‘Caso Faisán’: la ‘paz sucia’ de Zapatero

El Gobierno de Felipe González intentó hace más de 20 años acabar con ETA mediante la guerra sucia. Un ministro del Interior acabó en la cárcel por su relación con aquellos hechos. Aquel atajo, además de una inmoralidad, fue un error estratégico que lastró durante años la política antiterrorista. Al llegar al poder, Zapatero intentó el camino inverso: la paz sucia con ETA. En ese proceso se cometieron también ilegalidades, como el chivatazo del Bar Faisán, que pueden terminar a su vez con alguno de sus ministros en la cárcel por un delito de colaboración con banda armada, penalmente menos grave que el asesinato o el secuestro, pero política y moralmente tan repudiable como los anteriores.

Es necesario que la sociedad tome conciencia de la gravedad del denominado caso Faisán, el chivatazo que abortó una operación policial encaminada a desarticular el aparato de extorsión de esta banda terrorista. Nunca en tres décadas de lucha contra el terrorismo se había producido un hecho tan deleznable como un soplo a los terroristas. Es el hecho más ignominioso que puede cometer un Gobierno. Es una traición a los miles de policías que han dejado años de su vida -e incluso su vida- luchando contra ETA. Es un atentado a la dignidad de las víctimas que pagaron con su propia sangre la defensa de unos principios y unos valores democráticos. Es una puñalada a la dignidad de toda una sociedad.

Lo peor es que tres años después de ese chivatazo seguimos sin conocer la verdad, sin saber quién ni por qué avisó a unos terroristas de que iban a ser detenidos. El caso Faisán es un enigma envuelto en un misterio, porque en realidad no sabemos nada de lo que el Gobierno negoció y pactó con ETA durante aquel lamentable proceso de paz. Lo único que sabemos es que aquel proceso terminó con un estrepitoso fracaso a pesar de las esperanzas y las expectativas que transmitía el propio presidente del Gobierno hasta pocas horas antes de que los terroristas volvieran a atentar. Zapatero tiene una deuda pendiente con la sociedad española: explicar el por qué de aquel fracaso y reconocer su error por poner en marcha ese proceso de negociación.

Entonces se cruzaron muchas líneas rojas. Pero la que nunca debió traspasarse fue la de la legalidad. Con el chivatazo a ETA se cometieron no uno, sino varios delitos: revelación de secretos, obstrucción a la Justicia e incluso una posible colaboración con banda armada. La Audiencia Nacional lleva tres años investigando este caso y sería exigible un poco más de diligencia para poder resolverlo definitivamente. Es crucial para la credibilidad de nuestro Estado de Derecho que estos delitos no queden impunes. Hay que depurar las responsabilidades individuales para que no quede una mancha de sospecha sobre la actuación del Cuerpo Nacional de Policía.

Pero es imprescindible exigir también al Gobierno las pertinentes responsabilidades políticas. Ése es nuestro compromiso y nuestro deber como oposición y estamos dispuestos a hacerlo utilizando todos los instrumentos que nos conceden la Ley y la acción parlamentaria. Cualquier ministro del Interior con un mínimo de decencia democrática hubiera dimitido de inmediato por un caso así. Pero es evidente que al actual, el mismo que ocupaba el puesto cuando se produjo el chivatazo, le falta la grandeza política para asumir su propia responsabilidad y marcharse a su casa.

Las informaciones que vamos conociendo, muchas de ellas desveladas en este mismo periódico gracias al excelente trabajo de Fernando Lázaro, ponen en evidencia cada vez con mayor claridad que la responsabilidad política del ministro no es sólo pasiva, sino que él puede estar también involucrado en la trama política que ordenó el chivatazo. Por el momento, el anterior director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, figura como imputado en la causa. Es bueno recordar que es un dirigente socialista vasco que ocupaba un alto cargo en el Ministerio del Interior y no un policía. Los informes policiales dejan en evidencia el tráfico de llamadas entre los principales sospechosos de haber efectuado materialmente el chivatazo y este responsable político. Pero más allá de las evidencias, que sorprendentemente la Fiscalía -quizá aún enfangada en el barro del proceso- se niega a ver, está la convicción de que no existe en España un policía capaz de dar un soplo a los terroristas sino es por una orden política directa.

Es evidente que en el caso Faisán no puede haber otra motivación que no sea la estrictamente política. Se trataba de salvar el proceso de negociación del Gobierno con ETA como fuera, a cualquier precio, incluso a costa de traspasar los límites claros que marca la Ley. Parece que en las conversaciones entre ETA y el Gobierno, Faisán fue esgrimido por los representantes de Zapatero como un gesto extremo de buena voluntad por parte del Ejecutivo. De ser esto cierto, y el Gobierno debería aclararlo cuanto antes en el Parlamento, las responsabilidades políticas no se quedarían en el ministro del Interior sino que abarcarían al propio presidente del Gobierno.

En tres décadas de lucha contra el terrorismo se han transitado muchos caminos para intentar acabar con ETA. Un Gobierno socialista se adentró por el atajo de la guerra sucia escribiendo una de las páginas más deleznables de nuestra democracia. El Gobierno de Zapatero intentó durante la anterior legislatura el atajo de la paz sucia mediante un proceso de negociación política con los terroristas que traspasaba los límites de la Ley. Deberíamos haber aprendido ya que el único camino que conduce a la derrota de ETA es el de la firmeza democrática para no ceder nunca al chantaje del terror, el de la fortaleza y amparo en el Estado de Derecho para no traspasar nunca los límites de la Ley y el de la determinación de la sociedad española para alcanzar limpiamente la victoria de la paz y la libertad.

Ignacio Cosidó, diputado y portavoz de Interior del Partido Popular.