Castigar a los científicos fraudulentos

Desde hace semanas asistimos con estupor al caso del rector de universidad acusado de plagio. Muchas personas desde diferentes ámbitos han requerido una actitud firme de las autoridades pertinentes, pues en el mundo académico, plagiar es una modalidad de mala conducta científica. Pero, ¿en qué consiste?

El objetivo principal de cualquier investigación debe ser realizarla con la máxima calidad y publicar los resultados con la máxima exactitud. Sin embargo, algunos investigadores no lo hacen según las normas establecidas y comenten alguna de las formas de mala conducta científica más graves: el fraude, la duplicidad y el plagio. El fraude presenta dos modalidades: falsificar datos y fabricarlos. Se falsifica un dato si se modifica; la observación se ha producido, pero el investigador modifica (falsifica) el resultado. Se fabrica un dato si se inventa; la observación no se ha hecho, pero el investigador lo registra como si se hubiese realizado. Esto solo pretende hacer el artículo atractivo (por importante o novedoso) para que la revista acepte publicarlo. Y para lograrlo, hay quien llega a inventarse estudios completos que nunca hizo o altera los resultados obtenidos de forma que el científico publica los que quiere y no lo que muestran las observaciones. Estos comportamientos están siendo objeto de atención en biomedicina desde hace años.

Si se demuestra una mala conducta científica, los autores o la revista que publicó el artículo lo retractarán. Cada año se incorporan unos 900.000 artículos a Medline, la base de datos más grande (26 millones) de artículos de biomedicina y de ciencias de la vida. Fang mostró que el número de artículos retractados es minúsculo: algo más de 2.000 entre 1977 y 2011. El 64% de los artículos retractados se deben a fraude o sospecha de fraude; luego, en orden descendente, a la duplicación y al plagio. Todo esto, sin embargo, suele quedar confinado al mundo académico, que decide cómo abordar estos casos y qué decisiones tomar (vg, rescisión del contrato, multa, expulsión de la institución). La opinión pública solo tiene acceso a la información de casos muy puntuales. La auto-regulación de la comunidad científica ha imperado desde siempre, pero en este siglo la cosa está cambiando.

Pero, ¿por qué se producen casos de mala conducta científica? La carrera del científico tiene, entre otros, tres pasos clave: conseguir financiación para su investigación, llevarla a cabo y publicarla. La repetición de este proceso durante muchos años marcará su éxito. La competencia feroz es la regla. En el primer paso compite con otros investigadores que presentan sus proyectos a las mismas convocatorias. En el tercero, compite por publicar los resultados en las revistas de mayor impacto. Lograrlo supone obtener prestigio, lo que facilitará la obtención de financiación para futuros proyectos y el progreso en su carrera académica. La necesidad imperiosa de publicar es la causa de la mayoría de casos de mala conducta científica.

Stern y colaboradores calcularon que el coste medio por artículo retractado en biomedicina es de unos 350.000 euros, aunque pueden llegar a ser costes millonarios. En los EEUU, un investigador culpable de fraude puede acabar en prisión. Así ocurrió hace tiempo cuando Eric Poehlman, investigador en obesidad y envejecimiento, fue encarcelado durante un año. Pero también por fraude en estudios en animales: Dong-Pyou Han fue condenado recientemente a casi 5 años de cárcel por sus investigaciones en una vacuna contra el sida. En Europa, la situación es bien distinta. A Andrew Wakefield, que fraudulentamente relacionó la vacunación frente a sarampión-rubeola-parotiditis con el autismo -provocando un descenso notable en la tasa de vacunaciones en Reino Unido- se le retiró su licencia para ejercer la medicina en ese país, pero no se le condenó a prisión.

Los gobiernos dedican mucho dinero para financiar la investigación biomédica. Hay quienes entienden que como el fraude científico supone el desperdicio de dinero público, los investigadores sospechosos deben ser juzgados por la vía penal. Picket y Roche mostraron que una mayoría de norteamericanos entiende que el fraude científico es moralmente reprobable, debe ser considerado como delito y sancionado: el 55% es partidario de contemplar sentencias de prisión. Parece que la sociedad norteamericana considera que el fraude científico es cosa de todos -y no solo de las instituciones académicas-. Probablemente la sociedad española dista mucho de llegar a este punto. Sin embargo, sería deseable que las universidades respondieran adecuadamente a casos como el del rector, y no digamos a los casos de fraude que, en biomedicina, pueden llegar a tener consecuencias en la salud pública.

Rafael Dal-Ré es co-director del libro “Luces y sombras en la investigación clínica” (Triacastela, Madrid)

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