empleados, entre otros usos, en la adquisición de tres pisos en Valencia, de una potente embarcación de 53 pies de eslora, de un Cadillac para circular por Miami y de dos apartamentos de lujo en Cayo Vizcaíno.
¿Quiénes pudieron cometer semejante tropelía? Según la Fiscalía Anticorrupción, que desde que conoció los primeros indicios realiza una labor admirable, el entramado delictivo tenía dos ejes fundamentales: Rafael Blasco, último conseller de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, y un tipo que desde hace un año está encarcelado en Picassent. En torno a ellos dos funcionaba una maquinaria tosca pero bien engrasada que permitía que un puñado de ONG instrumentales resultaran adjudicatarias de subvenciones que acababan en manos de las empresas expedidoras de facturas falsas, repartiendo estas a continuación el dinero a los miembros de la banda. Como resultado de las investigaciones hay por ahora 31 imputados, siendo labor de los magistrados decidir quiénes son culpables y en qué grado. Eso sí, aunque en su día se haga justicia, la sospecha y el desprestigio han alcanzado al conjunto del sector de la cooperación y han provocado su ruina, incluidas las organizaciones que siempre han actuado desde la honestidad y la eficacia.
En primavera de 2012, cuando la juez ordenó las detenciones de los implicados y los medios de comunicación destaparon el caso, sentí la imperiosa necesidad de estar presente en el procedimiento judicial. Mi mujer y yo somos los delegados en Valencia de Familias sin Fronteras por la Infancia, ONG que financia varios orfanatos y escuelas de Primaria en Puerto Príncipe, y siendo testigos de que estos centros funcionan con presupuestos anuales que rondan los 30.000 euros nos resulta fácil inferir la cantidad de niños desvalidos a los que se podría haber proporcionado cuidados y educación con los seis millones malversados. Para más inri, el Gobierno valenciano había aprobado la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010, y el proyecto se frustró al descubrirse que la correspondiente subvención, de cuatro millones, también fue adjudicada a la trama. Y así, empujado por el hecho de que uno de nuestros hijos es haitiano —en acogimiento permanente— y por el recuerdo de sus siete primeros años de vida en un orfanato con serios trastornos de salud por falta de asistencia sanitaria, decidí renunciar a otros proyectos y solicitar mi personación como acusador popular. La juez tuvo a bien admitirme y, desde entonces, comparto la defensa jurídica con el abogado Alberto Domingo para tratar de ayudar al esclarecimiento de la verdad.
Tras la asistencia a las comparecencias de imputados y testigos y tras el estudio de los casi 20.000 folios que componen el sumario he alcanzado un buen número de conclusiones, pero hay dos que entiendo tienen suficiente relevancia social como para trasladarlas aquí. En primer lugar, la constatación de que a pesar de la indignación generalizada por la corrupción política y de la especial aversión que causa este caso en particular, los dos fiscales cuentan con muy escasos apoyos para llevar adelante la investigación. Parece indudable que España necesita una regeneración en sus instituciones, sí, pero esta no solo debería exigirse a través de manifestaciones y protestas, sino que hay que ejercerla desde dentro del sistema. Considero necesaria la implicación en estos asuntos de agentes independientes, ya sean profesionales, periodistas, jubilados, parados o estudiantes, personas capaces y dispuestas a dedicar sus conocimientos y su tiempo en coadyuvar en las indagaciones, gente interesada no en posibles réditos políticos —de esto ya hay de sobra— sino en el establecimiento de la justicia.
En segundo lugar, y esto es lo más lamentable, compruebo que sería más apropiado cambiar la denominación caso Cooperación por otra mucho más amplia. Me explico. Una parte significativa del sumario contiene conversaciones telefónicas y correos electrónicos entre los implicados, una ingente cantidad de información de primera mano que permite adoptar el punto de vista de cada uno de los miembros de la trama. Es entonces cuando uno se sorprende por el ambiente de impunidad en el que se movían, comprendiendo que, en realidad, para ellos aquello era un trabajo como otro cualquiera. A diferencia de quien delinque de cualquier otra forma para lucrarse, ellos rodeaban sus actos de una pasmosa normalidad, hasta tal punto estaban habituados a robar. De hecho eran un grupo de malhechores que acompañaron a Blasco en todas las consellerias que dirigió (Urbanismo, Sanidad, Bienestar Social...), recibiendo sus sociedades cuantiosas adjudicaciones a dedo, y en el año 2008, cuando su benefactor fue nombrado conseller de Cooperación, fundaron una ONG para continuar captando sus subvenciones fraudulentas. Qué mas da que esos fondos estuvieran destinados al Tercer Mundo. Para ellos era dinero público como cualquier otro. No reparaban en que su conducta podía acarrear muertes; ¿o quizás sí? Antes estamos nosotros que los negratas, se decían. Corrobora la tesis anterior lo nerviosos que se muestran con los cambios en el Gobierno autónomo de 2011, ansiosos por conocer el siguiente destino de Blasco para “montar otro chiringuito”.
Así, de un caso de corrupción nauseabundo pero en apariencia aislado se descubre una actividad delictiva bien asentada que nadie había denunciado ni investigado hasta ahora, lo que da a pensar que los sistemas de detección son ineficientes y que la mancha de corrupción que cubre los distintos niveles de la Administración en España es más extensa y profunda de lo que parece. Esto conduce a la convicción de que gran parte de esta crisis económica proviene de la corrupción, mucho más de lo que nos quieren hacer creer los partidos mayoritarios. Los casos que están apareciendo —más de 300 políticos imputados por ahora— no son más que la punta del iceberg, por lo que los grandes partidos carecen de la más elemental autoridad moral para conducir la reconstrucción que necesita el Estado ni para exigir sacrificios a la sociedad.
Pero acaso lo más llamativo del asunto no sea la falta de honestidad y el descaro de un amplio sector de la clase política sino su necedad, que puede ser aún más dañina. Sus cortas o desviadas inteligencias les impiden comprender que, superado un umbral para cubrir las necesidades cotidianas y vivir con una cierta comodidad, el dinero tiene una sola utilidad: la tranquilidad que puede aportar en previsión de las diferentes contingencias que puede deparar la vida. Pero cuando los ahorros se han conseguido delinquiendo no se obtiene este efecto sino el contrario, ya que en realidad, por mucho que quieran aparentar, son incapaces de disfrutar del dinero robado ni de la vida misma por temor a ser descubiertos. Algo muy habitual en tramas delictivas, pues cuando uno cae arrastra al resto.
Como apuntó Plutarco en su biografía del general tebano Pelópidas, algunos son dueños de sus riquezas y otros, los necios, simples esclavos de las mismas.
Antonio Penadés es escritor y ejerce la acusación popular en el caso Cooperación del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.