Catalanes, aprended del santo Job

El artículo de Joseba Arregi aparecido ayer en este rotativo contiene dos afirmaciones con las que creo que muchos de mis paisanos estarán de acuerdo. La primera es que el sistema de financiación autonómica, desde su implantación hace ya más de 30 años y a pesar de sus sucesivas reformas, ha tratado y trata de manera injusta a Catalunya. La segunda, expuesta de manera más sibilina, es que no es el concierto económico sino la peculiar manera de calcular el cupo a pagar por Euskadi la razón que imposibilita la extensión de esta fórmula a otras comunidades como, por ejemplo, la nuestra.

Nada más puestos en marcha la Constitución y el Estado de las autonomías que consagra se hizo evidente que el sistema diseñado para su financiación dejaba mucho que desear y condenaba a Catalunya a un drenaje de recursos que dificultaba la prestación de determinados servicios públicos, como la educación o la sanidad, a unos niveles similares a los del resto del Estado sin incurrir en un déficit sustancial. Si a ello se añade un trato discriminatorio en las inversiones en infraestructuras, no es de extrañar que la economía catalana y el nivel de vida de sus habitantes perdiera posiciones constantemente. Y, lo que es más grave, que se estrangulara su potencial de creación de riqueza así como el papel de locomotora de la economía española que tradicionalmente desempeñaba.

Pronto nos apercibimos del agravio y se oyeron unas primeras quejas. Las iniciales, formuladas con voz queda y tono amistoso al confiar en que todo había sido un error de cálculo y que se atendería a la solidez de nuestros argumentos. En vano. Sí que de vez en cuando se modificaba el coeficiente de participación en algunos de los impuestos, pero no transcurrían muchos días hasta que se evidenciaba que lo que se nos daba con una mano se nos retiraba con la otra. No es de extrañar que paulatinamente aumentasen los decibelios con que manifestábamos nuestras reclamaciones y se empezasen a oír vocablos más agrios. Pero quienes podían atenderlas hicieron oídos sordos. Encima, se empezó a tildarnos de insolidarios y egoístas cuando por la vía fiscal una parte no desdeñable de nuestro PIB se desviaba hacia otras latitudes. La situación fue haciéndose desesperante y la confianza en que por la vía del diálogo se podría reparar el entuerto inicial se erosionó. Hasta que las fuerzas políticas catalanas emprendieron la vía, ya más contundente, de la reforma del Estatut, que incluía unas disposiciones destinadas a reforzar las finanzas públicas y limitar el drenaje de recursos. No hace falta recordar las rocambolescas peripecias y el afeitado, en palabras de Alfonso Guerra, que precedieron a su aprobación final. Pero incluso así acontecimientos recientes demuestran que la interpretación que desde el Gobierno central se hace de sus disposiciones lo convierte de facto en papel mojado, cuando menos en lo relativo a la financiación. De tal manera que entre la población catalana crece el convencimiento que solo nos quedan dos cartuchos para corregir el agravio, que ya casi merece adjetivarse de histórico. El primero es reclamar un concierto económico similar al que tan bien protege a los presupuestos públicos de las economías vasca y navarra.

Arregi considera que esta pretensión no se puede conceder porque supondría la quiebra del sistema. Pero no tanto por el concierto, sino por la forma de cálculo del importe a pagar, el denominado cupo, al Gobierno central por los servicios que presta a las dos autonomías. Nada obligaría a que, en el caso del hipotético concierto catalán, el cupo fuera tan favorable a nuestros intereses, por lo que la imposibilidad que aduce no parece tan evidente.

Una parte importante de la población cree que si el primer cartucho fallase solo quedaría la independencia. Algunos, porque así se matarían dos pájaros de un tiro: se resolvería nuestra asfixia económica y a la vez se alcanzaría la eclosión de las ambiciones nacionalistas. Otros, quizá por la sola primera razón. A esos los denomina Arregi «nacionalistas de bolsillo». Y lo que pretende con su artículo es convencerles de que, en lugar de acudir a remedio tan drástico, emulen al bíblico Job, se carguen de paciencia y perseveren en su empeño predicando la justicia de sus reclamaciones, que él no niega. Si, como en el tango, 20 años no es nada, tampoco treinta y tantos es una enormidad, viene a decir.

Lo curioso del caso es que en Euskadi los nacionalistas de bolsillo, esta vez silentes, proliferan más que en Catalunya. Sabido es que tanto los votantes del PP como los del PSOE defienden con uñas y dientes el concierto económico y sobre todo el exiguo cupo que, gracias a causas que con metáfora arbórea explicó Arzalluz, han de pagar a Madrid. Y no lo hacen por su amor, perfectamente descriptible, al árbol de Gernika sino por su convicción de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. En cuanto a los catalanes, dice Arregi, han de comprender que, les guste o no, en esta tragicomedia les toca ser pacientes, o sea asumir el papel de Job, el santo Job.

Por Antoni Serra Ramoneda, economista.

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