Catalonios contra catalanes

Sobre Cataluña se ha escrito y hablado sin tasa en lo que va de siglo y de milenio, sobre todo desde que el presidente Rodríguez Zapatero impulsó un nuevo Estatuto con promesas que no podía cumplir. En este diálogo de sordos se ha utilizado generosamente el neolenguaje, orwelliano, para anestesiar la realidad y enmascarar el activismo agresivo. Así han surgido voquibles como «soberanismo» para diluir la carga explosiva del separatismo, conceptos como el «derecho a decidir» lo que sea, y una novísima concepción de la democracia, identificada con el acto de «votar», también lo que nos venga en gana según el humor del momento pero con fijación en un «referéndum», ese instrumento que paradójicamente tanto fascina a los déspotas. Con la mejor voluntad propongo el adjetivo «catalonios» para la minoría menguante de quienes deseen irse de España y reservar el de catalanes para los demás.

Es muy expresiva la metáfora de que el mundo sea un gran teatro, donde todos somos personajes. La puso en circulación Calderón de la Barca, que también nos descubrió la vida como un sueño. Pues bien, la función representada en el Parlamento catalán a lo largo del 6 de septiembre, espectáculo bochornoso desde su perspectiva histórica, no fue una tragedia o un drama, ni siquiera una comedia, sino una farsa, con actores deshumanizados conscientes de que sus gesticulaciones y sus monocordes discursos eran palabras en la arena. Valle-Inclán lo hubiera llamado «esperpento». Un referéndum idéntico había sido declarado contrario a la Constitución, un año antes, por el Tribunal Constitucional y la convocatoria para éste, firmada por el presidente de la Generalitat esa madrugada, sería suspendida horas después por el «intérprete supremo» de nuestra ley de leyes, ratificada en otro referéndum –éste sí, glorioso– por la mayoría abrumadora del pueblo español, con el 91% afirmativo de los votos de los catalanes.

Los acontecimientos se han sucedido con cierta precipitación. Una vez aprobada la «ley» del referéndum de autodeterminación, sin debate real y esa misma noche fue convocada tal consulta para el 1º de octubre. Veinticuatro horas después el TC suspendía su vigencia al admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación. En este peligroso sendero se echó a rodar a la mañana siguiente, alterando sobre la marcha el orden del día, otra «ley» de transitoriedad jurídica y fundacional para regular la vida «legal» de Cataluña tras el «sí» secesionista, producto de la fantasía, como punto final de la «desconexión» del resto de España. Esta actuación, aun cuando sea eslabón de una cadena, tiene una significación propia y trascendente. Sus autores, los 71 diputados que la votaron, pisan así terreno minado y cruzan la línea roja del Código Penal. Con un talante más burocrático que épico equivale al «¡Visca l’Estat Catalá!» dentro de la República Federal Española que Lluís Companys proclamó en 1934, pero sobrepasado. La votación final tuvo lugar en la madrugada, casi amanecido el viernes, así que en la mañana del primer día hábil la Abogacía del Estado presentó el recurso de inconstitucionalidad en nombre del Gobierno, así como contra el sedicente «código tributario». Veinticuatro horas después eran admitidos ambos a trámite por el Tribunal con el efecto automático de suspender la vigencia del primero y el art. 6º del otro.

La advertencia, clara amenaza, de que, si era suspendida esta segunda «ley» su gente, tras la Diada, saldría a las calles, es muy significativa y dice más de lo que enuncia. La última bala en el cargador de los grupos antisistema que carecen del necesario respaldo electoral del pueblo –populus– ha consistido siempre en apelar a la plebe –plebs– en manifestaciones y algaradas con el rostro oculto por el pasamontañas, destrozando a su paso el mobiliario urbano, los escaparates de las tiendas, los cajeros automáticos de los bancos y cuanto encuentran en su camino, en lucha violenta con las fuerzas policiales antidisturbios. El alzamiento tumultuario trata siempre de provocar víctimas entre quienes componen la masa o los espectadores, buscando «mártires» de la «represión». Buscan un muerto o mejor varios, fuere quien fuere, alguien que pasaba por allí, usted o yo, al que luego en sus protestas, siempre violentas in crescendo, revestirán de características y propósitos a su gusto. A tales esbirros vociferantes y malencarados se les coloca el rótulo de «mayoría social». No la que vota y vence en las urnas. Ésa está en el trabajo o en el hogar.

Barcelona tiene mucha experiencia en este aspecto. Hubo un tiempo en que exportaba al resto de España los sicarios que acabaron con la vida de Cánovas, Canalejas y Dato. En la misma Cataluña, los pistoleros andaban a tiros por las calles, dando pretexto para el «golpe de Estado» primorriverista de 1923 animado por la «Lliga». Poco tiempo ha transcurrido desde el brutal acoso a los diputados del Parlament. No es la tierra seráfica que nos describen quienes ahora pretenden dinamitar la Constitución, como ya Cervantes dejó testimonio. Para los fanáticos de cualquier causa todo vale. Uno de ellos, a cara descubierta, ante las cámaras de la Televisión autónoma el trágico 17 de agosto, afirmó sin empacho que «si Cataluña fuera independiente, esto no hubiera sucedido». Repasad los archivos. La estupidez, la cerrazón mental, pone a veces el vello como escarpias. Saben, eso sí, que ahora o nunca y, por ello, no les detendrá ninguna aberración. Por otra parte, la única salida que ven «airosa» los insurgentes en su desvarío consiste, como de costumbre, en imputar el fracaso a la «represión» del Estado. Para conseguirla no cesarán en las provocaciones aumentando su intensidad hasta colocar un cadáver, al menos, en el asfalto. Deseo fervientemente que mi profecía sea una goyesca pesadilla de la razón.

Rafael de Mendizábal Allende es magistrado emérito del Tribunal Constitucional.

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